Una alerta de Meta, la matriz de Instagram, permitió a la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI identificar, ubicar y detener en cuestión de horas a una joven de 19 años que había amenazado con instalar una bomba en el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile. El caso, resuelto entre la noche del domingo y la mañana del lunes, se suma a un segundo episodio similar ocurrido apenas días antes, y pone en evidencia el funcionamiento de la nueva arquitectura de coordinación en ciberseguridad que el actual Gobierno ha ido desplegando durante este año.
Una amenaza publicada y detectada en cuestión de horas
Todo comenzó cuando la joven publicó en sus historias de Instagram un mensaje directo: «El lunes voy a poner una bomba en el DCC, primer y único aviso». Según explicó el comisario Alán Constela, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, oficiales de esa unidad recibieron el domingo una alerta de parte de Meta, que había detectado la publicación y advertido sobre una amenaza de bomba contra una casa de educación superior programada para el día siguiente.
A partir de esa alerta, los detectives iniciaron un proceso de rastreo de la dirección IP y los datos de conexión asociados a la cuenta, lo que les permitió llegar hasta un domicilio en la comuna de Estación Central. Ahí, durante la noche del domingo, se concretó la detención de la joven, además de la incautación de un iPhone que, según los antecedentes de la investigación, habría sido el dispositivo utilizado para publicar la amenaza.
Formalización y medidas cautelares en menos de 24 horas
Ya este lunes, la joven —quien no registraba antecedentes penales previos— fue formalizada por el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de amenazas. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó tres medidas cautelares: firma quincenal, arraigo nacional, y una tercera que el propio fiscal calificó como especialmente relevante para la protección de la comunidad afectada: la prohibición de acercamiento e ingreso al Departamento de Ciencias de la Computación. Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo de ningún artefacto explosivo ni de elementos destinados a su fabricación.
El segundo caso en menos de una semana
Este episodio no es aislado. Apenas tres días antes, el viernes 21 de agosto, la PDI había detenido a un hombre conocido como «Amermelao», quien había enviado correos electrónicos asegurando que ingresaría armado —con armas blancas y de fuego— a la Universidad de Santiago de Chile (Usach) para cometer crímenes al interior del recinto. Ese mismo episodio había obligado a la Usach, junto a la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a suspender las clases presenciales y trasladarlas a modalidad online por precaución. «Amermelao» también fue formalizado y quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
La resolución de ambos casos en un lapso de días, con identificación, detención y formalización completadas en tiempos acotados, ocurre en un contexto institucional que vale la pena explicar.
El respaldo institucional detrás de esta rapidez
El 2 de junio de este año, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, una hoja de ruta con 65 medidas que, por primera vez, coordina siete Fuerzas de Tarea especializadas del Estado para enfrentar distintos fenómenos delictuales, entre ellos —de forma explícita— los ciberdelitos. Se trata de una instancia de coordinación que no existía con ese nivel de especialización antes de este año.
Esta capacidad se apoya, además, en un marco legal que ya venía en construcción desde 2024, con la Ley Marco de Ciberseguridad y la creación del propio Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, es la actual administración la que ha ido dando forma operativa a esas herramientas, con metas concretas y una fuerza de tarea dedicada a este tipo de delitos, cuyo funcionamiento en la práctica pudo observarse en la resolución de estos dos casos consecutivos de amenazas contra centros educativos.
Es importante precisar que no existe, hasta donde se ha podido confirmar, un convenio o protocolo específico y nuevo entre el Gobierno y Meta que explique por qué la plataforma alertó a la PDI en este caso puntual. La colaboración de las grandes redes sociales con las policías ante amenazas graves de este tipo es una práctica habitual a nivel global, no exclusiva de Chile ni de esta administración. Lo que sí resulta atribuible a la gestión actual es la velocidad y coordinación con que el Estado —PDI, Fiscalía y tribunales— fue capaz de procesar esa alerta y llegar a una formalización con medidas cautelares en menos de 24 horas, un resultado consistente con el despliegue de la nueva fuerza de tarea contra ciberdelitos anunciada por el ministro Arrau.
Un patrón que se repite en el sistema educativo
Con estos dos episodios, ya son varios los establecimientos de educación superior que en las últimas semanas han debido lidiar con amenazas difundidas a través de redes sociales o correo electrónico, un fenómeno que ha llevado a las autoridades de seguridad a reforzar la vigilancia sobre este tipo de contenidos y a acelerar los tiempos de respuesta ante cada nueva alerta.
