El miércoles 8 de julio, pasadas las ocho de la tarde, en el Salón Democracia del Senado, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, la presidenta del Senado Paulina Núñez y los senadores del PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal hicieron el anuncio que nadie en la oposición esperaba: cuatro senadores del partido que fundó Ricardo Lagos habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Kast sobre la invariabilidad tributaria, el punto más polémico de la megarreforma.
La ironía del momento no podía ser más elocuente. A pocas cuadras, en otro salón del mismo Congreso, el Partido Socialista estaba tratando de sobrevivir a su peor crisis interna en años — Cicardini acusando a Vodanovic de mentir, Vodanovic acusando a Cicardini de boicotear un acuerdo que nunca pudo cerrar. El PS, que llevaba semanas siendo el partido opositor más cercano a dialogar con el gobierno, terminó el día sin acuerdo, sin liderazgo y con su presidenta saliendo de la mesa de negociación. El PPD, que nadie tenía en el radar, entró por la ventana y firmó.
Qué negoció el gobierno — y cuánto cedió
El acuerdo modifica sustantivamente el punto más cuestionado de la megarreforma. La invariabilidad tributaria abandona el esquema plano de 25 años para todas las inversiones superiores a US$50 millones, que era la propuesta original del Ejecutivo, y adopta un modelo escalonado proporcional al tamaño del proyecto. Las inversiones de hasta US$100 millones acceden a una invariabilidad de 10 años. Las de hasta US$350 millones, a 15 años. Y solo los proyectos superiores a US$500 millones mantienen el plazo máximo de 20 años — reducido desde los 25 originales.
Se agregan además tres condiciones que refuerzan el carácter público del beneficio: una sobretasa permanente del 1,5% sobre el impuesto corporativo para quienes opten por acogerse al régimen, la mantención del royalty minero — que queda expresamente excluido de la invariabilidad — y la incorporación de una revisión permanente y programada de las inversiones, con exigencias adicionales sobre el origen de los fondos al momento de suscribir el contrato de ley.
El jefe de la bancada PPD, Ricardo Celis, fue contundente al evaluar el resultado: «El gobierno ha recogido el 90% de nuestra propuesta en esta materia». Y Quiroz fue igualmente directo al celebrar el acuerdo desde la vereda del Ejecutivo: «La señal es que hoy Chile da certezas, busca competitividad y mira hacia adelante».
La arquitectura del diálogo: cómo se construyó el acuerdo
Lo que el anuncio del miércoles mostró como un resultado fue en realidad el producto de semanas de trabajo silencioso. La presidenta del Senado Paulina Núñez fue señalada unánimemente como la artífice del acercamiento. Mientras el PS protagonizaba episodios públicos de descoordinación y el FA acusaba a Quiroz de no tener «madurez ni educación para conversar», Núñez sostuvo conversaciones discretas con los cuatro senadores del PPD — Celis, Carvajal, Pedro Araya y Ximena Órdenes — construyendo una propuesta técnica que el Ministerio de Hacienda pudiera acoger.
El modelo de gestión que se impuso fue el contrario al que la oposición dura intentó instalar: no bloquear para después ir al TC, sino proponer una alternativa concreta, revisarla con el Ejecutivo y firmar si el gobierno la acoge. Ese modelo encontró en el PPD un interlocutor que estaba dispuesto a separar el debate político del debate técnico y a asumir el costo político de desmarcarse de sus aliados opositores.
Núñez lo resumió con una frase que tiene tanto de diagnóstico como de programa para el resto de la tramitación: «Con el ministro fuimos capaces de armar una mesa donde no hubo ningún partido que se quedó debajo de ella. Todos fueron invitados y convocados a este diálogo, como debe ser, más aún en el Senado».
El gobierno que escucha — y el que descarta el TC
Uno de los mensajes más importantes del acuerdo es político y está dirigido al debate sobre la constitucionalidad del proyecto. Al anunciar que desisten de recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad, los senadores del PPD están diciendo algo que la oposición más dura no quiere escuchar: que cuando el gobierno recoge el 90% de una propuesta de modificación, ya no hay argumento sólido para impugnar ese artículo ante el TC.
Quiroz fue explícito al respecto: el gobierno está «bastante tranquilo» frente a un eventual requerimiento, tanto porque confía en la constitucionalidad del proyecto como porque el acuerdo con el PPD demuestra que los puntos más cuestionados son perfectamente negociables por la vía legislativa. Si hay votos para cambiar la norma en el Congreso, el TC no es el camino — es el argumento que el Ejecutivo lleva semanas instalando y que el miércoles recibió su primer respaldo concreto desde la oposición.
El contraste que lo dice todo
La jornada del miércoles tuvo un ganador y un perdedor que quedaron retratados con absoluta nitidez. El PS, que se autoproclamó durante semanas como el partido opositor más dispuesto a negociar, terminó el día con su presidenta acusada de mentir por su propia vicepresidenta, con Castro sin respaldo ni de su propia bancada, y con Vodanovic saliendo de la mesa de negociación. El PPD, que nadie mencionaba en las crónicas de la negociación, llegó con una propuesta técnica concreta, la negoció en silencio, consiguió que el gobierno acogiera el 90% y se transformó en el primer partido opositor en sumar sus votos al proyecto estrella del gobierno de Kast.
Para el Ejecutivo, la lección no es que la oposición cedió. Es que cuando el gobierno dialoga con seriedad y tiene capacidad de acoger propuestas concretas, encuentra interlocutores. Lo que faltó en semanas de negociación con el PS no fue voluntad del gobierno — como lo demostraron las propias palabras de Quiroz: «propuestas serias, que no sean para un reel ni para una cámara» — sino una contraparte que llegara con una propuesta real en vez de declaraciones para los medios.
La votación del 15 de julio en la Sala del Senado llega ahora con un escenario distinto al de hace 48 horas: cuatro votos opositores comprometidos para la invariabilidad, un gobierno que demostró que sabe negociar cuando la propuesta lo merece, y una oposición dividida entre quienes prefieren negociar y quienes prefieren el TC.
