Lo que comenzó como una discusión sobre una solicitud de indulto para uniformados condenados por hechos del estallido social terminó convertido, este miércoles, en uno de los episodios más bochornosos protagonizados por parlamentarias en lo que va del año. Las senadoras Fabiola Campillai (independiente) y Camila Flores (Renovación Nacional) se enfrascaron en una discusión a gritos en los pasillos del Congreso, con insultos, acusaciones judiciales cruzadas y referencias a familiares de ambas, todo frente a las cámaras de prensa.
El origen: una polémica petición de indulto
El incidente se produjo tras una actividad de la recién presentada «Bancada por el Indulto General», integrada por los parlamentarios Flores, Ignacio Urrutia, Rodolfo Carter y Vanessa Kaiser, quienes solicitaron públicamente al Presidente Kast otorgar un indulto general a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por hechos vinculados al estallido social de 2019. Entre los casos mencionados figuraba el del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por el disparo de una bomba lacrimógena que dejó ciega a la propia Campillai en noviembre de 2019, hecho que la convirtió en un símbolo de las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos durante esas jornadas.
De la política a lo personal, en segundos
Terminada la vocería, Campillai se acercó directamente a Flores para reclamarle. La confrontación escaló casi de inmediato hacia el terreno personal: la senadora independiente le recordó a su par que enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco, mientras Flores respondió apuntando al entorno familiar de Campillai, calificando a integrantes de su círculo cercano de «delincuentes» y llegando a decir, textualmente: «cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes y que llegan al Congreso por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas».
Campillai replicó con dureza: «una delincuente defendiendo a otro delincuente» y «usted es una delincuente, usted debiera estar fuera», en referencia a la investigación que enfrenta Flores. El intercambio continuó subiendo de tono hasta que Flores le espetó una frase que generó fuerte rechazo en redes: que necesitaba «más que un médico» y que debía ver «un psiquiatra» —un comentario que banaliza la salud mental como forma de descalificación—, a lo que Campillai respondió en el mismo tono. La discusión concluyó cuando la senadora Daniella Cicardini intervino físicamente para separar a ambas parlamentarias y retirar a Campillai del lugar, mientras Flores seguía lanzando increpaciones, entre ellas llamarla «señora de feria».
La intervención de la Mesa del Senado
El episodio no quedó solo en un video viral. Ante la magnitud de la controversia, la Mesa del Senado —encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira— emitió una declaración formal en la que, si bien reafirmó el principio de libertad de expresión de los parlamentarios, hizo un llamado explícito al diálogo y al respeto institucional. La instancia decidió, además, derivar el caso a la Comisión de Ética del Senado, que deberá pronunciarse sobre la conducta de ambas senadoras durante el altercado.
Un patrón que ya tenía antecedentes
El cruce entre ambas parlamentarias tampoco fue completamente inesperado. Días antes, ya se había reportado que la senadora Campillai contrató a su yerno como chofer pese a que este mantenía antecedentes y una causa vigente por amenazas, episodio que Flores utilizó directamente durante la discusión. Por su parte, la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta Flores —vinculada, según se ha reportado, a un allanamiento a su oficina— fue el argumento central que esgrimió Campillai para cuestionar la legitimidad de su colega en la solicitud de indultos.
Una reflexión que trasciende el episodio puntual
Más allá de quién tuvo la razón en el fondo del debate sobre los indultos, el episodio deja una imagen difícil de justificar para cualquiera de las dos partes. Dos senadoras de la República, investidas por el voto popular, protagonizando un intercambio de insultos personales y familiares frente a las cámaras, en las propias dependencias del Congreso Nacional. Este tipo de episodios no solo empañan la imagen de quienes participan directamente en ellos, sino que alimentan la desconfianza ciudadana hacia la política en su conjunto, en momentos en que las encuestas de percepción sobre el Congreso ya arrastran niveles de aprobación históricamente bajos.
Lo que corresponde ahora
Con el caso ya en manos de la Comisión de Ética, el Senado deberá determinar si corresponde alguna sanción o llamado de atención formal hacia alguna de las dos parlamentarias, en un proceso que —como suele ocurrir en este tipo de instancias— probablemente tomará semanas en resolverse. Mientras tanto, el episodio queda como un nuevo recordatorio de que la calidad de la representación parlamentaria no se define solo por las votaciones o los proyectos de ley que cada legislador impulsa, sino también por la forma en que ejercen su rol público, incluso en los momentos de mayor tensión política.
