El domingo 12 de julio, un Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde el aeropuerto de Santiago, realizó una escala operacional en Iquique y puso rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia con 40 ciudadanos extranjeros expulsados a bordo. Era el séptimo vuelo de expulsión del gobierno del Presidente José Antonio Kast — y el quinto operado directamente por la Fuerza Aérea. En el Cuartel General de la PDI, el subsecretario del Interior Máximo Pavez, el director de Migraciones Frank Sauerbaum y el prefecto Rodolfo Millán entregaron un balance que habla por sí solo.
Los números del séptimo vuelo
Del operativo del domingo salieron del país 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos. De los 40 expulsados, 28 lo fueron por vía administrativa — por ingreso al país a través de pasos no habilitados o infracción a la ley de extranjería — y 12 por vía judicial, como sustitución de pena por delitos graves. Entre estos últimos había condenados por robo con violencia, robo con intimidación, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y abuso sexual. El vuelo contó con 41 escoltas, totalizando 81 personas a bordo de la aeronave.
El balance completo de 2026: lo que Boric no logró en tres años
Con el séptimo vuelo incorporado, las expulsiones materializadas durante 2026 ascienden a 1.174: 1.009 administrativas y 125 judiciales. La cifra tiene una lectura política que el gobierno fue explícito en subrayar: 1.174 expulsiones en apenas cuatro meses superan la totalidad de lo registrado en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024 por separado. Y equivalen al 94% de las 1.250 expulsiones que el gobierno de Boric concretó durante todo 2025, su último año completo en el poder.
Pavez lo sintetizó con una comparación que no admite interpretaciones: «En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior». El argumento es directo: lo que el gobierno de Boric tardó cuatro años en ejecutar, el de Kast lo está haciendo en un tercio del tiempo.
El dato oculto: solo el 30% de los «clandestinos» cruzó la frontera
Sauerbaum introdujo una distinción técnica relevante en el balance de ingresos irregulares. De los 10.038 extranjeros en situación irregular detectados durante 2026, el 70% fue identificado dentro del territorio nacional mediante fiscalizaciones internas, no en la frontera. Solo el 30% restante, equivalente a 2.700 personas, ingresó efectivamente por un paso no habilitado durante este año. La cifra contrasta dramáticamente con los 31.910 ingresos clandestinos de 2022 y los 22.820 de 2023 — ambos años del gobierno de Boric. Las reconducciones en frontera también cayeron un 60,92% respecto al mismo período de 2025.
Las salidas voluntarias: 6.384 personas y el efecto Venezuela
Además de las expulsiones forzosas, el gobierno reportó 6.384 salidas voluntarias efectivas de ciudadanos en situación irregular. El 76,7% — 4.896 personas — son de nacionalidad venezolana. El 10,1% — 646 — son colombianos. Un dato que ilustra la dimensión del fenómeno: de esas 6.384 salidas, 911 se produjeron tras el doble terremoto que devastó Venezuela el 24 de junio, cuando cientos de familias venezolanas en Chile optaron por regresar a su país para reunirse con los suyos en medio de la emergencia. El 93% de todos los que salieron voluntariamente desde enero son venezolanos.
Sumando expulsiones forzosas y salidas voluntarias efectivas, el total de personas que han abandonado Chile en condición irregular durante 2026 asciende a 7.558.
La advertencia de Sauerbaum al Congreso
El director de Migraciones aprovechó el balance para lanzar una advertencia directa a los parlamentarios: «Los recursos aprobados por el Congreso son absolutamente insuficientes. Hacemos un llamado a quienes nos exigen mayores expulsiones a que el próximo año en la ley de presupuesto existan los recursos suficientes para poder aumentar estas expulsiones. Aquí hay una decisión política y una determinación del Presidente Kast, y nosotros la hemos implementado». La frase va dirigida específicamente a los sectores de oposición que critican la política migratoria del gobierno pero votan en contra de los recursos para ejecutarla.
El desafío pendiente más grande sigue siendo Venezuela. Más de 75.000 órdenes de expulsión siguen sin ejecutarse en Chile, y cerca de la mitad corresponde a ciudadanos venezolanos. La ruptura diplomática entre ambos países — Venezuela cerró su embajada en Santiago en julio de 2024 — hace imposible coordinar los vuelos de retorno. Sin embargo, Pavez anticipó tras el viaje humanitario post-terremoto que ven una «oportunidad para aprovechar de manera respetuosa» la apertura que generó la crisis y avanzar hacia una relación diplomática más fluida con Caracas. Si esa ventana se concreta, el ritmo de expulsiones podría acelerarse significativamente en el segundo semestre.
