Inspirado en la columna «Trampa y paga usted», de Magdalena Merbilháa, publicada en El Líbero.
Esta semana Chile recibió dos noticias que, a primera vista, parecen no tener relación. La primera: el gobierno de Kast reveló que la administración de Boric dejó US$10.500 millones de deuda que no estaban en los libros. La segunda: Codelco admitió haber inflado su producción de cobre en casi 27.000 toneladas para que sus ejecutivos y trabajadores cobraran bonos que no merecían.
Son dos escándalos distintos. Pero tienen el mismo ADN: maquillar resultados con dinero de todos los chilenos para que unos pocos se lleven beneficios que no ganaron.
La analista Magdalena Merbilháa lo describió con precisión quirúrgica en su columna publicada en El Líbero: en el Estado chileno existe un sistema perverso donde las propias instituciones definen sus indicadores de desempeño, buscan cosas fáciles de cumplir que dependen de burocracia interna, y no del impacto real ni de la calidad del servicio entregado a los ciudadanos. El caso de Codelco es la versión más escandalosa y visible de ese sistema. Pero está lejos de ser la única.
El escándalo Codelco: 27.000 toneladas que no existían
Los hechos son contundentes. Una auditoría interna de Codelco detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas reportadas como producción efectiva, sin cumplir con las exigencias técnicas, administrativas y comerciales de los protocolos internos de la compañía. En diciembre de 2025, la producción de Codelco fue celebrada como un récord histórico. La realidad era otra.
Las consecuencias no se hicieron esperar. La corrección obligará a recalcular bonos por US$14,3 millones a más de 6.322 trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y la Casa Matriz, equivalente a cerca de $2 millones promedio por persona.
Codelco desvinculó a César Márquez, gerente de Presupuesto y Control de Gestión, determinado como el responsable directo, y apunta además a la responsabilidad del exvicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la cuprífera en febrero tras ocultar información al Sernageomin por un accidente fatal en El Teniente.
Diputados de RN y Republicanos ya oficiaron a Contraloría para investigar posibles delitos como fraude o alteración maliciosa de información. Hay una denuncia formal ante el Ministerio Público.
El sistema que lo permite: el PMG, el bono que nadie pierde
Pero Merbilháa va más lejos en su análisis. El caso Codelco no es una anomalía aislada. Es el reflejo extremo de un sistema que está instalado en todo el aparato estatal chileno.
En el sector público, los bonos de desempeño se agrupan en la denominada Ley 19.553, que puede representar hasta el 30% de la renta bruta de un funcionario. El mecanismo, conocido como Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), establece que si una institución cumple sobre el 90% de sus metas recibe un bono del 7,6%; entre 75% y 89%, un 3,8%. Suena razonable. El problema es que las instituciones se autoevalúan. Y como apunta Merbilháa, nadie nunca reprueba su propia prueba.
El resultado es tan predecible como revelador. Prácticamente la totalidad de los servicios públicos chilenos declara cumplir sus metas al 90% o más, año tras año, gobierno tras gobierno. Si eso fuese cierto, los servicios del Estado serían una máquina perfecta de eficiencia y calidad. Cualquier chileno que haya sacado hora en el CESFAM, renovado su carné o tramitado un beneficio social sabe que no es así.
Como concluye con precisión Merbilháa: «Un servicio público puede estar sumido en una crisis de atención ciudadana y paralelamente registrar 100% en el cumplimiento de su PMG.» Exactamente lo mismo que Codelco: pérdidas, caída de producción real, y métricas internas que decían que todo estaba según lo planificado.
El paralelo perfecto: Boric, los números y la deuda que no aparecía
El escándalo de Codelco y el IFP revelado ayer por Quiroz convergen en un mismo punto: en el Chile que recibió el gobierno de Kast, inflar los números para mostrar una realidad mejor de la que existe parece haber sido una práctica transversal.
El ministro Quiroz reveló que el IFP del cuarto trimestre de 2025, entregado en febrero por el gobierno anterior, no habría considerado deuda por unos US$10.500 millones para el período 2026-2030, alterando las proyecciones oficiales sobre el nivel de endeudamiento del país para los próximos años.
El mecanismo es distinto. El resultado es el mismo. Maquillar los datos para mostrar una situación más favorable, cobrar los beneficios políticos correspondientes y dejar que otro pague la cuenta después. En Codelco la cuenta la pagan 6.300 trabajadores que ahora deben devolver sus bonos. En las finanzas públicas del país, la cuenta la pagamos todos los chilenos con más deuda, más déficit y menos espacio fiscal para salud, educación y pensiones.
El círculo perverso que nadie quiere romper
Lo más preocupante del análisis de Merbilháa no es el escándalo en sí, sino el sistema que lo hace posible y lo perpetúa. Cuando los incentivos económicos dependen de la autoevaluación, cuando calificar mal el desempeño de alguien tiene consecuencias legales bajo leyes como la Ley Karin, y cuando los gremios negocian para que quienes no cumplen el PMG igual reciban su bono, el sistema deja de ser un mecanismo de eficiencia y se convierte, como lo define la propia columnista, en una «real mafia con el dinero de todos los chilenos.»
El círculo se cierra solo. Todos reciben notas máximas, nadie puede corregir sin arriesgarse a consecuencias, los malos son calificados como buenos para evitarse problemas, y los bonos siguen fluyendo independientemente de los resultados reales. El ciudadano que lo financia con sus impuestos recibe, al final del día, un servicio que no mejora.
Lo que viene: ¿alguien devolverá la plata?
La pregunta que Merbilháa deja abierta es la más incómoda de todas: ¿cuánto del dinero mal habido retornará realmente a las arcas fiscales?
En Codelco, los US$14,3 millones en bonos deberán recalcularse y devolverse, pero los plazos son inciertos y la investigación penal congela el escenario administrativo. Diputados ya advierten que el caso podría involucrar delitos como fraude y están presionando a Contraloría para que actúe con rapidez.
En las finanzas públicas, la investigación que abrió Quiroz para determinar si la omisión de la deuda fue un error o existió dolo apenas comienza. Los resultados pueden tardar meses.
Mientras tanto, como concluye Merbilháa con una frase que resume todo: «Hay trampa y primeramente la paga usted. El punto es que una vez visto y aclarado lo fraudulento del sistema es ver cuánto del dinero mal habido retorna a las arcas fiscales. Mientras tanto, paga usted y aumenta el déficit fiscal.»
Chile lleva demasiado tiempo pagando la trampa de otros. Ya es hora de que alguien rinda cuentas.
