Este miércoles 1 de julio el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del gobierno del Presidente José Antonio Kast sesionó por cuarta vez en el marco de la Inspección Total al Estado, la revisión más exhaustiva del uso de recursos públicos que se haya realizado en la historia reciente de Chile. El resultado fue el más contundente hasta ahora: $1,4 billones de pesos en transferencias a entidades colaboradoras que no acreditan su rendición, cuatro nuevos ministerios sometidos a investigación y un patrón de compras sin licitación que supera en un 17% los niveles registrados durante la pandemia.
Lo que se revisó y cómo se hizo
La Inspección Total al Estado es una iniciativa sin precedentes en términos de escala. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) analizó más de 913 millones de registros administrativos y financieros provenientes de más de 500 servicios públicos, correspondientes al período 2022-2026. El trabajo involucró a más de mil auditores internos del Estado operando en tiempo récord, con la participación del excontralor Ramiro Mendoza y la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres como refuerzo técnico del proceso.
La subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité, Constanza Castillo, fue cuidadosa en las palabras pero firme en el diagnóstico: «Existen distintos tipos de hallazgos: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal».
$1,4 billones sin rendición acreditada
El hallazgo central de la cuarta sesión apunta directamente al sistema de transferencias del Estado a entidades colaboradoras. Durante el período auditado se transfirieron recursos a organizaciones que, al momento del informe, no acreditan haber rendido cuentas de esos fondos. El monto no rendido supera los $1,4 billones de pesos de todos los chilenos.
Los servicios con mayor proporción de fondos sin rendición son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
177 fundaciones nuevas, 79 sin ningún registro
Un capítulo especialmente grave del informe es el de las fundaciones creadas durante el período de Boric. Entre 2022 y 2026 se crearon 177 nuevas fundaciones que recibieron más de $11.000 millones de pesos del Estado sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones — cerca del 60% — no cuentan con rendición acreditada. Y de las 177 fundaciones, 79 no tienen ningún registro de rendición. Ninguno.
El patrón replica a escala menor lo que ya se conocía del caso Democracia Viva, la fundación que recibió fondos del Minvu sin contraprestación verificable, que estalló como escándalo en el primer año del gobierno de Boric. La diferencia es que la Inspección Total al Estado revela que ese caso no fue una excepción.
Compras sin licitación: peor que en la pandemia
El tercer hallazgo relevante de la sesión apunta a las compras por trato directo. El análisis identificó servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública. Los principales son el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Pero el dato más revelador es el de tendencia: el uso de causales para justificar compras por trato directo — especialmente la de «proveedor único» — aumentó en un 17% respecto a lo registrado durante la pandemia del Covid-19. Es decir, el gobierno de Boric usó la compra directa más que cuando había una emergencia sanitaria que la justificaba.
Cuatro nuevos ministerios bajo investigación
En base a estos hallazgos, el Comité instruyó abrir investigaciones específicas en cuatro nuevos ministerios: Deporte, Energía, Agricultura y Salud, «tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades», según el documento de la Segpres.
Se suman así a los cuatro organismos ya bajo investigación desde la tercera sesión del 25 de mayo: JUNAEB, por posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar con pagos por servicios no realizados y sobreprecios; el Ministerio de la Mujer, específicamente SernamEG y Fundación Prodemu, por uso ineficiente de recursos; el Ministerio de Transportes, por graves problemas de control financiero y no cobro de multas; y la ANID, por altos niveles de rendiciones rechazadas.
El mapa acumulado de lo que la auditoría ha revelado
La cuarta sesión de hoy se inscribe en un proceso que lleva cuatro meses desenredando las finanzas del gobierno anterior. El balance acumulado de la Inspección Total al Estado es el siguiente:
En la segunda sesión de abril, se detectaron transferencias por USD 140 millones a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los fondos, más de 2.500 contrataciones a plantas en los últimos meses del gobierno de Boric y más de mil contratos con compromisos de largo plazo firmados en el período final de esa administración.
En la tercera sesión de mayo, el riesgo fiscal total detectado alcanzó USD 9.200 millones. El hallazgo más grave fue la deuda traspasada: USD 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, equivalente a casi un 1% del PIB y el nivel más alto registrado en traspasos presidenciales desde que existe medición. Esa cifra casi triplicó lo traspasado entre Bachelet y Piñera, y prácticamente duplicó lo que pasó entre Piñera y el propio Boric.
Y hoy, la cuarta sesión agrega $1,4 billones sin rendición, 79 fundaciones sin ningún registro y compras directas que superan los niveles de la pandemia.
Donde existan responsabilidades penales, los antecedentes serán derivados a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
