Daniel Palma. Rita Olivares. Álex Salazar. Eugenio Naín. Carlos Retamal. Cinco nombres que dan vida a una ley que protege a los policías que arriesgan su vida para proteger la de todos nosotros. Hoy el PC quiere derogar el corazón de esa ley. Y el Presidente Kast les responde. La diputada Javiera Rodríguez también. El país debe saber lo que está en juego.
Hay una coincidencia que dice todo sobre la brújula moral del Partido Comunista chileno. Esta semana, mientras nos enteramos que la Macrozona Sur lleva casi tres semanas sin un solo atentado, mientras 7 integrantes de la CAM estaban condenados y 3 comuneros extorsionadores en prisión preventiva, mientras Carabineros operaba con una coordinación y efectividad sin precedentes en el territorio más conflictivo del país, el PC presentó un proyecto de ley para quitarle a esos mismos Carabineros una de sus herramientas legales más importantes.
No es casualidad. Es ideología. Y hay que llamarla por su nombre.
Qué es la Ley Naín-Retamal y por qué la izquierda la odia
La Ley N°21.560 fue promulgada en abril de 2023. Lleva los apellidos de dos carabineros asesinados en el ejercicio de sus funciones: el cabo Eugenio Naín y el sargento Carlos Retamal. Junto a ellos, la ley honra también la memoria de los funcionarios Daniel Palma, Rita Olivares y Álex Salazar, todos caídos en actos de servicio.
La Ley N°21.560 fue promulgada para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.
Su disposición más importante, y la que el PC quiere derogar, es la que establece una presunción legal especial de legítima defensa para los funcionarios de orden público. En términos simples, cuando un Carabinero usa su arma reglamentaria para proteger su vida, la vida de un compañero o la vida de un civil, la ley establece que actuó en legítima defensa salvo que se pruebe lo contrario. No hay culpabilidad automática. No se deja al uniformado expuesto a la persecución penal por hacer su trabajo.
Eso es lo que el PC quiere eliminar.
El proyecto: quiénes lo firmaron y qué proponen
Las diputadas y diputados del Partido Comunista Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo y Carmen Hertz ingresaron un proyecto de ley que busca derogar las modificaciones introducidas por la Ley N°21.560 al artículo 10 del Código Penal, las que establecen la presunción legal especial de legítima defensa en favor de funcionarios encargados del orden público.
La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen esta presunción de legítima defensa. También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.
El efecto práctico es concreto: si el proyecto prosperara, un Carabinero que usa su arma en un procedimiento enfrentaría automáticamente la misma presunción que cualquier ciudadano. Tendría que probar, en cada caso, que actuó en legítima defensa. Sin el resguardo legal que hoy tiene. Con el riesgo de enfrentar una acusación penal cada vez que dispara.
El timing del proyecto no es inocente. La propuesta se presenta en un contexto que los propios parlamentarios califican como de «fuerte represión a manifestantes», en directa alusión a las marchas de la Confech donde Carabineros usó carros lanzaguas.
Dicho de otra manera: el PC presenta este proyecto porque Carabineros contuvo marchas que terminaron con 35 detenidos y 3 personas con bombas Molotov. Y su respuesta política es quitarle las garantías legales a la policía que lo hizo.
El argumento que el PC usa para justificarlo
Las diputadas comunistas tienen su relato y lo defienden con pasión. Lorena Pizarro, la misma que semanas atrás llamaba a «organizarse y movilizarse» en las calles, fue la principal vocera del proyecto.
La diputada Nathalie Castillo argumentó que el proyecto busca «derogar algo que consideramos que ha sido un tremendo error jurídico que ha producido un daño incalculable en nuestro país al respeto y cuidado de los DD.HH.»
Castillo añadió que la iniciativa es urgente porque «en la reciente movilización de la Confech tuvimos números inciertos respecto de manifestantes con lesiones graves gravísimas. Hoy tenemos una norma que raya en la impunidad.»
