El miércoles 22 de julio, después de seis días de búsqueda intensa, los equipos de rescate encontraron con vida a Martina Núñez (22 años), Magdalena Retamal (31) y Manuel «El Chino» Orellana en un refugio de las Termas del Valle de Colina, en San José de Maipo. La noticia fue un alivio para sus familias y para los cientos de funcionarios de Carabineros, PDI, Bomberos, SAMU, el Ejército y personal municipal que durante casi una semana se internaron en la cordillera bajo condiciones climáticas extremas — aludes, nieve acumulada y visibilidad cero — para encontrarlos.
Al día siguiente, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, puso el tema que nadie quería decir en voz alta sobre la mesa: «Según Codina, el grupo se encontraba ‘al parecer, de jarana’ y uno de sus integrantes pretendió realizar un ‘after’ en las termas sin considerar el temporal ni el riesgo al que serían expuestos quienes debían acudir en su auxilio».
El operativo costó más de $100 millones de pesos. Y el gobierno quiere que paguen.
Lo que realmente ocurrió
La cronología del caso hace difícil la defensa de los involucrados. Las tres personas ingresaron a la zona alta del Cajón del Maipo pese a las alertas de emergencia, las restricciones de acceso y los avisos de SENAPRED que en ese momento el gobierno difundía en todos los canales posibles. No fue un accidente imprevisto durante una salida planificada antes de la alerta. Fueron a la cordillera sabiendo que el temporal se avecinaba.
El diputado Cristián Arayal resumió el caso con una frase que circuló masivamente en redes sociales: «De carrete, subieron en auto robado y con alerta de temporal. El rescate en el Cajón del Maipo nos costó millones a todos los chilenos por pura negligencia».
Codina fue más lejos en su evaluación: señaló que uno de los involucrados «ha incurrido de manera reiterada en esta conducta irresponsable» — es decir, no es la primera vez que el mismo individuo genera una situación de este tipo. Y planteó la pregunta más incómoda de todas: «¿Y si el rescate hubiese tenido que realizarse por vía terrestre, pasando por tres zonas que son proclives a las avalanchas, y esto hubiera cobrado algunas de las vidas de los rescatistas?»
Lo que el gobierno hizo: oficio al CDE
La Delegación Presidencial Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones legales que permitan recuperar los recursos públicos invertidos en el rescate. El objetivo tiene dos frentes: «Lo primero que buscamos es que el Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad. En segundo lugar, todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar a las personas con vida», explicó Codina.
Por ahora, el CDE solo estudiará los antecedentes — no existe aún una acción legal ni una sanción decretada. Pero el camino está trazado.
Codina fue más allá y planteó que el Congreso también debería endurecer las penas cuando la conducta de una persona imprudente termine provocando la muerte de un rescatista: «No podemos estar lamentándonos en un tiempo más de que personas como este personaje, por sus acciones irresponsables, terminen costando la vida de funcionarios».
El proyecto de ley que llevaba meses esperando este caso
Lo que más sorprende del caso es que el marco legal para cobrar el rescate ya existe — o casi. En el Parlamento se encuentra en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que apunta a establecer un marco legal para sancionar a quienes, por imprudencia temeraria en contexto de actividades de excursionismo, senderismo o montañismo, obliguen a desplegar operaciones de rescate y búsqueda. El Boletín N°17.347-22 fue presentado por el diputado Arayal precisamente ante casos como este. El Cajón del Maipo le acaba de dar al proyecto el impulso político que necesitaba para avanzar.
El fin de la iniciativa no es penalizar a quienes sean rescatados por accidentes genuinos — a nadie le cobra ningún país por un accidente imprevisto — sino a quienes actúan con imprudencia temeraria ignorando alertas oficiales activas.
El debate de fondo: ¿tiene límites el deber de rescate del Estado?
El caso abre una pregunta que las sociedades democráticas evitan porque no tiene respuesta fácil: ¿hasta dónde llega la obligación del Estado de proteger a quienes deliberadamente ignoran sus advertencias?
En Suiza y Austria, países con larga tradición de rescates en montaña, las organizaciones de emergencia ya cobran los operativos helicóptero cuando hay evidencia de imprudencia documentada. En Estados Unidos, varios estados tienen legislación que permite recuperar costos de rescate cuando se demuestra negligencia grave. No es una idea radical — es una práctica extendida en países que también se jactan de su Estado de bienestar.
En Chile, la tensión es la misma de siempre: ¿el Estado tiene que ser el padre de ciudadanos que eligen mal? La respuesta instintiva de muchos es que sí — que nadie merece morir aunque haya sido imprudente, y que el Estado debe rescatar siempre. Nadie en este debate cuestiona eso. Lo que se discute es si la imprudencia temeraria debe tener consecuencias patrimoniales posteriores al rescate — no antes, no en lugar del rescate, sino después.
Codina lo sintetizó con una claridad que pocas veces se ve en la política chilena: «Cuando una persona viola todos esos preceptos y demuestra que su irresponsabilidad es aún mayor que todas las alertas, esa persona debería ser sancionada».
