Este lunes 27 de julio, en el baño de la Escuela Básica Islas de Chile de la comuna de La Granja, una niña de 7 años fue apuñalada por una compañera de 13 años. La víctima, de nacionalidad dominicana y cursante de segundo básico, recibió nueve heridas con un arma cortopunzante. Nueve. Fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado de San Ramón, donde los médicos confirmaron que se encontraba fuera de riesgo vital. La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación bajo la figura de homicidio frustrado.
La madre de la niña llegó al colegio exigiendo respuestas. Lo que relató a los medios describe con una precisión dolorosa el problema de fondo: «Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita, que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que solo tenía una cortadita; luego me dijeron que a la niña la llevaron al Padre Hurtado. Cuando fui, me dicen que la niña tenía 9 estocadas, 9 puñaladas profundas».
Una «cortadita». Para describir nueve puñaladas a una niña de 7 años.
La paradoja legal más brutal del sistema
La presunta agresora tiene 13 años. Ese número no es solo un dato biográfico, es una barrera legal infranqueable. La adolescente, por su edad, es penalmente inimputable. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente chileno comienza a los 14 años. Por debajo de esa edad, ningún tribunal penal — ni de adultos ni juvenil — puede procesar a un menor. La adolescente que metió un cuchillo nueve veces en el cuerpo de una niña de siete años no enfrentará ningún tipo de consecuencia penal bajo la legislación vigente.
No es una laguna legal. Es el diseño actual del sistema. Y el gobierno de Kast lleva meses intentando cambiarlo.
El 7 de julio, el Senado aprobó en general la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con 37 votos a favor y 3 en contra. Uno de los ejes centrales del proyecto es exactamente este: bajar la edad de responsabilidad penal adolescente de 14 a 13 años. Si esa reforma hubiera estado vigente hoy, la agresora de este lunes podría al menos ser procesada por el sistema de justicia juvenil. La reforma no es ley todavía — está en tramitación en la Comisión de Constitución del Senado, con plazo de indicaciones hasta el 17 de julio pasado. Los tres votos que votaron en contra fueron del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Lo que el TC le quitó al gobierno para prevenir esto
El cuchillo que hoy llegó hasta el baño de la Escuela Islas de Chile entró por algún punto del establecimiento. No llegó solo. Alguien lo llevó. Y el sistema escolar no lo detectó, ni podía detectarlo bajo el marco legal actual.
El 23 de junio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional uno de los artículos más relevantes del proyecto Escuelas Protegidas: la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes sin necesidad de orden del fiscal. El argumento del TC fue que la norma vulneraba la dignidad y los derechos del estudiante revisado. Lo que el TC no ponderó con suficiente peso es la dignidad y los derechos de la estudiante de 7 años que hoy llegó al Hospital Padre Hurtado con nueve heridas de arma blanca.
La revisión preventiva de mochilas — la herramienta que podría haber detectado ese cuchillo antes de que llegara al baño — no existe legalmente en Chile. Los detectores de metales que la Ley Escuelas Protegidas autoriza son de gestión del establecimiento, no de los accesos policiales preventivos que el TC vetó. Un establecimiento con detector de metales activo a la entrada habría podido impedir el ingreso del arma. Pero eso requiere que alguien decida instalarlo, financiarlo y operarlo. Y no todos los colegios de La Granja tienen esa capacidad.
La Granja: el segundo episodio grave del año en sus colegios
Lo de hoy no es el primer episodio de violencia escolar grave en La Granja en lo que va de 2026. El 20 de mayo, una niña de 10 años fue baleada en las piernas a la salida del Saint Christian College en un presunto ajuste de cuentas relacionado con bullying — la atacante llegó encapuchada. Y hoy, una niña de 7 años recibió nueve puñaladas en el baño de otro establecimiento de la misma comuna.
Tres meses. Dos colegios distintos. Dos niñas víctimas. Una bala y nueve cuchilladas. Y en ambos casos, agresores que el sistema actual no puede procesar con la contundencia que los hechos exigen.
¿Qué queda por hacer?
El gobierno de Kast tiene en tramitación simultánea tres iniciativas que apuntan directamente a este tipo de situaciones: la reforma penal adolescente (en el Senado, aprobada en general con 37 votos), la Ley Antiencapuchados (aprobada en la Cámara con 100 votos, pendiente en el Senado) y el proyecto de reglas del uso de la fuerza (con urgencia suma ingresada esta semana). Ninguna de las tres es ley todavía.
El TC vetó los artículos más efectivos de Escuelas Protegidas. La reforma penal adolescente que hubiera permitido procesar a la agresora de hoy no ha terminado su tramitación. La Ley Antiencapuchados que habría disuadido el ataque de mayo todavía está en el Senado. Y la madre de la niña dominicana de 7 años está esta noche en el Hospital Padre Hurtado preguntándose cómo fue posible que su hija entrara al colegio esta mañana con vida y saliera con nueve puñaladas.
Chile no tiene respuesta para esa pregunta. No todavía.
