Este miércoles 22 de julio, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que puede sonar técnico pero que tiene una implicancia cotidiana muy concreta: cuando un carabinero, un funcionario de la PDI o un militar está libre de servicio — en su día franco, comprando en el supermercado, almorzando con su familia o yendo a buscar a sus hijos al colegio — y decide intervenir ante un delito que está ocurriendo frente a sus ojos, la ley lo dejará en el mismo pie jurídico que si estuviera en su turno de trabajo.
Primero lo primero: ¿qué significa estar «de franco»?
En términos simples, un carabinero «de franco» es uno que no está de turno. No está patrullando. No está en funciones oficiales. Está viviendo su vida como cualquier ciudadano. Pero a diferencia del ciudadano común, el carabinero está entrenado para intervenir en situaciones de peligro — y lleva consigo su arma de servicio en todo momento, incluso cuando no está trabajando.
El problema que esta ley busca resolver es el siguiente: hoy, si ese carabinero interviene en un robo, una agresión o un secuestro mientras está de franco y usa su arma para proteger a una víctima, su situación jurídica es distinta a la de cuando está en servicio. La Ley Naín-Retamal estableció una presunción de legítima defensa para los funcionarios que actúan en el ejercicio de sus funciones. Pero esa protección no se extiende automáticamente al carabinero que está de franco.
El resultado práctico es que un funcionario policial que salva la vida de un ciudadano en su día libre puede quedar expuesto a una investigación penal, a tener que probar que actuó correctamente, y a un proceso judicial largo y costoso. Esa incertidumbre puede —y según los expertos en muchos casos lo hace— hacerlo dudar antes de actuar.
Qué hace esta ley — y qué no hace
El proyecto «modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco».
En palabras simples: cuando un carabinero de franco interviene para proteger a alguien, la ley presumirá que actuó dentro del marco legal — exactamente igual que si estuviera en su turno. No tendrá que probar su inocencia desde cero. La carga de la prueba opera al revés: si alguien quiere demostrar que el funcionario actuó mal, deberá aportar pruebas de eso.
Lo que la ley NO hace es igualmente importante explicarlo. No crea impunidad. No le da a ningún policía una licencia para disparar sin consecuencias. Un fiscal puede levantar la presunción de legítima defensa en cualquier momento si tiene evidencia de que el funcionario actuó fuera de la ley. No se elimina el control judicial, se ajusta el punto de partida de la investigación. Es exactamente la misma lógica de la Ley Naín-Retamal, aplicada ahora al tiempo libre del funcionario.
El ministro Arrau lo explicó con una imagen que todos podemos entender
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lo puso en términos que no dejan lugar a dudas: «Cuando un carabinero o un funcionario policial, o de Gendarmería, de franco actúa, tiene pocos segundos para reaccionar y si está dudando si el espíritu de una ley o si la discusión de una ley lo va a apoyar o no lo va a apoyar, esa duda puede costarle la vida a él o puede dejar sin protección a quien necesitaba ser protegido».
La imagen es clara. Un carabinero que en su día libre ve cómo le roban el bolso a una anciana en la calle tiene dos opciones: intervenir con la certeza de que la ley lo respalda, o no intervenir para evitar complicaciones legales. Hoy, ese funcionario no tiene esa certeza. Esta ley se la da.
Arrau agregó que el gobierno está comprometido con mejorar las condiciones de los policías en múltiples frentes: «Vamos a ingresar prontamente un proyecto de remuneraciones, estipendios por urgencia, por riesgo, cámaras corporales, en fin, una serie de cosas, pero las condiciones jurídicas es donde estamos al debe y tenemos que dar más certeza».
El diputado socialista que dijo que hay que avanzar
Uno de los argumentos más usados por la oposición contra la agenda de seguridad del gobierno de Kast es que responde a intereses ideológicos de la derecha. Ese argumento resulta difícil de sostener cuando un diputado del Partido Socialista sale a pedir que el proyecto avance. El diputado socialista Leiva afirmó antes de la votación que «esta propuesta legislativa tiene que avanzar, hay que reforzar a Carabineros».
No hay espacio para la ambigüedad en esa frase. Un representante de la izquierda chilena dice, en términos directos, que los carabineros necesitan respaldo jurídico. Ese respaldo es exactamente lo que este proyecto entrega.
Francia lo aprobó hace dos semanas
Chile no está solo en esta discusión. El 8 de julio de 2026, el Parlamento francés aprobó una ley que establece que cuando policías y gendarmes utilicen sus armas de fuego, se presumirá que actuaron conforme al marco legal, salvo que existan pruebas de lo contrario. La ley obtuvo 313 votos a favor y 199 en contra, con respaldo del gobierno, el bloque presidencial, y la derecha.
El gobierno francés fue explícito sobre el propósito de la ley: «No concede inmunidad penal a policías y gendarmes, sino que evita que sean considerados automáticamente sospechosos tras una intervención».
Es el mismo argumento que el gobierno de Kast lleva meses construyendo en Chile. Si la presunción de legítima defensa para policías es una «licencia para matar» en Chile según la izquierda local, ¿qué tienen que decir sobre que la Francia de hoy, con un gobierno que no es de derecha, haya aprobado exactamente lo mismo?
El contexto que lo explica todo: la semana de Cabo Cosme
Este proyecto avanza en la semana en que Chile enterró al cabo primero Marcos Cosme, asesinado por «El Rana» con una bala en el rostro mientras cumplía sus funciones. La muerte de Cosme recordó lo que ya había recordado el asesinato de Eugenio Naín en 2020: ser carabinero en Chile puede costar la vida, y el Estado tiene la obligación de darles a esos funcionarios todas las herramientas jurídicas y materiales para protegerse y proteger a los ciudadanos.
La ley de legítima defensa para policías de franco no habría cambiado el destino de Cosme — él estaba en servicio cuando murió. Pero sí cambia el escenario para el próximo carabinero de franco que deba decidir, en segundos, si actúa o no actúa. Y esa decisión nos afecta a todos.
