El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la ceremonia de promulgación de la Ley «Escuelas Protegidas» (Boletín 18.156-04), realizada en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia. La normativa entrega nuevas herramientas a las comunidades educativas para prevenir la violencia y resguardar la seguridad al interior de los establecimientos, en uno de los anuncios más relevantes en materia de convivencia escolar del último tiempo.
La medida más comentada: revisión de mochilas
El punto que más atención ha generado es la facultad que tendrán los establecimientos para incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes. El procedimiento deberá ser realizado por personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso; la ley es explícita en que no autoriza revisiones corporales ni de vestimenta. Kast defendió la medida con una comparación directa: «cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila». El Mandatario fue tajante al justificar la facultad: «el que nada hace, nada teme».
Más poder para los profesores en la sala de clases
Más allá de la revisión de mochilas, la ley amplía las facultades de los docentes para adoptar, de manera inmediata, medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias destinadas a mantener el orden dentro de la sala de clases, siempre bajo un criterio de proporcionalidad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó el sentido de este cambio: «esta ley faculta a los docentes a tomar medidas correctivas con efecto inmediato para poder mantener el orden en la sala de clases y así evitar que situaciones normales de la convivencia no se agraven».
Otros cambios: identificación facial, amenazas y gratuidad
La normativa contempla además otros ajustes relevantes. Los reglamentos escolares deberán prohibir el uso de elementos que impidan la identificación facial de los estudiantes, aunque se contemplan excepciones justificadas. Las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas pasarán a considerarse una afectación grave a la convivencia escolar. La ley también establece nuevas obligaciones para padres y apoderados, quienes deberán concurrir obligatoriamente a las citaciones que realicen los establecimientos. Y en un punto especialmente sensible, restringe el acceso al beneficio de gratuidad en la educación superior para quienes registren condenas vinculadas a hechos de violencia escolar.
El caso que aceleró la tramitación: Calama
La ministra Arzola vinculó directamente la promulgación con un episodio que marcó la discusión pública en meses anteriores: «tras el terrible ataque sufrido en un colegio de Calama, las dirigentas de padres y apoderados fueron muy claras cuando nos pidieron medidas concretas y decididas que les pudieran dar mayor tranquilidad, como decía el alcalde, a la hora de dejar a sus hijos en el colegio», señaló, agregando que «el espacio escolar debiera ser sagrado y todos debiéramos alinearnos en el objetivo de que hechos tan lamentables no traspasen sus fronteras».
Las cifras detrás de la urgencia
El propio Ejecutivo entregó cifras que grafican el deterioro de la convivencia escolar en los últimos años. Las denuncias por maltrato contra adultos —principalmente profesores y funcionarios— presentadas ante la Superintendencia de Educación aumentaron 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695 casos registrados.
«Más que una ley, es una herramienta»
Kast fue enfático en remarcar que la promulgación es solo el primer paso: «más que una ley es una herramienta. Porque uno la ley puede decir lo que uno quiere. Pero eso lo tiene que llevar a la práctica», sostuvo, llamando a que las comunidades escolares efectivamente utilicen las nuevas facultades. El Mandatario cerró con una reflexión personal sobre lo que espera de los espacios educativos: «yo cuando entro a la escuela, digo: ‘este es el lugar seguro, igual que mi casa'».
Una crítica que ya estaba anunciada
La ley no llegó a esta promulgación sin resistencia. Durante su tramitación en el Congreso, la iniciativa fue despachada con reservas de constitucionalidad, y algunos parlamentarios de oposición adelantaron su rechazo al proyecto, cuestionando su efectividad real. Uno de los críticos advirtió en su momento: «seguimos convencidos de que este tipo de iniciativas no contribuyen realmente a solucionar los problemas de convivencia escolar y terminan teniendo una aplicación muy limitada, tal como ocurrió con la Ley Aula Segura». Esto, en referencia directa a la normativa de 2018 promulgada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que si bien introdujo mejoras en el Senado respecto al texto original —particularmente en derechos estudiantiles y en la restricción de la gratuidad—, no logró convencer a ese sector: «sigue siendo un muy mal proyecto», sentenció el diputado Juan Santana, del Partido Socialista (PS).
El antecedente: qué hacía la antigua Ley Aula Segura
Vale la pena recordar en qué consistía la normativa que la oposición usó como comparación. La Ley Aula Segura, promulgada por Piñera en 2018, permitía que los directores sancionaran de manera inmediata a alumnos que cometieran faltas como el uso y tenencia de armas o agresiones a docentes y otros miembros de la comunidad escolar, incluyendo la posibilidad de suspender a un estudiante durante el proceso de investigación de una agresión. La Ley Escuelas Protegidas de hoy va considerablemente más allá de ese marco, incorporando la revisión de mochilas, restricciones a la gratuidad y nuevas obligaciones para las familias.
Lo que viene
Con la ley ya promulgada, el desafío pasa ahora a la implementación efectiva en cada establecimiento educacional del país, que deberá adaptar sus reglamentos internos para incorporar las nuevas facultades. El Gobierno espera que estas herramientas se traduzcan en una baja sostenida de los episodios de violencia escolar en los próximos meses, en momentos en que la convivencia en los colegios sigue siendo uno de los frentes más sensibles de la agenda de seguridad pública del país.
