El 15 de julio, en plena sesión maratónica del Senado que terminó despachando la megarreforma a las 02:39 de la madrugada, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz presentó una nueva indicación al único artículo que todavía estaba en disputa: la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.
La propuesta era generosa por donde se la mirara. El Estado se comprometía a cubrir la totalidad de lo que los municipios dejarían de recaudar — no solo la parte que va al Fondo Común Municipal sino también los ingresos propios de cada comuna. Aproximadamente US$200 millones anuales que la Tesorería General de la República transferiría a cada municipalidad para que sus finanzas quedaran, en palabras de Quiroz, «absolutamente intactas».
Los alcaldes de izquierda dijeron que no.
Las dos condiciones que los alcaldes de izquierda no quieren aceptar
La compensación venía con condiciones. Dos, específicamente, para acceder a los US$80 millones de compensación de ingresos propios y los US$110 millones del FCM.
La primera condición es de transparencia. Cada municipio que quiera recibir la compensación deberá informar a la Dirección de Presupuestos la totalidad de su planilla de trabajadores — incluidos los funcionarios contratados y quienes presten servicios a honorarios. El cumplimiento será fiscalizable por la Contraloría General de la República.
La segunda condición es de eficiencia. Los municipios deberán comprometerse a reducir en al menos un 30% los tiempos promedio de tramitación de permisos municipales, comparados con el período 2023-2025. Quiroz precisó que el esfuerzo será proporcional — es decir, las municipalidades con peor desempeño actual tendrán más margen para mejorar.
Dos condiciones razonables, dijeron desde el gobierno. Una municipalidad bien administrada no tendría ningún problema en cumplirlas.
¿Qué tienen que esconder en sus planillas?
Esa es precisamente la pregunta que el episodio instala con fuerza en el debate político. La resistencia de los alcaldes de izquierda a revelar la totalidad de sus planillas de trabajadores — incluyendo los contratos a honorarios — tiene una lectura que los propios municipios no han podido rebatir con argumentos técnicos.
El contexto no es menor. La Contraloría General de la República documentó este año que los municipios chilenos experimentaron durante el período 2022-2025 un explosivo crecimiento de sus dotaciones de personal, en especial a través de contratos a honorarios, el mecanismo más opaco y menos fiscalizable del empleo municipal. Los honorarios no aparecen en las plantas, no tienen concurso público, no tienen la visibilidad de los funcionarios de carrera. Son, en la práctica, el instrumento favorito para incorporar colaboradores, militantes y allegados políticos a la nómina del municipio con cargo a fondos públicos.
Revelar esa planilla completa — con nombres, cargos y montos — implica exponer exactamente eso. Y los alcaldes de izquierda que están rechazando la condición de transparencia son los mismos que durante años han acusado al mundo privado de falta de transparencia en sus procesos de contratación.
La condición de los permisos: un municipio que tarda también es un municipio que frena
La segunda condición tampoco generó entusiasmo entre los alcaldes opositores. Reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos municipales puede sonar a exigencia administrativa menor — pero para los chilenos que llevan meses o años esperando permisos de edificación, autorizaciones de funcionamiento o recepciones de obras, no lo es.
Los permisos municipales son uno de los cuellos de botella más documentados del sistema de construcción e inversión en Chile. Un permiso que tarda dos años en tramitarse frente a uno que demora seis meses no solo significa frustración para el solicitante: significa menos inversión, menos construcción, menos empleos y menos ingresos para el propio municipio. El sector de la construcción ha identificado los plazos municipales como uno de los factores que más encarece la vivienda en Chile.
El gobierno de Kast, que lleva meses destrabando proyectos de inversión en el SEA y en el Comité de Ministros, está siendo consistente al incluir esta condición en el acuerdo con las municipalidades. Quien quiera compensación total debe comprometerse a ser más eficiente. Los alcaldes de izquierda que rechazan eso están, en los hechos, defendiendo la lentitud municipal como si fuera un derecho adquirido.
«Si prefieren que no se compensen, no se compensan. Se acabó»
La respuesta de Quiroz fue la que generó el escándalo político del episodio. Ante los reparos de los alcaldes, el ministro fue lapidario: «Muy sencillo, aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no se compensen, no se compensan, y se acabó».
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, tomó la frase como munición: «Quiroz les habla a los alcaldes como un patrón, no como un ministro. ‘Se acabó’, dice, sin diálogo, sin réplica. Le da lo mismo si esos recursos se reponen o no, con tal de tramitar rápido su reforma». La respuesta tiene retórica de sobra. Lo que no tiene es un argumento concreto de por qué revelar las planillas de honorarios o reducir los tiempos de permisos sería perjudicial para los ciudadanos.
En paralelo, los alcaldes de izquierda levantaron otro argumento: que la exención de contribuciones para mayores de 65 años es «regresiva» porque beneficia a ricos y pobres por igual. El alcalde Vodanovic de Maipú y la alcaldesa Javiera Reyes de Lo Espejo encabezaron esa crítica. Quiroz los dejó sin margen: «Fue un planteamiento de campaña del Presidente Kast. Es un principio al cual hemos adherido».
El artículo sigue pendiente en el Senado
El resultado del episodio es que el artículo sobre la compensación municipal sigue sin resolverse en el Senado — la falta de votos obligó a postergarlo hasta el 4 de agosto. El gobierno necesita que la Sala vote la fórmula de la comisión mixta que ya aprobó la Cámara. La pregunta que queda para esa fecha es si los alcaldes de izquierda estarán dispuestos a mostrar sus planillas completas a cambio de recibir la compensación que reclaman.
