Un nuevo avance para la agenda de seguridad
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, el proyecto conocido como «Ley Naín-Retamal 2.0», que extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cuando se encuentran en calidad de franco, es decir, fuera de su horario de servicio. Con este resultado, la iniciativa queda despachada a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Qué cambia respecto a la ley actual
La Ley 21.560, conocida como Naín Retamal, establece hoy una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas, pero únicamente cuando estos cumplen labores de orden público y seguridad interior en servicio activo. La normativa vigente deja fuera de esa protección a quienes deben intervenir ante una agresión estando de franco. El proyecto aprobado este martes corrige ese vacío: la presunción de legítima defensa privilegiada se aplicará también a los funcionarios que, encontrándose de franco, «repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida», ya sea en defensa propia, de sus derechos o de terceros.
Las cifras que respaldan la urgencia
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó cifras concretas para justificar la necesidad del proyecto. Durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 23 procedimientos de carabineros de franco o de civil en los que se utilizaron armas de fuego ante agresiones ilegítimas o delitos flagrantes, y en 12 de esos casos los funcionarios actuaron específicamente para defender a terceros. «Este proyecto responde a la misma convicción que inspira toda nuestra agenda de seguridad. Poner en el centro al chileno honesto, a la víctima y a quien decide protegerla. Las leyes no pueden construirse desde la comodidad del delincuente», sostuvo el ministro.
Parte de un paquete más amplio, con urgencia del Ejecutivo
La iniciativa se enmarca dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Gobierno hace apenas unos días, y corresponde a una de las 19 propuestas a las que el Ejecutivo puso urgencia. En este caso particular, el Gobierno solicitó «discusión inmediata», lo que explica la rapidez con que el proyecto llegó a votación en la Sala como primer punto de la tabla.
Un origen anterior al actual Gobierno
Vale la pena precisar que el proyecto no nació con la actual administración. Fue presentado originalmente en 2023 por el diputado José Miguel Castro (RN) junto a otros integrantes de su bancada, y contaba ya con un informe favorable de la Comisión de Seguridad Ciudadana antes de ser tramitado con urgencia. Tras la votación, el subjefe de la bancada de diputados RN, Eduardo Durán, celebró el resultado: «con mucha satisfacción, la bancada de Renovación Nacional valora la votación de hoy día, en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país».
El dato político más relevante: una grieta en la oposición
Más allá del contenido técnico del proyecto, el resultado de la votación deja una señal política que trasciende al oficialismo. La iniciativa logró sumar votos de sectores de la oposición —PPD, Democracia Cristiana y PS— para ampliar la protección penal de los policías que intervienen fuera de servicio, evidenciando que la agenda de seguridad del Gobierno no enfrenta necesariamente un bloque opositor monolítico, al menos en esta materia puntual.
El cruce con el PC y el Frente Amplio
No todos los sectores de oposición se sumaron al respaldo transversal. Los votos en contra y las dos abstenciones —correspondientes a los diputados Félix Bugueño (FA) y Andrea Parra (PPD)— provinieron principalmente de parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, lo que generó una respuesta directa desde el oficialismo. El diputado Tomás Kast (Evópoli) cuestionó con dureza esos votos a través de su cuenta de X: el PC y el FA, «para variar», se manifestaron «en contra de entregarles respaldo y certeza jurídica para actuar». Y agregó: «hablan de seguridad frente a las cámaras, pero cuando llega el momento de elegir entre respaldar a Carabineros o dejarlos expuestos, siempre terminan del lado de los delincuentes».
Lo que viene
Con el proyecto ya despachado a la Cámara Alta, el Senado deberá ahora iniciar su segundo trámite constitucional. La Naín-Retamal 2.0 se transforma así en uno de los primeros proyectos de la ACOT en avanzar de manera concreta en el Congreso, en un contexto en que el propio Gobierno espera replicar este nivel de respaldo transversal en el resto del paquete de 19 iniciativas de seguridad que impulsa con urgencia.
