La recaptura de un femicida prófugo destapó esta semana un antecedente de extrema gravedad: una organización criminal liderada por él planeaba asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, el próximo 17 de septiembre. El caso reactiva, con un ejemplo concreto y de alto perfil, la discusión sobre el estado de la agenda de seguridad que el Congreso mantiene entrampada.
Cómo se destapó el plan
El antecedente salió a la luz en el marco de la recaptura de Juan Flores Valenzuela, alias «El Indio Juan», ocurrida la noche del lunes en la comuna de San Ramón. Flores Valenzuela cumplía una condena de presidio perpetuo desde noviembre de 2024 por el delito de femicidio, y se encontraba prófugo desde el 25 de febrero de este año, tras fugarse de un recinto penitenciario.
Según constató Radio Bío Bío, y confirmaron posteriormente Emol y La Tercera, escuchas telefónicas incluidas en una investigación conjunta de la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente revelaron que, mientras permanecía prófugo, Flores Valenzuela habría manifestado su intención de asesinar al alcalde de San Bernardo mediante un atentado programado para el 17 de septiembre. El fiscal regional Marco Pastén informó personalmente a White sobre la amenaza.
La reacción del alcalde
El propio jefe comunal reconoció públicamente el impacto que le generó conocer la noticia: «Es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo. No puedo decir nada más, discúlpeme, estoy muy afectado», señaló White. El alcalde agregó, con crudeza: «La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino». Según pudo saber Radio Bío Bío, White debió ingresar a un centro asistencial tras conocer los antecedentes, manteniendo un pronóstico reservado.
Carabineros reforzó de inmediato las medidas de seguridad que ya mantenía el alcalde, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó el aumento del resguardo, aunque evitó entregar detalles específicos por razones de seguridad. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, expresó su solidaridad con el edil.
No es la primera amenaza que enfrenta
Este episodio no es aislado en la gestión de White. En mayo de este año, el propio alcalde había revelado a La Tercera que llevaba recibidas cinco amenazas de muerte durante sus cinco años en el cargo, la primera de ellas luego de que su municipio desarticulara una red de venta de cigarrillos de contrabando. «Es complejo porque sabes que estás enfrentando una asociación ilícita que es el crimen organizado, que la forma que tiene de crecer es haciendo justamente esto, atemorizando a quien lo quiera enfrentar», había declarado entonces. White contaba ya con un escolta personal y vigilancia especial para su familia, medidas que ahora se intensificaron tras conocerse este nuevo plan.
Una condena transversal
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió una declaración pública condenando «enérgicamente» las amenazas y expresando su respaldo total al alcalde, su familia y los funcionarios municipales. «Los antecedentes conocidos sobre un presunto plan para atentar contra su vida representan un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta rápida y contundente del Estado. Ninguna autoridad local puede quedar expuesta por cumplir con su deber y enfrentar al crimen organizado en sus territorios», sostuvo la organización, haciendo un llamado directo al Gobierno, las policías y el Ministerio Público para reforzar todas las medidas necesarias.
La pregunta de fondo: ¿y el Congreso?
El caso de White se conoce justo cuando la agenda de seguridad del Gobierno atraviesa uno de sus momentos más complejos en el Congreso. Como ya hemos reportado, el Senado resolvió a fines de agosto congelar la discusión de la reforma constitucional de seguridad para abrir una nueva ronda de negociación sobre su contenido, mientras el Ejecutivo acumula decenas de urgencias legislativas pendientes. Apenas esta semana, el Gobierno debió renovar la urgencia a 23 iniciativas de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, dando discusión inmediata a solo 10 de ellas, en un intento por destrabar el paquete completo.
Mientras el crimen organizado demuestra, con un plan concreto de asesinato contra una autoridad electa, su capacidad de intimidar y amenazar directamente a quienes lo enfrentan, la discusión legislativa sobre las herramientas para combatirlo sigue sujeta a negociaciones políticas, tensiones internas, y desacuerdos con la oposición sobre el alcance de las nuevas atribuciones del Estado. El contraste entre la velocidad con la que actúan las organizaciones criminales y los tiempos de tramitación de una reforma que lleva meses en discusión es, para buena parte de la opinión pública y de los propios alcaldes del país, cada vez más difícil de justificar.
Un fenómeno que no es exclusivo de Chile
El caso también se enmarca en una tendencia regional que distintos análisis ya han documentado: en Ecuador, los asesinatos de los alcaldes Agustín Intriago (julio de 2023) y Brigitte García (marzo de 2024) llevaron a que 45 alcaldes de ese país solicitaran protección policial en un año, con 17 de ellos ya bajo resguardo estatal permanente. Especialistas en la materia advierten que, cuando la protección policial para autoridades locales comienza a solicitarse de forma masiva, la amenaza del crimen organizado deja de ser un hecho excepcional para convertirse en una condición estructural del ejercicio del cargo.
