El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este domingo, en el programa Estado Nacional de TVN, la creación de una comisión transversal encargada de revisar el actual Estatuto Administrativo —la normativa que rige las relaciones laborales de los funcionarios públicos—. «Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno», señaló el titular de la cartera, calificando el asunto como «un tema estructural al que hay que entrar».
El argumento del Gobierno: coherencia fiscal
Quiroz enmarcó la iniciativa dentro del proceso de consolidación fiscal que impulsa el Ejecutivo: «si queremos consolidar este reordenamiento fiscal que estamos haciendo, pasa a ser extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos», explicó. El ministro adelantó que la comisión estará encabezada por un economista independiente que «conoce el mundo del Estado y el mundo académico», y que, dado su carácter transversal, convocará a técnicos de distintos sectores. Según precisó al día siguiente, la instancia deberá quedar constituida esta misma semana, con un plazo de trabajo de aproximadamente dos meses y la meta de entregar sus conclusiones antes de que termine el año. «El estatuto administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno», agregó Quiroz, vinculando la medida a la consolidación fiscal de corto y largo plazo del Gobierno.
El origen del conflicto: una mesa que ya existía
Lo que generó la molestia de los funcionarios públicos no fue únicamente el contenido del anuncio, sino la forma en que se realizó. Según explicó José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la organización ya mantenía una instancia formal de diálogo con el Ejecutivo sobre esta misma materia, establecida directamente por el Presidente José Antonio Kast. El 20 de mayo de este año, la directiva de la ANEF se reunió con el Mandatario y planteó su disposición a participar en eventuales modificaciones al funcionamiento del sector público; tras ese encuentro, el propio Kast encargó al Ministerio del Trabajo, al Servicio Civil y a la Subsecretaría del Trabajo abrir una mesa técnica con la agrupación.
Ese proceso, seguía avanzando. La ANEF entregó el 6 de julio un documento con una metodología de trabajo y un plan con los principales temas a abordar, y recién el viernes 7 de agosto —dos días antes del anuncio de Quiroz— había recibido una respuesta formal de la Subsecretaría del Trabajo.
La reacción de la ANEF: «nos parece violento»
Con ese antecedente fresco, el anuncio de Quiroz cayó como un balde de agua fría entre los dirigentes gremiales. Pérez fue directo en su cuestionamiento: «el jefe del ministro Quiroz estableció un diálogo formal con la ANEF. Entonces, el anuncio nos parece violento. Si no sabe de su existencia, que le pregunte a su jefe, el Presidente, cuál es la relación formal con la ANEF». El dirigente acusó además una contradicción de fondo en el actuar del Ejecutivo: «que el ministro Quiroz plantee la creación de una mesa distinta a la ya instalada entre el Ejecutivo y la ANEF demuestra una vez más la desprolijidad del Gobierno».
La organización exigió conocer quiénes integrarán la nueva comisión anunciada por Hacienda y solicitó que el propio Quiroz reciba a sus representantes. Su planteamiento de fondo fue categórico: «cualquier instancia de diálogo debe incorporar necesariamente a los trabajadores públicos y finalmente no sería aceptable que el objetivo preconcebido de esta mesa sea debilitar y precarizar la función pública».
La oposición también pide participación
El respaldo a la demanda de la ANEF no quedó solo en el ámbito gremial. El diputado socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, calificó la revisión anunciada como una señal «preocupante» y advirtió sobre el riesgo de que los cambios terminen debilitando la estabilidad de los funcionarios: «el Estatuto Administrativo es fruto de las conquistas de los empleados públicos», sostuvo, llamando a que cualquier modificación respete esos avances históricos. Desde la propia Comisión de Trabajo también se planteó, en paralelo, la necesidad de mejorar los mecanismos de control de la función pública, matizando así la crítica exclusivamente defensiva hacia la iniciativa.
Un anuncio de gran escala: a quiénes afecta
La magnitud de la eventual reforma no es menor. Según cifras citadas en la cobertura de este anuncio, el sector público chileno —incluyendo a las Fuerzas Armadas— cuenta actualmente con cerca de un millón de funcionarios, de los cuales aproximadamente 200 mil se desempeñan solo en la administración central del Estado. Cualquier modificación al Estatuto Administrativo que rige sus condiciones laborales tiene, por tanto, un alcance que va mucho más allá de un ajuste técnico acotado.
Quiroz responde: «lo voy a conversar en su minuto»
Consultado sobre la molestia generada entre los funcionarios públicos, el propio ministro reconoció que no había tratado el anuncio directamente con ellos antes de hacerlo público, pero se comprometió a abordarlo «en su minuto». Además, confirmó que la propuesta de esta nueva mesa será socializada «del modo más amplio posible para poder darle a nuestro Gobierno, al Estado de Chile, una normativa más moderna».
Un segundo gran frente de reformas para Hacienda
El anuncio se produce apenas días después de que el Gobierno lograra despachar la megarreforma económica en el Congreso, lo que ha llevado a algunos análisis a describir esta nueva iniciativa como la apertura de un segundo gran frente de reformas estructurales impulsado por la cartera de Hacienda, esta vez enfocado en las reglas que rigen el empleo público, en línea con el proceso de ajuste fiscal que el Ejecutivo ha priorizado durante toda su gestión.
Lo que viene
Con la comisión anunciada para constituirse esta misma semana y un plazo de trabajo de dos meses hasta fin de año, el Gobierno deberá resolver en el corto plazo cómo se integrará —y si finalmente incorporará o no— la participación directa de la ANEF y de los propios trabajadores del Estado, en momentos en que la organización gremial ya dejó clara su molestia por la forma en que se conoció el anuncio. La coexistencia de dos instancias de diálogo paralelas sobre una misma materia —la mesa sectorial ya instalada con el Ministerio del Trabajo y la nueva comisión anunciada por Hacienda— se perfila como el primer nudo que el Ejecutivo deberá resolver antes de avanzar en los contenidos de fondo de la reforma.
