Inspirado en la columna «El que rompe, paga», de Juan José Santa Cruz, publicada en El Líbero.
Hay ideas que parecen radicales hasta que alguien las enuncia con claridad. Esta es una de ellas: quien destruye lo que es de todos no tiene derecho a recibir de todos lo que no puede conseguir solo.
El columnista Juan José Santa Cruz la escribió con precisión quirúrgica en El Líbero, a propósito del polémico anuncio de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast: el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Un proyecto de ley que contempla la pérdida de beneficios sociales (gratuidad universitaria, Pensión Garantizada Universal, subsidio de arriendo) para quienes dañen bienes públicos o atenten contra funcionarios del Estado.
La reacción de la izquierda no tardó en llegar. Y fue exactamente la que todos esperaban.
«Criminalización de la protesta.» «Castigo a los más vulnerables.» «Estado punitivo.» Las mismas palabras, el mismo orden, el mismo propósito: desplazar el debate desde lo concreto hacia lo abstracto. Desde el bus quemado hacia la metáfora del joven excluido. Desde el hospital vandalizado hacia el discurso de la desigualdad estructural.
Es un argumento viejo. Se ha desgastado de tanto uso. Pero conserva su utilidad retórica porque logra algo muy específico: convierte al vándalo en víctima y al Estado que lo sanciona en victimario. Es un truco político que la izquierda chilena ha perfeccionado durante décadas. Y que le ha costado muy caro a Chile.
Conviene insistir en lo concreto, como hace Santa Cruz en su columna. Los recursos del Estado son finitos. Siempre lo serán. Cada peso que se gasta en reponer una estación de metro destruida, un bus incendiado, un colegio vandalizado o un hospital destrozado es un peso que no llega a la lista de espera de un paciente, a la alimentación escolar de un niño vulnerable, al subsidio habitacional de una familia que lleva años ahorrando.
El vandalismo no es un gesto político inocuo que el Estado absorbe sin consecuencias. Es una transferencia forzada. Un subsidio desde los más necesitados hacia quienes eligen la destrucción como forma de expresión. En palabras directas: los más pobres de Chile pagan la fiesta de quienes queman los buses que usan para ir al trabajo.
La izquierda chilena, en particular el Frente Amplio y el Partido Comunista, no es inocente en esta historia. Tiene una tradición documentada y consistente de mirar hacia otro lado cuando la violencia viene de sus bases o de quienes simpatizan con sus causas.
Validaron el infame «El que baila pasa» como si fuera liturgia social en lugar de llamado a la destrucción. Guardaron silencio ante las usurpaciones de terrenos. Encontraron siempre una explicación estructural para las molotov y una condena tibia, cuando la hubo, para quienes las lanzaron. Aplaudieron las tomas de colegios que dejaron a miles de estudiantes sin clases y a profesores amenazados dentro de sus propios establecimientos.
Esa complicidad tiene un nombre técnico que la izquierda prefiere no usar: impunidad. Y tiene un costo que no pagaron ellos. Lo pagaron los vecinos del barrio quemado, los pasajeros del bus, los estudiantes del liceo emblemático convertido en campo de batalla, las familias que perdieron su negocio en el saqueo de 2019 y que nunca recibieron una compensación ni una disculpa.
Mientras el Partido Comunista defendía el derecho a «movilizarse» y el Frente Amplio encontraba siempre razones estructurales para la violencia, Chile acumulaba una cuenta que alguien tenía que pagar.
El proyecto anunciado por Kast en su Cuenta Pública no es una persecución política. No es punitivismo. Es la aplicación de un principio que cualquier persona con sentido común comparte: los beneficios del Estado están diseñados para quienes los necesitan y respetan el bien común que los hace posibles.
El principio detrás de la medida es tan antiguo como la idea misma de contrato social: los derechos y los deberes van juntos. No puedes recibir del Estado lo que necesitas y al mismo tiempo destruir lo que el Estado construye para todos. No puedes cobrar la PGU con una mano y quemar el hospital público con la otra. No puedes postular al subsidio de arriendo en el día y lanzar una molotov en la noche.
La propuesta no está exenta de complejidades técnicas. Santa Cruz las señala con honestidad en su columna, y hay que reconocerlas: garantías del debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, mecanismos de rehabilitación. Son preguntas legítimas que la ley debe responder con rigor.
El propio Presidente Kast reconoció que todos tienen derecho a rehabilitarse. Pero que esa rehabilitación debe ser con hechos concretos, no con declaraciones de buenas intenciones. Ese matiz importa y debe quedar expresamente consagrado en la ley. La puerta de la rehabilitación debe estar abierta, pero cruzarla debe requerir algo más que el tiempo transcurrido desde el delito.
La izquierda llegará al debate parlamentario de este proyecto con el mismo manual de siempre. Hablarán de criminalización de la protesta legítima. Pondrán ejemplos extremos y poco representativos. Invocarán los derechos humanos. Y terminarán, como siempre, defendiendo implícitamente la impunidad de quienes destruyen.
Chile lleva demasiado tiempo absorbiendo el costo de la violencia que otros cometen y otros validan. El Registro Nacional de Vándalos es una respuesta técnicamente compleja y políticamente valiente. Pero es una respuesta. La primera en mucho tiempo que va en la dirección correcta: hacer que quien rompe, pague.
El Congreso tiene la palabra. Y Chile estará mirando.
