Déficit subestimado. Deuda ocultada. Reajuste sin financiamiento. FMI ignorado. Y una diferencia aritmética de US$10.000 millones que no tiene explicación técnica posible. El lunes 8 de junio, el PNL, los Republicanos, RN, el PDG y el Partido Social Cristiano ingresaron a la Cámara de Diputados el libelo más importante en materia fiscal de la historia reciente de Chile. El plazo de tres meses para acusar vencía el 11 de junio. Llegaron con tres días de sobra. Y dicen tener los votos.
A las 17:15 horas del lunes 8 de junio, con más de una hora de retraso respecto al horario anunciado y tras modificaciones de último minuto en el texto, el diputado Cristóbal Urruticoechea del Partido Nacional Libertario llegó a la oficina del Secretario de la Cámara de Diputados. Traía consigo el la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno de Boric, Nicolás Grau.
El libelo contó con diez firmas de diputados libertarios, republicanos, de Renovación Nacional, del Partido de la Gente y del Partido Social Cristiano.
Lo que se inicia hoy martes en la Cámara es un proceso que, si prospera, puede costarle a Grau algo muy concreto: cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en Chile. Y según quienes lo impulsan, los votos están.
Los 4 cargos en palabras simples
El libelo tiene cuatro capítulos acusatorios. Están escritos en lenguaje jurídico, pero su contenido es perfectamente comprensible para cualquier chileno. Aquí está la traducción.
Capítulo I: Violación del principio de probidad y transparencia
El primer cargo acusa a Grau de haber faltado a la probidad y a la transparencia al presentar un informe financiero inconsistente y con advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo, el FMI y la propia Dipres que fueron ignoradas.
En lenguaje simple: Grau sabía que sus cifras tenían problemas. El FMI lo advirtió. El Consejo Fiscal Autónomo lo advirtió cuatro veces. La propia Dipres lo advirtió. Y aun así presentó un informe que no reflejaba la realidad. Eso, dice el libelo, viola el artículo 8° de la Constitución que obliga a los funcionarios públicos a actuar con probidad y transparencia.
Capítulo II: Inconsistencia aritmética en la deuda pública
El IFP 4T25 presentó simultáneamente dos trayectorias aritméticamente incompatibles entre sí. Una de balance fiscal que profundizaba el déficit acumulado entre 2026 y 2030 en $13,5 billones respecto del IFP del tercer trimestre de 2025, y otra de deuda bruta que solo recogía $3,9 billones de ese mismo deterioro.
«La infracción se configura no solo por la incompatibilidad aritmética entre balance y deuda, sino, con igual o mayor fuerza, por la falta de trazabilidad y explicitación detallada de las transacciones que pudieran explicar dicha diferencia.»
En lenguaje simple: si el déficit sube en $13,5 billones, la deuda debe subir en una cantidad proporcional. No puede subir solo $3,9 billones a menos que alguien hiciera algo para que la diferencia de casi $10 billones no apareciera en los números. Esa diferencia de US$10.000 millones no tiene explicación técnica que el gobierno anterior haya podido sustentar.
Capítulo III: Gastos comprometidos que no aparecían en el informe
El IFP elaborado bajo la responsabilidad institucional del acusado contenía una proyección de gasto que no contemplaba todas las presiones de gasto derivadas de compromisos vigentes del Estado, tales como: reajuste del Sector Público, incremento de la cotización previsional de empleo público, mayor gasto en intereses y obligaciones sin devengar al 31 de diciembre de 2025.
En lenguaje simple: el gobierno de Boric aprobó el reajuste del sector público en diciembre. Eso tiene un costo de más de US$800 millones. Ese costo no estaba en las proyecciones del informe de Grau. Un informe oficial que omite un compromiso de ese tamaño no es un olvido, es una presentación incompleta de la realidad fiscal.
Capítulo IV: Incumplimiento de la meta de balance estructural
El cuarto cargo imputa el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025 y la omisión de las advertencias técnicas previas del FMI de la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.
