El gobierno del Presidente José Antonio Kast reabrió el sumario administrativo por las irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social de octubre de 2019. La decisión no fue voluntaria — fue una instrucción directa de la Contraloría General de la República, que concluyó que la investigación administrativa previa, cerrada por la administración de Gabriel Boric, no agotó el análisis respecto de las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Qué son las pensiones de gracia del 18-O
Las pensiones de gracia son beneficios vitalicios que el Estado entrega por decreto del Presidente de la República a personas que han sufrido lesiones graves o irreversibles en determinadas circunstancias. Tras el estallido social, el gobierno de Sebastián Piñera otorgó una serie de estas pensiones a personas que declararon haber sido heridas por agentes del Estado durante las protestas. Posteriormente, el gobierno de Boric amplió el alcance del beneficio.
Al cierre de este proceso se otorgaron 348 pensiones de gracia asociadas al estallido social, que hoy están siendo revisadas íntegramente por el gobierno de Kast para verificar su correcta asignación.
El caso que destapó el escándalo
El detonante inmediato de la reapertura del sumario fue el caso de Benjamín Huerta, chileno de 29 años detenido en Ovalle en un operativo antidrogas donde se le incautaron ampollas de fentanilo, otras drogas y dinero en efectivo. Huerta había sido beneficiario de una pensión de gracia por hechos del estallido social — habría sido herido por acción de Carabineros. Tras conocerse su detención, la pensión fue revocada.
El caso motivó a las diputadas Javiera Rodríguez, Macarena Santelices y Valentina Becerra a pedir al gobierno una revisión de todos los casos de beneficiarios con antecedentes penales o causas judiciales pendientes.
Lo que encontró la Contraloría
La Contraloría detectó dos tipos de problemas graves en el sumario que el gobierno de Boric había dado por concluido. El primero es de forma: el sumario fue sobreseído sin ser llevado a la Contraloría para la toma de razón, como exige la normativa. El segundo es de fondo: la investigación no agotó el análisis de las responsabilidades de los funcionarios de la División de Acción Social del Ministerio del Interior que tramitaron y concedieron estos beneficios.
Uno de los hallazgos más graves que motivaron la reapertura es que hay personas que recibieron pensiones de gracia sin contar con antecedentes médicos que lo justificaran. «Buscamos establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían, gente sin antecedentes médicos», explicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
La investigación que viene: fiscal designada y dos frentes simultáneos
El gobierno designó a la fiscal Damary Rapaillán para liderar el nuevo sumario, que tendrá plena independencia para realizar sus diligencias. Pavez fue claro sobre el alcance del proceso: «Es un sumario administrativo que tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea».
En paralelo, el Ejecutivo mantiene en curso la revisión íntegra de las 348 pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido. Pavez aclaró que son dos procesos distintos que corren simultáneamente: el sumario busca determinar responsabilidades de funcionarios, mientras que la revisión de beneficios apunta a verificar si cada pensión tiene justificación real. «Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican», concluyó.
Los resultados de la revisión serán comunicados públicamente una vez concluido el proceso, incluyendo las eventuales revocaciones que correspondan.
La reacción política: oficialismo exige responsabilidades, oposición pide cerrar el debate
Desde el oficialismo, el diputado republicano José Carlos Meza fue directo: «Ha sido un proceso que se ha hecho de forma irregular, y así lo demostró la Contraloría. Por eso ordenó al gobierno reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades dentro del Gobierno anterior». La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, adoptó la postura contraria y llamó a no extender el debate, pidiendo dar por superado el episodio y poniendo el foco en quienes recibieron legítimamente el beneficio.
El caso se inscribe en el patrón que la Inspección Total al Estado viene documentando sesión por sesión: una administración que cerró sumarios antes de tiempo, sobreseía investigaciones sin agotarlas y dejó una serie de irregularidades administrativas sin resolver ni sancionar.
