Un quinto del presupuesto anual del ministerio más usado por los chilenos de a pie. Compromisos que no tienen contrato. Garantías que nunca se cobraron. Multas que nadie ejecutó. El nuevo ministro De Grange abrió los cajones del Ministerio de Transportes y lo que encontró adentro no tiene explicación.
Hay ministerios que parecen invisibles hasta que algo sale mal. El de Transportes es uno de ellos. Millones de chilenos dependen cada día de las decisiones que se toman ahí adentro: el precio del bus, la frecuencia del Metro, las tarifas del transporte escolar, las concesiones de carreteras. Es, en términos prácticos, uno de los ministerios que más impacta la vida cotidiana del ciudadano común y corriente.
Por eso lo que encontró el ingeniero Louis de Grange cuando llegó al cargo el 11 de marzo no es solo un problema administrativo. Es una traición a quienes usan el transporte público todos los días.
El hallazgo: $30 mil millones que no tienen ningún respaldo
En el contexto de la «Inspección Total del Estado», la actual administración del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones descubrió más de $30 mil millones en deudas «fantasmas», es decir, que no cuentan ni con contratos ni con los trámites administrativos pertinentes.
Detengámonos ahí un momento. Una deuda «fantasma» no es una deuda mal documentada ni una factura extraviada. Es un compromiso de pago que el Estado adquirió con algún proveedor o contratista, pero que no tiene ni el contrato que lo respalda ni el trámite administrativo que lo justifica. En términos simples, alguien prometió pagar, se pagó o se dejó de pagar, y no hay papel que diga por qué, cómo ni a quién.
La cartera liderada por Louis de Grange reveló que estas irregularidades corresponden a compromisos de años anteriores que no fueron pagados de forma oportuna, algunos de ellos desde hace cuatro años, y que por ello impactan en el presupuesto del 2026. De hecho, la suma en cuestión representa un quinto de los recursos disponibles para el MTT este año.
Un quinto. El 20% del presupuesto anual del Ministerio de Transportes está comprometido en deudas que no deberían existir según los estándares mínimos de administración pública. Eso significa que De Grange llegó al cargo con una quinta parte de su presupuesto ya gastada en problemas heredados, antes de poder hacer cualquier cosa nueva.
El caso Tapusa: cuando el desorden tiene nombre y apellido
Entre los hallazgos más concretos de la auditoría aparece el caso de Tapusa S.A., una empresa que operaba servicios de transporte con recursos del ministerio y que dejó una cadena de deudas sin resolver que involucra a múltiples proveedores.
Para subsanar la deuda por $3.800 millones que Tapusa S.A. dejó con sus proveedores, se estableció una conciliación judicial.
El detalle es revelador. Si el gobierno tuvo que recurrir a una conciliación judicial para resolver las deudas de un operador de transporte con sus proveedores, significa que el ministerio no tenía los mecanismos ni la voluntad de ejecutar las garantías y multas que cualquier contrato de este tipo debería contemplar. La empresa incumplió. Los proveedores quedaron sin pago. Y el ministerio no activó los mecanismos que tenía disponibles para protegerlos.
Los tres problemas que la auditoría encontró en Transportes
La auditoría del gobierno identificó tres grandes categorías de irregularidades en el Ministerio de Transportes, cada una más grave que la anterior:
1. Control financiero inexistente
Se detectaron problemas relevantes de control financiero, rendiciones pendientes y falta de cobro de garantías y multas que han afectado, además del funcionamiento financiero del ministerio, la materialización de programas y servicios que este financia.
En lenguaje simple: el ministerio tenía contratos con empresas que incluían garantías y multas por incumplimiento, y simplemente no las cobró. El dinero que debía entrar al Estado por esa vía nunca llegó. Los operadores de transporte que no cumplieron sus compromisos no pagaron ninguna consecuencia.
2. Rendiciones pendientes que nadie exigió
El sistema de rendiciones existe para que el Estado sepa exactamente en qué se gastó el dinero público que transfirió a terceros. Sin rendición válida, no hay trazabilidad. No hay control. No hay posibilidad de detectar fraudes. En el Ministerio de Transportes del gobierno de Boric, las rendiciones pendientes se acumularon durante años sin que nadie las exigiera con la urgencia que el manejo de recursos públicos requiere.
