La Contraloría General de la República emitió este miércoles su informe final sobre el ingreso de ciudadanos haitianos bajo la modalidad de reunificación familiar, un documento de 147 páginas que zanja de manera contundente las responsabilidades políticas de lo ocurrido entre 2022 y 2025 bajo el gobierno de Gabriel Boric. La conclusión del ente fiscalizador, dirigido por la contralora Dorothy Pérez, no deja margen para la interpretación: el Servicio Nacional de Migraciones actuó sin contar con atribuciones para exceptuar los procedimientos, requisitos y condiciones fijados en la ley, vulnerando la normativa constitucional y legal.
El memorándum que reemplazó a la ley
El centro del hallazgo es un documento interno firmado por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, militante del Frente Amplio, que estuvo al mando del servicio desde el 31 de marzo de 2022 hasta el 11 de marzo de 2026. Ese memorándum flexibilizó exigencias — legalización, apostilla, vigencia de documentos — que son materia de ley y reglamento, sin acto administrativo formal, sin control preventivo del organismo y sin publicación en el Diario Oficial.
El informe sostiene que los requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería N° 21.325 no podían ser modificados mediante un documento administrativo interno, y que esta práctica constituyó una «evidente vulneración al ordenamiento jurídico». En otras palabras, Thayer hizo con un papel lo que solo podía hacer el Congreso mediante una ley.
El Sermig intentó justificar la decisión invocando la crisis humanitaria en Haití. La Contraloría rechazó de plano ese argumento, recordando que el servicio actuó sin facultades legales para pasar por alto la normativa constitucional.
Lo que se encontró al abrir la caja
Las consecuencias prácticas de esa flexibilización fueron graves. Se identificaron incumplimientos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar: certificados vencidos o no legalizados, ausencia de documentos obligatorios, falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes y aprobación de permisos sin contar con antecedentes esenciales como el informe policial.
El caso más extremo que documentó la Contraloría fue el de una sola persona que el 5 de abril de 2025 ingresó al país declarándose responsable de 34 niños en un mismo vuelo. El informe también detectó que en el período auditado — entre enero y abril de 2025 — 3.235 personas ingresaron por residencia temporal, de las cuales el 86%, es decir 2.792, lo hicieron por reunificación familiar, y el 53% usó vuelos no regulares o chárter.
Uno de esos vuelos chárter, el WAL-801 de Caribbean Sun Airlines, aterrizó en Santiago el 15 de octubre de 2025 sin presentar el listado obligatorio de pasajeros ante la DGAC. La Contraloría activará un Examen de Cuentas autónomo para determinar las sanciones correspondientes.
Tres instituciones del Estado sin coordinación
El informe no solo apunta a Thayer. La Contraloría determinó que el Sermig, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no actuaron coordinadamente frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití, constatándose que las aludidas entidades no implementaron acciones para cumplir con su deber legal de coordinación, como definir protocolos para la transferencia de información completa y oportuna.
Las consecuencias de esa descoordinación son las que el país ya conoce: de los 105 niños visitados en terreno, 64 no fueron ubicados en sus domicilios registrados. Aunque la PDI ya confirmó haber localizado a todos ellos, el dato revela el grado de abandono administrativo en que quedaron esos menores.
Sumarios y responsabilidades
La Contraloría instruyó sumarios administrativos en el Sermig, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, incluyendo uno específico por la emisión y aplicación del memorándum que permitió excepcionar requisitos legales. También ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los menores ingresados y solicitó revisitas para verificar la situación efectiva de todos los niños afectados.
El informe llega en un momento político preciso: el caso de los niños haitianos fue uno de los primeros grandes escándalos que el gobierno de Kast heredó de la administración anterior, y hoy la Contraloría le entrega una conclusión que el Ejecutivo había anticipado desde el primer día. Lo que ocurrió no fue un error administrativo, fue una decisión ilegal.
