Desde las 6:30 de la mañana de este jueves, Gendarmería de Chile, con apoyo de Carabineros y la PDI, dio inicio a la «Operación Cancerbero», un megaoperativo de seguridad que contempla el traslado de reos de alta peligrosidad desde distintos puntos del país hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, considerado uno de los recintos más seguros y modernos de Chile. El procedimiento se desarrolló con un despliegue inusual: cuatro buses partieron desde las inmediaciones del Centro de Justicia de Santiago, escoltados por vehículos policiales y dos helicópteros que monitorearon el trayecto para evitar cualquier intento de fuga. El Gobierno incluso habilitó una transmisión en vivo del traslado a través de los canales oficiales de la Presidencia.
Quiénes fueron trasladados
Según informó el Ministerio de Justicia, el convoy principal trasladó a 191 internos, de los cuales 37 pertenecen a estructuras vinculadas al crimen organizado —incluyendo a nueve identificados como líderes de bandas y otros 28 como integrantes de esas organizaciones—, a los que se suman 154 reos considerados de alto compromiso delictual y especial peligrosidad. Los internos provienen de distintos establecimientos penitenciarios del país, entre ellos recintos de Arica y Parinacota, Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1, Colina 2, el complejo REPAS y Puerto Montt. Según precisó la Presidencia, en el caso de los reclusos provenientes de regiones, los traslados hacia la capital se realizaron de manera escalonada en distintas jornadas previas, antes de sumarse al convoy final hacia Talca. Distintos medios reportaron cifras algo mayores para el total de la operación —hasta 298 personas— al contabilizar los movimientos simultáneos desde otras regiones del país, como Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, en lo que algunas fuentes describieron como un operativo que, en su conjunto, podría superar los mil internos reubicados.
Kast en terreno, junto a tres ministros
La magnitud política del operativo quedó reflejada en la presencia del propio Presidente José Antonio Kast, quien viajó durante la madrugada hasta Talca junto al biministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para recibir personalmente a los internos y supervisar el inicio del nuevo régimen penitenciario en el recinto.
El régimen que les espera: al estilo Bukele
Una vez instalados en La Laguna, los reclusos quedarán sujetos a un régimen especial de segregación y vigilancia, conforme a los protocolos definidos por Gendarmería. Entre las condiciones que deberán cumplir se cuenta el uso obligatorio de uniforme, restricciones en el régimen de visitas y, en algunos casos, celdas de aislamiento individual, en un esquema que distintos medios han comparado abiertamente con el modelo de seguridad implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra las pandillas.
Una cárcel que Boric inauguró casi vacía
Uno de los datos más llamativos de esta jornada tiene que ver con el propio recinto que recibe a los reclusos. El Complejo Penitenciario La Laguna fue inaugurado en enero de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, con una capacidad total para 2.320 internos. Sin embargo, hasta antes de este operativo, el penal apenas alojaba a cerca de 400 reclusos, muy por debajo de su capacidad instalada. La Operación Cancerbero busca precisamente comenzar a llenar esa capacidad ociosa con los internos de mayor peligrosidad del sistema penitenciario nacional.
Una promesa de campaña que se convierte en política de Estado
La operación de hoy no es un hecho aislado, sino la puesta en marcha de una iniciativa que Kast prometió durante su campaña presidencial: el «Plan Cancerbero», bautizado en referencia al perro guardián de la mitología griega que custodiaba las puertas del inframundo. El plan contempla un sistema penitenciario «blindado», con menor comunicación con el exterior y sin los privilegios que hoy tienen ciertos internos de alta peligrosidad dentro del sistema. Según cifras conocidas en junio, la implementación completa del nuevo régimen de máxima seguridad requiere una inversión de $890 millones para ejecutar las licitaciones necesarias, y el Gobierno proyecta contar con 20 mil nuevas plazas penitenciarias hacia el año 2030.
Parte de una estrategia más amplia
La Operación Cancerbero se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria que impulsa el actual Gobierno, y que se articula con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada semanas atrás en cadena nacional. El objetivo declarado es reubicar a los internos de mayor peligrosidad en recintos con mejores condiciones de seguridad y segmentación, evitando que sigan operando desde cárceles con menor capacidad de control.
Lo que viene
Con los internos ya instalados en el nuevo régimen de La Laguna, el Gobierno espera que este primer operativo masivo marque el inicio de un proceso más amplio de redistribución de la población penal de alta peligrosidad a nivel nacional. Restará observar en las próximas semanas si el Ejecutivo replica este tipo de traslados en otros recintos del país, en línea con la meta de expandir la capacidad penitenciaria de máxima seguridad hacia 2030.