3. Multas que nunca se ejecutaron
Cada vez que un operador de transporte incumple las condiciones de su contrato con el Estado, existe un mecanismo para sancionarlo: la multa. Es la herramienta básica de fiscalización. En el Ministerio de Transportes de la administración anterior, esas multas simplemente no se cobraron. Los incumplimientos quedaron sin consecuencia. Y el dinero que debía recuperarse para el fisco se perdió.
Lo que esto significa para el transporte público de Chile
Las consecuencias de este desorden no son abstractas. Se traducen directamente en la calidad del servicio que los chilenos reciben cada vez que suben a un bus o al Metro.
Cuando un ministerio llega al año con un quinto de su presupuesto comprometido en deudas heredadas que no tienen respaldo administrativo, tiene menos dinero disponible para lo que realmente importa: mantener las frecuencias del transporte público, subsidiar las tarifas de los más vulnerables, invertir en infraestructura y fiscalizar que los operadores cumplan sus compromisos.
El ministro De Grange ya anunció medidas del plan Chile Sale Adelante para apoyar al transporte en todo el país, contemplando recursos para estabilizar las tarifas del transporte público en Santiago y regiones durante 2026, disponiendo recursos para los operadores de transporte público en buses urbanos y rurales, zonas aisladas, taxis, taxis colectivos y transporte escolar, además de trenes urbanos de EFE. Pero esas medidas deben financiarse con un presupuesto que ya llega comprometido en un 20% por las deudas que dejó la administración anterior.
El perfil del ministro que encontró el problema
Louis de Grange no llegó a Transportes sin experiencia. Es ingeniero civil de la Universidad Católica y tiene un currículum en el sector que pocos pueden igualar. Fue presidente del directorio del Metro de Santiago durante cuatro años, entre 2018 y 2022, período en el que lideró la reconstrucción del sistema tras el devastador incendio de 25 estaciones durante el estallido social de 2019.
Conoce el sector. Conoce los contratos. Conoce cómo se administra una institución de transporte público de gran escala. Y precisamente por eso, lo que encontró en los cajones del ministerio le resultó inexplicable.
Hoy De Grange tiene además la doble responsabilidad de ser biministro de Transportes y Obras Públicas, lo que lo convierte en uno de los ministros con mayor carga de gestión del gabinete de Kast. Su primera tarea urgente: ordenar la casa que otros dejaron desordenada durante cuatro años.
La investigación: ¿error administrativo o algo más?
La auditoría del gobierno no cierra el caso con la constatación de las irregularidades. Las deriva a quien corresponde investigarlas.
El Ejecutivo instruyó abrir investigaciones particulares en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto a Junaeb, el Ministerio de la Mujer y la ANID. La subsecretaria Castillo precisó que los antecedentes detectados van desde errores e inconsistencias hasta eventuales irregularidades o hechos de relevancia penal.
Hechos de relevancia penal. La misma frase que apareció en el caso de las «onces fantasmas» de la Junaeb. La misma que abre la puerta a que lo encontrado en el Ministerio de Transportes no sea solo desorden administrativo, sino algo que los tribunales deberán calificar.
El exministro Juan Carlos Muñoz, quien condujo el Ministerio de Transportes durante los cuatro años del gobierno de Boric, no ha entregado declaraciones públicas sobre los hallazgos de la auditoría. Su silencio es, por ahora, la única respuesta que existe desde el bando de los responsables.
Lo que viene: De Grange ordena, la Contraloría investiga
El ministro De Grange anunció que el ministerio está trabajando para regularizar la situación de las deudas heredadas, estableciendo prioridades de pago y exigiendo las rendiciones pendientes que no fueron presentadas durante la administración anterior.
En paralelo, la Contraloría General de la República ya recibió los antecedentes recopilados por la auditoría del gobierno y tiene la facultad de abrir sumarios administrativos contra los funcionarios responsables de las irregularidades detectadas.
Chile tiene un Ministerio de Transportes con una quinta parte de su presupuesto anual comprometido en deudas que no tienen contrato. Con garantías que no se cobraron, multas que no se ejecutaron y rendiciones que nadie exigió. Todo durante cuatro años. Todo con dinero de todos los chilenos. Y todo, hasta ahora, sin ninguna consecuencia para quienes lo administraron.
Eso está a punto de cambiar.
