Este martes 7 de julio, en medio del debate más urgente que tiene Chile en materia de seguridad, el Senado aprobó en general la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con 37 votos a favor y 3 en contra. El resultado es uno de los más amplios y transversales que ha cosechado la agenda de seguridad del Presidente José Antonio Kast en el Congreso. Y los tres votos en contra lo dicen todo: Claudia Pascual del PC, Beatriz Sánchez del FA y un tercer senador de ese mismo sector político.
Qué aprobó el Senado — y por qué importa
La reforma modifica el sistema de justicia penal para adolescentes en tres ejes fundamentales. Primero, unifica el tope de penas en hasta 10 años para menores condenados por delitos graves, eliminando la posibilidad de rebajar automáticamente las sanciones por el solo hecho de ser menor de edad. Segundo, establece que adolescentes de 17 años y 6 meses en adelante podrán cumplir condena en secciones juveniles dentro de cárceles para adultos cuando la gravedad del delito lo justifique. Tercero, incorpora la reincidencia como factor gravoso, elimina el beneficio de irreprochable conducta anterior al cumplir 18 años y garantiza la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales.
El proyecto fue impulsado por los senadores Andrés Longton y Camila Flores, ambos de RN, y obtuvo un respaldo que cruzó todas las fronteras ideológicas del bloque mayoritario. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, comprometió además una serie de indicaciones del Ejecutivo para la discusión en particular, que se extenderá hasta el viernes 17 de julio. Entre ellas, el ministro adelantó medidas para hacer efectiva la reiteración de delitos cometidos por menores — que hoy no se reconoce en la legislación — e intensificar las medidas de control cerrado de libertad.
El argumento de los tres que dijeron no
Pascual y Sánchez no negaron el problema. Reconocieron que los índices de participación de menores en delitos violentos son alarmantes y que el sistema actual necesita mejoras. Pero votaron en contra igual.
Pascual argumentó que el texto «no ataca el problema de fondo ni apunta a los focos de mayor reiteración delictual», y que habría preferido «una mesa técnica» antes de legislar. Sánchez fue aún más escueta: dijo que «parece precipitado introducir cambios severos a un servicio que entró en pleno funcionamiento este año», refiriéndose al Servicio de Reinserción Social Juvenil. En otras palabras: más tiempo, más estudios, más mesas. Mientras los números siguen subiendo — 4.158 menores en delitos en 2022, 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024 — y mientras la familia de Alejandro, el niño de 12 años arrastrado y muerto en San Bernardo en una encerrona atribuida a una banda con menores de edad, impulsa la «Ley Alejandro» para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie.
El patrón que ya nadie puede ignorar
Los tres votos en contra de este martes no son un hecho aislado. Son el último episodio de un patrón que el FA y el PC han sostenido de manera consistente a lo largo de toda la agenda de seguridad del gobierno de Kast.
Cuando la Cámara votó el proyecto antiencapuchados con 100 votos, el FA y el PC votaron en contra — admitiendo que el problema existía, pero rechazando la solución. Cuando 77 diputados aprobaron la resolución que pedía urgenciar esta misma ley de responsabilidad penal adolescente, el FA y el PC también se opusieron. Cuando el TC vetó cuatro artículos de Escuelas Protegidas, los diputados del FA y el PC celebraron públicamente, a pesar de que dos semanas después un grupo de encapuchados lanzaba molotov en el Instituto Nacional el primer día de vuelta a clases. Cuando el Senado rechazó la AC contra Grau, fue la misma izquierda quien festejó.
La lógica es consistente: ante cada herramienta legislativa concreta para endurecer la respuesta del Estado frente al crimen, la respuesta del FA y el PC es la misma — más tiempo, más estudios, más dudas procesales. El resultado práctico de esa postura es que los menores que integran bandas criminales siguen beneficiándose de un sistema que los trata igual que si hubieran robado un teléfono.
Lo que viene: el gobierno entra con indicaciones el 17 de julio
Con la aprobación en general, el proyecto pasa a la Comisión de Constitución del Senado para su discusión artículo por artículo. El plazo para ingresar indicaciones vence el 17 de julio. El gobierno de Kast llega a esa instancia con un respaldo político de 37 senadores — casi toda la sala — y con un compromiso explícito del ministro Rabat de fortalecer el texto con las medidas que quedaron fuera en la versión original. El resultado más esperado por las víctimas es que la reincidencia quede finalmente reconocida como agravante en el sistema penal juvenil chileno.
El senador Longton lo dijo con la claridad que el debate merece: «No podemos seguir con un sistema permisivo, donde la edad sea sinónimo de impunidad. Las víctimas y sus familias merecen justicia». Treinta y siete senadores estuvieron de acuerdo. Solo tres no lo estuvieron.
