La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley denominado «antiencapuchados», que tipifica y sanciona el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa, que ahora pasa a su segundo trámite en el Senado, fue despachada en medio de un tenso debate que dejó en evidencia una fractura clara: el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron al proyecto.
Qué sanciona exactamente la ley
Es importante precisar qué aprobó la Cámara. El texto no sanciona el uso de capuchas por sí mismo, sino que endurece las penas cuando una persona comete delitos ocultando su identidad para evitar ser identificada, especialmente en contextos de desórdenes públicos.
El proyecto modifica el Código Penal para aumentar en un grado la pena cuando se cometen delitos del orden público utilizando elementos que dificulten o impidan la identificación del autor, con el objetivo de procurar impunidad. Esto implica que una pena de hasta 540 días de presidio puede aumentar a un rango de entre 541 días y 3 años de cárcel, o que una sanción de hasta 3 años se eleve a entre 3 años y un día y 5 años de presidio.
En el caso de saqueos, el texto establece que si el delito se comete con el rostro cubierto, los tribunales deberán aplicar el máximo de la pena asignada.
El origen del proyecto y el rol del Ejecutivo
La propuesta fue presentada originalmente por diputados del Partido de la Gente y fue complementada durante su tramitación con indicaciones impulsadas por el Ejecutivo. El gobierno de Kast priorizó la iniciativa desde el inicio de su mandato como parte de su agenda de seguridad, y el resultado de hoy — una mayoría de 100 votos — refleja que esa priorización tuvo respaldo transversal más allá del bloque oficialista.
Arrau: «La ley vuelve a estar del lado de las víctimas»
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el resultado y fue directo con quienes votaron en contra: «La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles. Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas».
La oposición que no pudo justificar su voto en contra
El debate en la Sala dejó momentos reveladores desde la propia oposición. La diputada Tatiana Urrutia del FA reconoció que «quienes cometen delitos en el contexto de una manifestación o de un evento masivo, escondidos detrás de una capucha, deben responder. En eso no hay discusión». Sin embargo, votó en contra argumentando que el proyecto original «abría la puerta a la arbitrariedad» y que el debate fue cerrado antes de escuchar a expertos.
Desde el PC, el diputado Marcos Barraza admitió que «nadie puede sostener seriamente que los barrios, el comercio, el transporte público o quienes se manifiestan pacíficamente deban quedar expuestos a la violencia de grupos que actúan desde el anonimato», pero cuestionó que subir las penas no resuelve el problema de identificación. En ambos casos, la oposición reconoció el problema pero rechazó la solución — la misma postura que ha caracterizado al sector frente a gran parte de la agenda de seguridad del gobierno.
Lo que viene en el Senado
El proyecto llega a la Cámara Alta con un respaldo político significativo: 100 votos en la Cámara Baja es una de las mayorías más amplias que ha cosechado el gobierno de Kast en lo que va de su mandato. La tramitación en el Senado definirá si el texto sufre modificaciones en particular antes de convertirse en ley.
