17 años de programa. 12 mil becas entregadas. Más de 2 millones de datos analizados. Y el resultado que nadie quería ver: 1 de cada 7 becarios no cumplió con lo que prometió al Estado de Chile. La ministra Lincolao lo encargó el primer día de gobierno, lo encontró, lo transparentó y ahora trabaja con la PDI para cobrarlo. El Estado por fin abrió la caja de Pandora de Becas Chile.
Hay un programa que durante 17 años fue el sueño más aspiracional de la política educacional chilena. Becas Chile. La promesa de financiarle los estudios de posgrado en el extranjero a los mejores talentos del país, para que volvieran a Chile con ese conocimiento y lo pusieran al servicio de la sociedad que los formó.
Desde 2008 hasta 2025, el Estado entregó 12 mil becas. Invirtió cientos de miles de millones de pesos. Y confió en que quienes recibieran ese financiamiento cumplirían con el compromiso básico que toda beca de este tipo implica: volver al país.
El 8 de junio, la ministra de Ciencia Ximena Lincolao abrió los resultados de la auditoría que encargó el primer día de su gestión. Y lo que encontró adentro tiene nombre, apellido, cantidad y dirección.
Los números que Chile necesita conocer
La auditoría realizada arrojó que los beneficiarios que no cumplieron con las obligaciones legales pactadas suman una deuda acumulada que alcanza los $100.000 millones de pesos en perjuicio del Estado.
Cerca de 1.800 becarios no cumplieron con las obligaciones establecidas al recibir financiamiento estatal para estudios en el extranjero.
Para dimensionar: 1.800 personas de un universo de 12.000 equivale al 15% del total de becarios. Uno de cada siete. Y entre ellos, la deuda acumulada asciende a $100 mil millones.
El ministro Quiroz ya había adelantado la magnitud del problema con cifras en dólares: entre un 20% y un 30% de beneficiarios no cumplió con sus obligaciones y «le debe al país más de US$100 millones, o una cifra más cercana a US$150 millones, que les vamos a cobrar.»
El incumplimiento más grave: el 70% no acreditó su retorno
De los $100 mil millones en deuda, hay un tipo de incumplimiento que concentra la mayor parte del problema.
El 70% de la deuda total está asociado a beneficiarios que no acreditaron su retorno al país, requisito obligatorio del programa Becas Chile una vez finalizados los estudios.
El requisito de retorno no es letra chica ni una condición ambigua. Es la condición central que justifica la existencia del programa. El Estado no financia estudios en el extranjero como gesto altruista hacia individuos talentosos. Los financia bajo una lógica de inversión colectiva: el becario se forma afuera y vuelve a Chile a poner ese conocimiento al servicio del país que lo formó.
Quien no regresa rompe ese pacto. Se lleva el beneficio colectivo y no devuelve nada. No es solo un incumplimiento contractual. Es una traición al principio que hace que el programa tenga sentido.
La auditoría que nadie había hecho: Lincolao encargó el día uno
La auditoría fue solicitada por la ministra Ximena Lincolao al asumir la cartera el 11 de marzo, con el objetivo de «evaluar su funcionamiento, fortalecer sus mecanismos de control y asegurar el cumplimiento de los compromisos asociados al financiamiento estatal.»
La pregunta que surge sola es inevitable: ¿cómo es posible que una deuda de $100 mil millones acumulada durante 17 años de programa no haya sido detectada y cobrada antes?
La respuesta es incómoda. No fue que nadie pudiera detectarla. Es que nadie la buscó con la profundidad que requería. Los gobiernos anteriores administraron el programa, entregaron las becas y asumieron que los compromisos se cumplirían. La fiscalización activa del retorno y el cobro a quienes incumplieron no fue una prioridad. Y así se acumuló, año tras año.
Los resultados surgen pocos días después de que la ministra Lincolao explicara ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados la decisión de suspender las convocatorias 2026 para programas de magíster y posdoctorado en el extranjero. La suspensión fue criticada por parlamentarios de oposición. Pero tenía una justificación que ahora se hace evidente: la ministra no iba a seguir entregando becas bajo un sistema que tenía un 15% de incumplimiento sin que nadie los cobrara.
La PDI entra al caso: judicialización de los incumplimientos más graves
El gobierno no se conformó con identificar la deuda. Está actuando para recuperarla.
«Paralelamente avanza el proceso de judicialización de los casos que correspondan. Estamos trabajando con la PDI para tener datos reales de dónde están las personas en aquellos casos en que no hemos podido tener contacto con ellos», señaló Lincolao.
El trabajo con la PDI es relevante porque apunta directamente al grupo más difícil de cobrar: los becarios que simplemente desaparecieron. Que no respondieron correos, no atendieron llamados, no actualizaron sus datos de contacto y cuyo paradero en Chile o el extranjero es desconocido.
Para esos casos, el Ministerio necesita inteligencia policial. Y la está usando.
Lo que viene: el informe completo y el plan de cobro
El informe final de la auditoría será difundido próximamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Ciencia, permitiendo conocer en detalle las conclusiones y eventuales medidas que se adoptarán tras los hallazgos.
La ministra Lincolao se comprometió ante los parlamentarios a evacuar los resultados definitivos en un plazo inferior a dos semanas para su correspondiente presentación presencial.
El gobierno ya trabaja en un plan de cobro estructurado que combina tres vías: contacto directo con los becarios que tienen datos actualizados, trabajo con la PDI para ubicar a los que desaparecieron y judicialización de los casos de mayor monto o mayor resistencia al cobro.
$100 mil millones. 1.800 personas. Diecisiete años de programa. Y el Estado que por primera vez decide ir a buscar lo que le deben.