En lenguaje simple: el gobierno de Boric se comprometió legalmente a cumplir una meta de balance estructural. No la cumplió. Y cuando el FMI advirtió que sus estimaciones de ingresos estaban infladas, tampoco corrigió. La acusación dice que todo eso junto configura un incumplimiento sistemático de deberes legales y constitucionales.
Lo que dijeron los impulsores
El diputado Urruticoechea fue preciso sobre el objetivo del libelo: «Queremos que la Cámara Alta entienda que es necesario que alguien que maquilló cifras, mintió, vulneró números, no puede estar en el servicio público al menos por cinco años.»
El jefe de bancada republicano Benjamín Moreno lo resumió en una frase sin rodeos: «Quien las hace, las paga. Cuando una persona oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real para obtener réditos que no les corresponde, se le persigue.»
El diputado Francisco Orrego de RN, uno de los firmantes, explicó por qué su partido decidió sumarse pese a las dudas internas: «Es nuestro deber como parlamentarios hacer valer las responsabilidades de carácter político.»
Los votos: el oficialismo dice tenerlos
El número mágico es 78. Esa es la cantidad de votos que necesita el oficialismo para que la acusación sea aprobada en la Cámara y pase al Senado.
El jefe de bancada del PNL Cristóbal Urruticoechea aseguró que ya cuentan con los votos. «Tenemos votos de independientes de izquierda (…). Tenemos votos más que necesarios», dijo.
El conteo que hace el oficialismo incluye a los parlamentarios del propio bloque más votos cruzados de independientes que no forman parte de la oposición tradicional. El senador Bianchi, siempre impredecible, dijo que estudiará los antecedentes sin adelantar posición.
Pero no todo el oficialismo está convencido. Desde Renovación Nacional mostraron diferencias internas respecto a firmar la acusación. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, históricamente contraria a las acusaciones constitucionales como herramienta política, no firmó el libelo.
La diputada de Demócratas Joanna Pérez cuestionó que los impulsores del libelo no respaldaran la comisión investigadora sobre la situación fiscal que ella impulsó en marzo y advirtió que todavía no compromete su voto.
Los plazos: el proceso recién comienza
Con el libelo ingresado, el proceso constitucional avanza por etapas precisas que los chilenos deben conocer.
Hoy martes 9: La Mesa de la Cámara constituye la Comisión de Acusación Constitucional, integrada por cinco diputados elegidos por sorteo. Grau deberá responder los cargos ante esa comisión.
Próximas semanas: La comisión escucha los argumentos de acusadores y acusado. Vota si recomienda o no acoger la acusación.
Sala de la Cámara: Vota si aprueba o rechaza la acusación. Necesita 78 votos.
Si pasa a la Cámara Alta: El Senado actúa como jurado. Vota con mayoría simple si Grau es culpable o inocente. Si lo declara culpable, Grau queda inhabilitado cinco años para ejercer cargos públicos.
La defensa: Patricio Zapata como escudo
El exministro Grau no está solo. Ya comenzó a preparar su defensa y fichó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para enfrentar la acusación.
Zapata es uno de los constitucionalistas más respetados del país. Su estrategia se anticipa en la misma línea de lo que Grau ha sostenido públicamente: las diferencias son metodológicas, no dolosas. El tipo de cambio, la inflación y los movimientos bajo la línea explican las brechas aritméticas que el libelo califica de inconsistencias constitucionales.
El resultado dependerá de si la Cámara está dispuesta a evaluar esa complejidad con rigor, o si la acusación se procesa con los mismos criterios con que se procesan la mayoría de las acusaciones constitucionales en Chile: como un ejercicio político que sigue la aritmética parlamentaria más que la jurídica.
El telón de fondo: la semana más decisiva del año
La acusación ingresó en un momento estratégico para la negociación legislativa. Esta semana, la Ley de Reconstrucción se juega su suerte en la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno necesita votos de la oposición moderada para aprobarla.
El Presidente Kast descartó que el libelo deba interferir en la agenda legislativa: «Un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho.»
La frase del mandatario es un equilibrio político delicado: respaldar el derecho de los parlamentarios sin comprometer el gobierno en una ofensiva que puede costarle votos en el Senado. Si funciona, es una muestra de madurez institucional.
