El lunes 22 de junio, mientras el debate sobre la Ley de Reconstrucción escalaba en el Senado, los senadores del Frente Amplio Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez llegaron a La Moneda para entregar en mano al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al biministro del Interior, Claudio Alvarado, el paquete de propuestas del partido para el Plan de Reconstrucción. El documento tenía varios puntos. Pero había uno, enterrado en el último párrafo del acápite 3, que nadie del partido mencionó ante las cámaras: la propuesta de «aumentar el impuesto específico al diésel».
La reunión y lo que se dijo afuera
La propia Beatriz Sánchez tomó la palabra al salir de La Moneda. «Todos saben que vamos a votar en uno o dos días la propuesta. Como oposición hay bastante consenso, diría yo, por no decir consenso total, de que vamos a rechazar esta idea de legislar», declaró a La Tercera. No hubo mención al diésel.
Adentro, en el Senado, su compañero de bancada Diego Ibáñez había sido igual de duro con el gobierno. «No hubo una vocación de construir acuerdos. En la reforma del 2014, desde lo político, hubo senadores de la entonces oposición que se abrieron a negociar. Acá en cambio no lo hemos visto», dijo ante la Comisión de Hacienda del Senado, según consignó La Tercera.
Así, el mismo día en que Ibáñez acusó al gobierno de no querer dialogar, él y Sánchez le entregaron un documento que incluía subir el impuesto al combustible que más usan los transportistas, los camioneros y miles de pymes chilenas.
La contradicción que nadie puede ignorar
La medida choca frontalmente con el historial reciente del partido. Meses atrás, cuando el gobierno confirmó un alza histórica de $580 por litro en el precio del diésel —provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán— el FA salió en tromba a denunciarlo. La diputada Gael Yeomans fue directa: «El ministro Quiroz y el Gobierno de Kast fueron claros: la emergencia del precio de las bencinas la pagan directamente los chilenos desde sus bolsillos». La presidenta del FA, Constanza Martínez, fue aún más tajante: «El gobierno genera la emergencia. Irresponsabilidad total».
Hoy, los senadores del mismo partido le proponen al mismo ministro hacer exactamente eso: subir el impuesto específico al diésel, esta vez como fuente de financiamiento de sus propias contrapropuestas.
El resto del documento
Más allá del punto más polémico, el paquete del FA se articula en tres ejes. En materia tributaria proponen levantar el secreto bancario de forma ágil, aumentar multas por infracciones al código tributario, crear un registro de contribuyentes sancionados que los excluya de beneficios fiscales, reforzar los controles sobre precios de transferencia entre filiales de multinacionales, eliminar el régimen de renta presunta, suprimir la exención tributaria de los Fondos de Inversión Privados y aplicar un impuesto a las apuestas en línea.
En empleo, el FA rechaza el crédito al empleo del gobierno y lo reemplaza por el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que llega directo al trabajador al momento de firmar un contrato nuevo. Afirman que cuesta menos del 20% de la propuesta del Ejecutivo. También plantean industrializar el cobre y el litio en Chile e impulsar la industria del hidrógeno verde.
En vivienda, critican la eliminación del IVA a inmuebles nuevos —que costaría US$1.000 millones— argumentando que el beneficio llega a las inmobiliarias y no a las familias. Su alternativa: subsidios directos al pie de entrada y a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta UF 6.000. Y proponen congelar los arriendos en su valor nominal actual por cinco años.
El problema de fondo
El documento del FA revela el nudo en que está atrapado el partido: necesita financiar sus propias contrapropuestas sociales con alguna fuente de ingresos distinta al impuesto corporativo —que el PC veta de plano— y la única disponible es gravar los combustibles. La ironía es que eso es precisamente lo que le criticaron al gobierno cuando ocurrió por razones de mercado internacional.
La propuesta del FA también generó distancia con sus propios aliados opositores. Según La Tercera, el documento que Constanza Martínez había hecho circular semanas antes provocó «bastante controversia y poco respaldo en las demás colectividades», con críticas apuntando a que incluía materias sin ninguna relación con el proyecto en tramitación.
Hoy, la Sala del Senado vota la idea de legislar. Ibáñez y Sánchez, firmantes del documento, participarán de esa votación — y según la propia Sánchez, votarán en contra.
