La siguiente columna está basada en la carta al Director publicada por el abogado Gerardo Varela A. en El Mercurio el 17 de julio de 2026, y en datos verificados sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Gerardo Varela, abogado, publicó en El Mercurio una carta al Director que hace una pregunta que vale la pena tomar en serio: ¿Es necesario que el INDH exista? Su argumento no es que los derechos humanos no importen, es exactamente lo contrario. Su punto es que en un país con separación de poderes, justicia y fiscalía independientes, dos comisiones de derechos humanos en el Congreso, libertad para crear ONG, universidades, partidos políticos, sindicatos y gremios que alzan la voz, la pregunta legítima es qué agrega una burocracia estatal adicional que nos cuesta, en su estimación, el equivalente a media Teletón al año: US$17 millones.
La pregunta es oportuna. Y los hechos recientes de las últimas semanas le dan más sustento del que podría parecer a primera vista.
Quién dirige el INDH y de dónde viene
Para entender las posiciones del INDH hay que entender a su director. Yerko Ljubetic fue designado en julio de 2025 con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra por el Consejo del organismo. Ljubetic es abogado, fue ministro del Trabajo bajo Ricardo Lagos, militó en la DC hasta 2013 — cuando se desafilió para integrarse a la izquierda autónoma — y hoy pertenece a Convergencia Social, el partido del Frente Amplio fundado por el expresidente Gabriel Boric. Es, en otras palabras, un cuadro político de la coalición que gobernó Chile hasta marzo de 2026.
Ljubetic lo reconoció sin reparos al asumir: «El INDH tiene más de 300 funcionarios a lo largo del país, con un presupuesto por ejecutar». Trescientos funcionarios. Un presupuesto anual que Varela calcula en US$17 millones. Eso es una institución de tamaño relevante, no una pequeña oficina técnica.
Lo que el INDH ha hecho con esos recursos este año
El historial reciente del organismo bajo Ljubetic es consistente. En abril, durante su Cuenta Pública 2025, el director cuestionó la Ley Nain-Retamal — que refuerza la presunción de legítima defensa para Carabineros — calificándola como «uno de los atentados más relevantes contra la posibilidad de cumplimiento efectivo del mandato del INDH». La entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tuvo que salir a defenderse públicamente. El organismo no estaba haciendo una observación técnica, estaba tomando partido en un debate político contingente sobre la agenda de seguridad del gobierno.
En julio, el director del INDH compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer sobre el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos. En ese informe, el organismo sostuvo que sancionar los rayados no autorizados en bienes públicos y privados «puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». Como documentamos en estas páginas, el ministro Arrau respondió: «El arte no da derecho a intervenir lo ajeno». El alcalde Desbordes fue más directo aún: «Es impresionante el uso y abuso del concepto de ‘criminalizar’ que hace la izquierda, en este caso su brazo INDH».
Dos posiciones del INDH en pocas semanas: contra la ley que protege a los policías y a favor de los que rayan sin permiso la propiedad ajena. No hace falta ser muy avezado en política para detectar una línea editorial consistente.
El argumento de Varela — y por qué importa
La carta de Varela no pide eliminar los derechos humanos. Pide preguntarse si el mecanismo institucional que Chile eligió para protegerlos — un instituto estatal con 300 funcionarios y US$17 millones anuales — es la mejor manera de hacerlo, o si esos recursos no tendrían mejor destino en salud, educación, cárceles o servicios para menores de edad que enfrentan vulneraciones todos los días.
Es un argumento que merece una respuesta seria. En muchos países democráticos con altos estándares de derechos humanos no existe un organismo equivalente al INDH — los mismos fines se cumplen a través del poder judicial, la fiscalía, el parlamento y la sociedad civil. Chile tiene todas esas instituciones. Y las tiene funcionando.
Lo que sí tiene Chile, de manera adicional, es un organismo de 300 personas que este año ha cuestionado la ley de seguridad más popular del gobierno, ha defendido el rayado de paredes como expresión artística y ha generado un debate interno en su propio Consejo sobre si su director puede tomar posiciones políticas contingentes sin representar la posición institucional del organismo.
La reforma que RN ya planteó — y el debate que viene
Renovación Nacional presentó un proyecto de reforma al INDH antes del verano. El gobierno de Kast trabaja en un rediseño institucional que busca reencauzar el mandato del organismo hacia su función técnica y aléjarlo de la política contingente. La reforma —aún no ingresada en su forma definitiva— es la alternativa moderada a la pregunta más radical que Varela plantea desde El Mercurio.
Porque la pregunta de fondo sigue siendo válida: si el INDH le cuesta a Chile media Teletón al año, ¿qué tiene que mostrar a cambio? La Teletón al menos nos dice cuántos niños atendió, cuántas sillas de ruedas entregó, cuántas terapias realizó. El INDH debería poder responder con la misma claridad qué derechos concretos protegió, y cuáles fueron las vulneraciones reales que solo él pudo detener y que ninguna otra institución del Estado habría podido resolver.
Mientras no tenga esa respuesta, la pregunta de Varela seguirá siendo legítima.
