Un presidente elegido con el 32% de los votos hace seis meses. Una crisis económica heredada de 20 años de socialismo. Un expresidente prófugo de la justicia acusado de pedofilia manejando los hilos desde la clandestinidad. Cuatro muertos, hospitales sin oxígeno, 5.000 camiones varados y una capital sitiada. Bolivia no está viviendo una revolución. Está viviendo el último capítulo del manual que la izquierda radical latinoamericana repite una y otra vez: cuando pierde en las urnas, va a la calle. Y no para pedir, sino para destruir.
Hay una fecha que los bolivianos conocen de memoria: 2003. Ese año, bloqueos similares a los de hoy derrocaron al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Dos años después, en 2005, la misma estrategia cayó sobre Carlos Mesa. Ambos eran presidentes democráticamente electos. Ambos respondieron con diálogo. Ambos terminaron renunciando bajo la presión de las calles. Y en ambos casos, el beneficiario final fue el mismo hombre: Evo Morales.
Hoy, en mayo de 2026, Bolivia vive exactamente el mismo guión. Con el mismo hombre detrás.
Primero, el contexto: qué eligieron los bolivianos en noviembre de 2025
Rodrigo Paz llegó al poder hace seis meses generando esperanzas entre los bolivianos en medio de la peor crisis económica en décadas y el hartazgo por los gobiernos de izquierda en los últimos 20 años. No llegó imponiendo nada. Llegó porque los bolivianos lo eligieron, hartos de dos décadas de socialismo que dejó al país en la peor situación económica desde los años 80.
Rodrigo Paz accedió a la presidencia con el 32% de los votos en un escenario electoral altamente polarizado. El Parlamento, dominado por una alianza de centro-derecha, lo respaldó, dejando sin espacio institucional a otras fuerzas sociales y políticas.
Ese es el punto de partida. Bolivia eligió democráticamente un cambio de rumbo. La izquierda perdió en las urnas. Y lo que no pudo ganar con votos, decidió intentarlo con bloqueos.
El asedio: cómo se sitiaron 1,6 millones de personas
Debido a una peculiaridad geográfica, las barreras levantadas en las laderas que conducen a La Paz pueden aislar por completo a más de 1,6 millones de habitantes de la ciudad y sus alrededores, más del 13% de la población del país.
Esta semana, esa estrategia alcanzó su punto más crítico. Sindicatos campesinos, organizaciones obreras y sectores afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas las rutas estratégicas que conectan a la sede del Gobierno con el resto del país y con las fronteras de Perú y Chile. Aproximadamente 5.000 camiones de alto tonelaje se encuentran varados en las carreteras, transportando desde combustible y animales vivos hasta productos de exportación.
Las consecuencias no son abstractas. El Servicio Departamental de Salud de La Paz declaró en estado de emergencia a los hospitales del departamento debido al desabastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustibles, advirtiendo que varios centros contaban con reservas de oxígeno únicamente para un plazo estimado de tres días.
«Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando», dijo a la AFP Zulma Hinojosa, de 44 años, cuyo pequeño hijo sufre de asma y problemas en el corazón. El gobierno boliviano confirmó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años, por la imposibilidad de acceder a atención médica a tiempo.
Un niño de 12 años muerto, porque los bloqueos le impidieron llegar al hospital. Eso es lo que produce la «movilización social» de la izquierda radical cuando se sale de control.
El hombre detrás del telón: Evo Morales, fugitivo y agitador
La pregunta que todo análisis serio debe hacerse es: ¿quién está detrás de esto? La respuesta que el propio gobierno boliviano da es clara y documentada.
El Gobierno apunta directamente al expresidente fugitivo Evo Morales, al que acusa de alentar las movilizaciones para forzar una salida anticipada del mandatario. Morales reclamó elecciones en un plazo de 90 días.
Morales está desde octubre de 2024 atrincherado en su feudo cocalero en el Chapare, al centro de Bolivia, donde ha evitado declarar sobre un caso de presunto abuso a una menor.
