Los alcaldes opositores se reunieron con senadores para decirles que la exención de contribuciones a los adultos mayores «ahogará a los municipios.» La cifra oficial del propio gobierno dice que el impacto promedio es el 0,5% del presupuesto municipal. Mientras tanto, esos mismos municipios destinan el 24% de su presupuesto a sueldos de funcionarios. El drama no está en las contribuciones. Está en el show político.
Hay una imagen que resume perfectamente el debate de esta semana en el Senado. Un grupo de alcaldes reunidos con senadores opositores, todos con cara de catástrofe, describiendo cómo la exención de contribuciones para los adultos mayores va a devastar sus finanzas municipales. Vodanovic al micrófono: «Los alcaldes han sido categóricos: esta rebaja afectará especialmente a los municipios con menos recursos.»
Suena dramático. El problema es que los números no respaldan el drama.
La cifra que nadie quiere decir en voz alta: 0,5%
Antes de que cualquier alcalde saliera a denunciar el «desfinanciamiento» de sus municipios, el gobierno hizo exactamente lo que debía hacer: calculó el impacto real, comuna por comuna.
Según el subsecretario de Desarrollo Regional, la merma bordearía en promedio un 0,5% del presupuesto municipal. «En promedio estamos hablando de $60 mil millones y en promedio una afectación de un 0,5% del presupuesto de los municipios.»
Medio punto porcentual. En promedio. Ese es el impacto real de la medida que los alcaldes opositores describen como si fuera un apocalipsis fiscal.
Para dimensionarlo: si un municipio tiene un presupuesto de $10.000 millones al año, el impacto de la exención de contribuciones sería de $50 millones. La pregunta que nadie les hace a los alcaldes en esas reuniones con los senadores es si no hay maneras de encontrar $50 millones en eficiencias antes de salir a decirle a los adultos mayores que no pueden recibir este beneficio.
Dónde está el dinero de los municipios: el 24% que nadie menciona
Para entender por qué el 0,5% de impacto no debería ser un problema, hay que mirar en qué gastan los municipios chilenos su dinero.
Según el Sistema Nacional de Información Municipal de la Subdere, en 2023 la proporción de gastos en personal a nivel municipal alcanzó en promedio un 24% respecto del total de ingresos percibidos en el año, representando de manera agregada un total de $2.115.500.713 millones de pesos.
El 24% del presupuesto municipal va a sueldos de funcionarios. Versus el 0,5% que representa el impacto de la exención de contribuciones. La diferencia entre ambos números es de 48 veces. Si los alcaldes pudieran reducir su gasto en personal apenas un 2%, compensarían completamente el impacto de la medida para los adultos mayores.
Y eso sin mencionar lo que los municipios gastan en horas extras, capacitaciones, viáticos y otros ítems que históricamente han sido objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría. Un caso emblemático es la Municipalidad de San Carlos, que en 2025 gastó más de $604 millones adicionales en personal pese a contar con menos funcionarios que el año anterior, pagando más con ocho funcionarios menos en la plantilla.
El patrón se repite en todo Chile. Chillán fue señalada como la tercera comuna del país donde más creció la contratación municipal entre 2022 y 2024, con 2.170 nuevos funcionarios, en un contexto en que la Contraloría realiza actualmente una auditoría a las contrataciones con foco en los honorarios.
En otras palabras, los municipios que dicen no tener margen para absorber el 0,5% de impacto de la exención de contribuciones son los mismos que han estado contratando cientos de funcionarios adicionales y aumentando sus gastos en personal a un ritmo que supera el reajuste del sector público.
Lo que significa la medida para los adultos mayores: el lado del debate que la oposición ignora
Mientras los alcaldes hablan del 0,5%, hay una realidad que se pierde en el debate parlamentario: lo que significa pagar contribuciones para un adulto mayor que vive de su pensión.
En Chile, las pensiones promedio del sistema de AFP se ubican alrededor de los $250.000 a $300.000 mensuales para quienes se jubilaron con menos de 20 años de cotización efectiva. La Pensión Garantizada Universal llega hoy a los $214.296 mensuales. Con esos ingresos, el pago de las contribuciones de una vivienda de avalúo fiscal medio puede representar un porcentaje significativo del ingreso mensual disponible.
La exención aplica para la primera vivienda de los mayores de 65 años. No es un beneficio para los ricos. La alcaldesa de San Miguel Carol Bown, que apoya la medida, lo describió con precisión: «Esta medida viene en ayuda de aquellos adultos mayores que no pueden pagar sus contribuciones.»
Para un adulto mayor que vive solo en la casa que compró hace 40 años con el esfuerzo de toda su vida laboral, la exención de contribuciones puede ser la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Para el municipio que la administra, el impacto es el 0,5% de su presupuesto.
La solución que el gobierno ya tiene sobre la mesa
El gobierno no llegó al debate sin respuesta para las preocupaciones legítimas de los municipios. El proyecto considera que la Ley de Presupuestos deberá contemplar mecanismos de compensación.
El Gobierno mantiene una mesa técnica con alcaldes para revisar fórmulas de mitigación. Entre las alternativas, el subsecretario mencionó una eventual gradualidad en la implementación de la medida.
Hay mecanismos de compensación. Hay gradualidad como opción. Hay una mesa técnica funcionando. El gobierno está dispuesto a perfeccionar la medida para proteger a los municipios más afectados.
Lo que la oposición no está dispuesta a hacer es lo mismo que ha hecho durante toda la tramitación de la Ley de Reconstrucción: reconocer que la medida es buena en su principio y trabajar en perfeccionarla, en lugar de usarla como ariete político para bloquear la ley completa.
El resumen que Chile necesita leer
Los municipios chilenos gastan 35 veces más en sueldos de funcionarios que lo que perderían por la exención de contribuciones a los adultos mayores.
Los adultos mayores de Chile llevan toda su vida pagando. Sus contribuciones. Sus impuestos. Sus cotizaciones. Es hora de que el Estado les devuelva algo. Y la oposición, que dice defender a los más vulnerables, está bloqueando eso para proteger el presupuesto de los municipios.