Carabineros identificó a un niño de 12 años como uno de los presuntos autores del lanzamiento de bombas molotov contra la 54ª Comisaría y la 6ª Compañía de Bomberos de Huechuraba, en hechos ocurridos durante la noche del domingo. El caso, que en un primer momento se vinculó a la proximidad del aniversario del 11 de septiembre, terminó revelando un origen completamente distinto y, sobre todo, expuso un vacío que ninguna de las reformas de seguridad actualmente en discusión en el Congreso está en condiciones de resolver.
Un accidente que derivó en un ataque incendiario
Según reconstruyeron Carabineros y distintos medios, todo comenzó cuando uno de los integrantes de un grupo de tres o cuatro menores sufrió una caída mientras andaba en bicicleta. El grupo acudió primero al cuartel de Bomberos a pedir ayuda para trasladarlo, pero los voluntarios no pudieron hacerlo debido a sus protocolos institucionales. Según los antecedentes recabados, algo similar habría ocurrido después en la comisaría del sector. Horas más tarde, el mismo grupo regresó y lanzó artefactos incendiarios contra ambos recintos.
El teniente Carlos Cortés explicó que la identificación del menor de 12 años se logró revisando cámaras de seguridad del sector y mostrando las imágenes a testigos, quienes reconocieron «las características físicas y de vestimenta» de quien había participado en ambos ataques. Carabineros descartó expresamente cualquier motivación política o vinculada a la conmemoración del golpe de Estado. Los ataques no dejaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en ninguno de los dos cuarteles. Se busca aún a otros tres presuntos participantes, todos también menores de edad.
Por qué el niño no puede ser procesado penalmente
Debido a su edad, el menor no pudo ser detenido. En Chile, la responsabilidad penal solo se aplica desde los 14 años, por lo que un niño de 12 es legalmente inimputable, sin importar la gravedad del hecho cometido. Tras las diligencias correspondientes, fue entregado a sus padres, y Carabineros presentó una denuncia por vulneración de derechos ante un Tribunal de Familia, la única vía disponible para este tipo de casos, orientada a la protección del menor y no a su sanción penal.
El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, reaccionó con dureza, calificando el hecho como un «acto de terrorismo» y anunciando la presentación de una querella criminal: «Los atentados al cuartel de Bomberos y Carabineros en Huechuraba son actos de terrorismo que no vamos a tolerar», sostuvo el jefe comunal —aunque cabe precisar que, dada la inimputabilidad del menor, esa vía judicial no podría derivar en una condena penal en su contra.
El contraste con la agenda de seguridad del Gobierno
Este caso deja en evidencia un vacío que ninguna de las principales iniciativas de la agenda de seguridad actualmente en el Congreso está diseñada para resolver. El proyecto sobre responsabilidad penal adolescente, que como ya hemos reportado avanza en el Senado —incluyendo la posibilidad de decretar prisión preventiva para adolescentes imputados por crímenes—, se aplica específicamente al tramo etario entre los 14 y los 17 años, es decir, a quienes la ley chilena ya reconoce como imputables bajo un régimen especial. Un niño de 12 años queda, por definición legal, completamente fuera del alcance de esa reforma, sin importar cuán endurecida termine siendo su versión final.
Lo que sí conecta este episodio con el discurso de seguridad que ha sostenido el Gobierno durante los últimos meses es el patrón de fondo que sus autoridades han denunciado reiteradamente. El aumento de ataques contra Carabineros y Bomberos como blanco directo de violencia, un fenómeno que —como ya vimos a propósito del asesinato de un carabinero en Renca— el ministro Arrau ha utilizado para recalcar la urgencia de dotar de más herramientas legales al Estado. El caso de Huechuraba añade una dimensión inédita a ese diagnóstico: la de menores de apenas 12 años ya involucrados en ataques incendiarios contra instituciones de emergencia y seguridad, un fenómeno para el cual el actual paquete legislativo, centrado en adolescentes de 14 años o más y en el resguardo de policías adultos, no contempla una respuesta específica.
Un debate pendiente
El episodio reabre una discusión de fondo que trasciende la coyuntura. Qué hacer con niños menores de 14 años que participan en hechos de violencia grave, considerando que la legislación chilena los excluye por completo del sistema de responsabilidad penal, dejando como única herramienta disponible la vía de protección de derechos ante los Tribunales de Familia, un mecanismo pensado para resguardar al menor, no para abordar la gravedad de los hechos que pudo haber cometido.