El presidente Paz fue directo al nombrarlo: «Evo necesita que esto se interrumpa porque tiene procesos judiciales. En la Argentina tiene procesos por pedofilia, por estar con menores. Por eso quiere retomar el poder.»
El cuadro es revelador. Un hombre acusado de delitos gravísimos, prófugo de la justicia, que utiliza a sindicatos, campesinos y organizaciones sociales como piezas en un tablero cuyo único objetivo es su propia impunidad. No le importa si muere un niño de 12 años sin poder llegar al hospital. No le importa si los hospitales se quedan sin oxígeno. Lo que le importa es que Rodrigo Paz caiga, y con él, los procesos judiciales en su contra.
El presidente que insiste en dialogar aunque nadie quiera dialogar
Lo más revelador de la crisis boliviana es la actitud del gobierno de Paz frente a la escalada. Mientras la izquierda bloquea, destruye y exige renuncias, el presidente elegido democráticamente sigue insistiendo en el diálogo.
«La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala», dijo Paz en una entrevista con CNN. «Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas.»
Paz se ha resistido hasta ahora a los llamados a desplegar mayor fuerza para romper los bloqueos e insiste en el diálogo, con esfuerzos impulsados por las fuerzas políticas en el Congreso, la Iglesia Católica y otros, sin frutos concretos hasta ahora. Ha ofrecido bonos a los maestros, llegó a acuerdos con algunos mineros, redujo su propio salario a la mitad, destituyó a su impopular ministro de Trabajo y nombró a un abogado perteneciente a la mayoría indígena del país para el cargo.
La respuesta de los manifestantes ante cada concesión fue la misma: seguir bloqueando. Porque el objetivo nunca fue el diálogo. Tanto la COB como Evo Morales anunciaron que no desconvocarán las movilizaciones hasta que se produzca la dimisión del presidente.
No quieren negociar. Quieren que se vaya. La diferencia entre ambas posiciones es la diferencia entre la democracia y el asalto al poder.
El Parlamento responde: Bolivia se arma legalmente para defenderse
Ante el fracaso del diálogo y la escalada de la crisis, el Congreso boliviano tomó una decisión histórica.
La norma eliminada, conocida como ley Eva Copa, imponía restricciones al uso de los militares en disturbios civiles. Su derogación, aprobada con más de dos tercios de votos en ambas cámaras, no supone la declaración automática de un estado de excepción, pero deja al Ejecutivo con el camino legal libre para adoptarlo.
Paz fue claro sobre lo que viene si el diálogo sigue sin respuesta: «Si no quieren dialogar… entonces viene la ley. Si tenemos muertos a causa de los bloqueos, alguien tiene que responder.»
La comunidad internacional ya expresó su respaldo al gobierno e instó a la preservación del orden democrático, entre ellos ocho países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y el Consejo Permanente de la OEA.
El manual que se repite: de Bolivia a Chile, la misma estrategia
Lo que está pasando en Bolivia no es un fenómeno aislado. Es el mismo manual que la izquierda radical latinoamericana aplica en cualquier país donde pierde el poder democráticamente.
El esquema es siempre idéntico: perder las elecciones, negarse a reconocer la legitimidad del resultado, movilizar bases sindicales y sociales, bloquear carreteras y servicios esenciales, generar caos y desabastecimiento, exigir renuncias, y esperar que el gobierno democrático ceda o caiga.
Lo vimos en Chile en 2019. Lo vemos en Bolivia en 2026.
El riesgo país de Bolivia registró un deterioro acelerado en mayo: el EMBI pasó de niveles cercanos a 350 puntos básicos a superar los 605 el 22 de mayo, casi el doble en apenas 20 días. Ese número tiene nombre: es el costo de la inestabilidad. Es lo que paga un país cuando la izquierda radical decide que las calles valen más que las urnas.
Bolivia eligió democráticamente. Bolivia está pagando el precio de esa elección con bloqueos, muertos y hospitales sin oxígeno. Y el hombre que está detrás de todo, prófugo y acusado de los peores crímenes, sigue operando desde su feudo en el Chapare, esperando que el caos haga su trabajo.
La pregunta que América Latina debe hacerse es cuántas veces más va a permitir que esto ocurra.
