El Congreso Nacional despachó a ley este martes, con apoyo unánime en ambas cámaras, el proyecto que extiende y amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la compra de vivienda nueva. La iniciativa, impulsada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, completó todo su trámite legislativo en apenas siete días: ingresó al Congreso el 4 de agosto y quedó despachada este 11 de agosto, en lo que distintos medios calificaron como una tramitación «exprés» o «flash», pocas veces vista por su rapidez y por el respaldo transversal que logró reunir.
Un respaldo sin fisuras en ambas cámaras
El nivel de consenso alcanzado por el proyecto es, en sí mismo, una noticia relevante. En su primer trámite, la iniciativa fue aprobada por unanimidad tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala de la Cámara de Diputados, donde obtuvo 139 votos a favor. Ya en el Senado, repitió el mismo patrón: aprobación unánime en la Comisión de Hacienda y, finalmente, 33 votos a favor sin ningún rechazo ni abstención en la Sala.
Los tres cambios concretos, ya convertidos en ley
Con el despacho de este martes quedan confirmados los tres ajustes centrales que el proyecto contemplaba. El número de cupos disponibles sube de 50.000 a 80.000, es decir, 30 mil cupos adicionales; el valor máximo de las viviendas elegibles aumenta de 4.000 a 6.000 UF; y la vigencia del beneficio se extiende hasta el 31 de mayo de 2028. Además, se autorizó al Fisco a realizar aportes de hasta US$175 millones al patrimonio del Fogaes, recursos que —según precisa el propio proyecto— corresponden a operaciones «bajo la línea», por lo que no afectan el patrimonio neto del Estado.
Por qué había que actuar rápido
La urgencia con que se tramitó la iniciativa no fue casual. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó el problema que estaba a punto de materializarse: «este es un programa que venía funcionando bien y se estaba agotando. De los 50 mil subsidios iban quedando 10 mil y en septiembre se iba a extinguir el beneficio». Es decir, sin esta ampliación, miles de familias que ya estaban en proceso de acceder al subsidio habrían quedado sin esa posibilidad en cuestión de semanas.
El impacto real en el dividendo mensual
Más allá de las cifras generales, el proyecto tiene un efecto directo y medible en el bolsillo de las familias. Según estimaciones oficiales, para una vivienda de 5.000 UF financiada a 25 años con un crédito equivalente al 90% de su valor, el dividendo mensual bajaría desde aproximadamente $950 mil a $850 mil gracias al Fogaes ampliado, y podría reducirse hasta cerca de $770 mil al combinarse con la exención transitoria del IVA a la compra de viviendas nuevas —beneficio ya contemplado en la Ley de Reconstrucción Nacional, despachada semanas atrás y a la espera de su promulgación—. En términos de tasa, el beneficio busca bajar el interés hipotecario desde niveles cercanos al 4% hasta cerca del 3%, con un pie de 10%.
Cuánto del mercado inmobiliario queda cubierto
El nuevo tope de 6.000 UF no es un ajuste menor en términos de cobertura real. Según el Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), este nuevo límite abarca el 88,1% del stock de viviendas nuevas disponibles en el país al primer trimestre de 2026, ampliando de forma significativa el universo de propiedades a las que las familias pueden acceder con este beneficio. Según las estimaciones del Gobierno, la combinación de ambas medidas —tasa subsidiada y exención de IVA— podría reducir en torno a un 10% el precio efectivo de las viviendas mientras esté vigente el programa.
Un reconocimiento inusual desde la oposición
Uno de los aspectos más destacables de esta tramitación fue el amplio consenso político logrado, algo poco habitual en el actual escenario legislativo. Desde la propia oposición se reconoció el mérito de la política pública, aunque atribuyéndole también parte de su origen a la administración anterior. Se destacó que el respaldo transversal responde a que se trata de una «buena política pública» que ya se venía implementando, y que la actual administración decidió profundizar y ampliar ante el riesgo de que se agotara.
Lo que viene
Con el proyecto ya despachado por el Congreso Nacional, solo resta su promulgación formal para que la ampliación entre en régimen. Junto con la exención de IVA de la Ley de Reconstrucción —también pendiente de promulgación—, ambas medidas quedarán operando en conjunto, ofreciendo a las familias chilenas la combinación de beneficios que el Gobierno ya había descrito como «inédita» al momento de presentar el proyecto la semana pasada.
