La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto conocido como Antibarricadas 2.0, por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, marcando un primer avance concreto para una de las iniciativas de la agenda de seguridad del Gobierno que había sido priorizada esta semana con discusión inmediata.
Qué aprobó exactamente la comisión
Es importante precisar el alcance de este paso. Se trata de la aprobación en general de la idea de legislar, es decir, el visto bueno inicial para que el proyecto continúe su tramitación y sea discutido artículo por artículo, no de su despacho definitivo. El texto ahora deberá seguir su trámite en la propia Cámara antes de pasar al Senado.
El contenido del proyecto
La iniciativa fue ingresada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el lunes 17 de agosto, como parte de un paquete de nueve proyectos de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), junto con la modernización del Sistema Nacional de Registros de ADN. Su objetivo es modificar la actual ley antibarricadas, vigente desde 2020, que tipifica como delito el corte violento de calles. El cambio central que propone el Ejecutivo es eliminar la exigencia de violencia, intimidación y obstrucción total del tránsito, ampliando el tipo penal para sancionar también los cortes parciales de vías.
El proyecto además extiende el ámbito de aplicación de la norma. Donde hoy se habla de «vía pública», pasaría a cubrir la interrupción de cualquier servicio de transporte, incluyendo el terrestre, el ferroviario y, de forma explícita, el Metro, estableciendo penas de presidio menor para quienes bloqueen rutas o interrumpan el transporte de pasajeros o de carga sin autorización.
La defensa del Gobierno
Al ingresar el proyecto, Arrau fue categórico: «La señal es clara: modificaremos el Código Penal para abarcar las situaciones que no quedaron comprendidas en la ley, se acabó la impunidad para quienes bloquean calles, paralizan el Metro y vulneran la libertad de todos los chilenos». El ministro fue igual de directo tras la votación en comisión: «Los chilenos tienen derecho a transitar libremente por las vías, por el transporte público y por eso presentamos el proyecto de la ley antibarricadas 2.0. ¿Qué es lo que busca? Que se sancione el corte, ya sea total o parcial y que no exista este corte de tránsito pacífico». En una intervención previa, Arrau también había planteado que «cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta».
Las advertencias del mundo jurídico
No todas las voces coinciden con el enfoque del proyecto. El abogado penalista Mauricio Daza advirtió que, de aprobarse tal como está redactado, sus efectos podrían alcanzar a personas que participen en manifestaciones o formen parte de organizaciones sociales, incluyendo sindicatos y comunidades indígenas que interrumpan parcialmente el tránsito para hacer valer sus demandas. «En esos casos claramente estarían cometiendo el delito si es que se aprueba esta Ley Antibarricadas 2.0», señaló, agregando que «el mayor riesgo es que esto se utilice de forma arbitraria como instrumento de persecución política».
Daza también cuestionó la necesidad misma de la reforma, recordando que la legislación vigente ya sanciona los cortes de calle violentos o con daños: «En la actualidad el que se hagan barricadas en fórmula violenta o causando daño ya son constitutivos delitos». El especialista vinculó además la discusión con el derecho a manifestación, consagrado en la Constitución y en los textos constitucionales de otras democracias occidentales, calificando la iniciativa como «un sinsentido» que «no atiende a las necesidades reales de seguridad ciudadana».
Una votación dividida, no unánime
El resultado de 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención confirma que, pese a avanzar, el proyecto está lejos de contar con un respaldo transversal en su etapa inicial. Este patrón es similar al observado en otras iniciativas de la misma agenda de seguridad, como la ley «antiencapuchados» —aprobada en la Cámara el 24 de junio por 100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, con el rechazo de bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista— o la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco (Ley Naín-Retamal 2.0), donde la propia oposición ha actuado dividida internamente.
El contexto: un proyecto que avanza mientras otros siguen entrampados
Este avance se produce apenas días después de que el Gobierno renovara la urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad, otorgando discusión inmediata a 10 de ellas, en medio de un escenario donde la reforma constitucional de seguridad permanece congelada en el Senado para una renegociación de sus contenidos. La aprobación en comisión de la idea de legislar del proyecto Antibarricadas 2.0 se convierte así en una de las señales más concretas de avance que exhibe el Ejecutivo en su paquete de seguridad durante la última semana, aunque el proyecto deberá superar aún varias etapas —incluyendo la discusión particular en la Cámara y su tramitación completa en el Senado— antes de convertirse en ley.
