Cuando el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó a los países vecinos a suscribir el Acuerdo de Santiago hace pocas semanas, la iniciativa comenzó con cinco firmantes: Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y el propio Chile. Esta semana, tras la gira de Kast por Paraguay y Uruguay, el mapa se amplió a siete naciones. Lo notable no es solo el número — es quiénes están en la lista.
Paraguay está gobernado por el derechista Santiago Peña. Uruguay, por el izquierdista Yamandú Orsi. Ambos se sumaron al mismo acuerdo, convocados por el mismo gobierno chileno, en la misma semana. El crimen organizado transnacional logró algo que la política latinoamericana rara vez consigue: unir a presidentes de signo político opuesto bajo un mismo compromiso.
Qué es el Acuerdo de Santiago y qué establece
El Acuerdo de Santiago es una iniciativa diplomática impulsada por la Cancillería chilena bajo la dirección del ministro Pérez Mackenna, diseñada para coordinar la lucha contra el crimen organizado transnacional a nivel regional. Su eje central es la premisa que Kast repitió tanto en Asunción como en Montevideo: el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero para hacerlo necesita las mismas normas en todas las naciones.
El acuerdo establece un marco de cooperación policial y judicial entre los países firmantes, con intercambio de inteligencia, coordinación en fronteras y protocolos comunes para perseguir organizaciones criminales que operan de manera transnacional. La iniciativa recoge una realidad que las policías de la región llevan años documentando: bandas como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y la facción 3 de Marzo de la pandilla Mara Salvatrucha no respetan fronteras ni soberanías nacionales, y los esquemas de persecución penal que funcionan país por país resultan insuficientes frente a estructuras que cambian de territorio con facilidad.
El mapa de los 7 países firmantes
| País | Gobierno | Fecha de adhesión |
|---|---|---|
| Chile | Kast (derecha) | Fundador |
| Argentina | Milei (derecha) | Fundador |
| Perú | Fujimori (derecha) | Fundador |
| Bolivia | Paz (centro) | Fundador |
| Ecuador | Noboa (derecha) | Fundador |
| Paraguay | Peña (derecha) | Junio 2026 |
| Uruguay | Orsi (izquierda) | Julio 2026 |
El dato que más llama la atención es la presencia de Bolivia bajo Rodrigo Paz y Uruguay bajo Yamandú Orsi — dos gobiernos de centro e izquierda — junto a administraciones de derecha como Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador. La seguridad regional funcionó como pegamento ideológico donde la política habitualmente divide.
El propio Orsi lo reconoció durante la declaración conjunta con Kast en Montevideo: «Agradecemos que el gobierno de Chile lo haya puesto sobre la mesa, incluso con propuestas concretas, como el Acuerdo de Santiago y la necesidad de articulación». Y fue más allá al comprometerse a firmar en los próximos meses un memorando específico en materia de seguridad con Chile, que ya tiene previsto para la agenda bilateral. Uruguay también anunció la semana pasada el despliegue de vehículos del Ejército Nacional para el patrullaje de barrios de Montevideo — una medida que hubiera sido inimaginable en la izquierda uruguaya de años anteriores.
«Quien duda pierde, quien se divide cae»
La frase que Kast pronunció ante el Congreso de Paraguay resume la filosofía detrás del acuerdo: «Ante el crimen organizado, la neutralidad no es opción. Quien duda, pierde y quien se divide, cae frente a este flagelo». Es un mensaje dirigido tanto a los gobiernos de la región que todavía no se han sumado como al debate interno en Chile, donde el gobierno lleva meses argumentando que la cooperación entre poderes del Estado — policías, fiscalías, cancillerías y fuerzas armadas — es la única respuesta eficaz al crimen transnacional.
El Presidente también fue explícito sobre la necesidad de normas comunes: «Cada país tiene sus propias legislaciones, sus propios sistemas y sus propias formas de abordar el problema, pero cuando las bandas cruzan las fronteras, esas diferencias se convierten en ventajas para ellos y en debilidades para nosotros», dijo en Asunción.
Una diplomacia de seguridad sin precedentes para Chile
Lo que Kast construyó en menos de 100 días en materia de diplomacia de seguridad no tiene equivalente en la historia reciente de Chile. Los gobiernos anteriores abordaron el crimen transnacional mayormente de manera bilateral y reactiva. El Acuerdo de Santiago es la primera iniciativa multilateral impulsada por Chile en esta materia, con una arquitectura que contempla protocolos compartidos y la posibilidad de ampliarse a más países.
La gira de esta semana —Mercosur en Paraguay, bilateral en Uruguay— le permitió a Kast sumar dos países más al acuerdo en un solo viaje, con la particularidad de que uno de ellos es gobernado por una izquierda que, en el plano doméstico, enfrenta exactamente los mismos problemas de seguridad que Chile. Orsi lo dijo sin eufemismos: la seguridad fue uno de los temas principales de la reunión y valoró que Chile haya llegado con propuestas concretas.
Quedan todavía fuera del acuerdo países relevantes de la región como Brasil, Colombia y Venezuela. La ausencia más notable es la de Brasil, la mayor economía de Sudamérica y el país con mayor presencia del crimen organizado transnacional en el continente. Kast se reunió con Lula durante la Cumbre del Mercosur en Asunción, aunque no trascendió si el tema del Acuerdo de Santiago fue abordado en esa reunión bilateral.