La «norma que raya en la impunidad» a la que se refiere Castillo es la misma que protege a los policías que enfrentaron a manifestantes que lanzaban bombas Molotov. Los mismos 3 detenidos con Molotov que el propio gobierno documentó. Los mismos encapuchados que arrancaron las rejas del Congreso en Valparaíso el día de la Cuenta Pública.
Para el PC, quien protege su vida en esas circunstancias «raya en la impunidad.»
La respuesta que Chile necesita: Javiera Rodríguez lo dice sin filtros
La diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, fue una de las voces más directas en defender la Ley Naín-Retamal y rechazar el proyecto del PC. Su postura refleja lo que miles de chilenos piensan pero muchos no se atreven a decir con esa claridad.
Rodríguez fue categórica: «no puede haber ningún retroceso en el apoyo a las policías. Carabineros y la PDI son el escudo que separa a las familias chilenas del crimen organizado, del narcotráfico y de la violencia callejera. Quitarles garantías legales no es «corregir un error jurídico». Es debilitarlos deliberadamente. Es dejarlos expuestos a la persecución penal por hacer el trabajo que Chile les exige hacer.»
Y detrás de ese debilitamiento hay una lógica que la diputada no duda en nombrar: el PC no quiere policías fuertes porque los policías fuertes contienen el caos que el PC necesita para instalar sus ideas. No con propuestas. Con odio. Con destrucción. Con el tipo de presión callejera que solo funciona cuando el Estado está paralizado por el miedo a actuar.
Kast no tardó ni una hora en responder
El Presidente José Antonio Kast reaccionó hoy mismo con una claridad que no admite ambigüedades.
«Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para cumplir con su labor», escribió el mandatario en X.
No fue un tuit genérico. Fue una respuesta directa al PC, en tiempo real, el mismo día que presentaron el proyecto. El gobierno de Kast no va a dejar pasar este movimiento. No va a «estudiar» el proyecto con neutralidad. Va a oponerse. Con toda la fuerza.
Lo que hay detrás: el caso Crespo como excusa
El PC tiene un argumento de contexto para justificar el timing del proyecto. En enero de 2026, el Tribunal absolvió al carabinero Claudio Crespo, acusado de haber disparado el chorro de agua que cegó a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.
La absolución generó indignación en sectores de la izquierda. Y la izquierda usó esa indignación para relanzar su ofensiva contra la Ley Naín-Retamal.
Pero hay dos problemas con ese argumento. Primero: el caso Crespo no tiene relación directa con la Ley Naín-Retamal, promulgada en 2023, cuatro años después de los hechos del estallido. Segundo: usar la absolución de un caso específico para debilitar la protección legal de todos los Carabineros de Chile es exactamente el tipo de lógica que produce policías paralizados. Policías que prefieren no actuar antes de arriesgarse a ser procesados. Policías que miran para el otro lado cuando los encapuchados queman buses.
Y eso, que la izquierda llama «corrección de un error jurídico», en la vida real se llama impunidad para la delincuencia.
Por qué Chile no puede permitir ningún retroceso
Esta semana, la Macrozona Sur lleva 19 días sin atentados. Hay 7 integrantes de la CAM condenados. Hay 3 comuneros extorsionadores en prisión preventiva. Los homicidios bajaron de 444 a 378 en el mismo período del año anterior. Carabineros está actuando con una efectividad que no se veía hace años.
Todo eso es posible porque los uniformados saben que cuando actúan dentro de la ley, la ley los protege. La Ley Naín-Retamal no es un cheque en blanco para el abuso policial. Es una garantía de que el Carabinero que enfrenta a un encapuchado con Molotov no quedará solo ante los tribunales si usa su arma reglamentaria.
Quitarle esa garantía no hará a Chile más justo. Hará a Chile más peligroso. Porque cuando la policía tiene miedo de actuar, quienes no tienen miedo de actuar son los criminales.
El PC lo sabe. Y lo hace igual.
