Con el país recién enterado de que heredó un hoyo fiscal de US$10.500 millones, la oposición anuncia que hará todo lo posible para que la solución espere. La Ley de Reconstrucción llega al Senado y la izquierda ya tiene listas sus armas: un bloque unido, meses de debate y una batería de indicaciones. El mismo manual del obstruccionismo que ya usaron en la Cámara.
El timing es brutal. El lunes 25 de mayo, el ministro Quiroz reveló ante el país que la administración anterior dejó una deuda de US$10.500 millones que no estaba en los libros, que el déficit fiscal real era casi el doble de lo informado y que el crecimiento del PIB será menor de lo prometido. Chile despertó el martes sabiendo que el hoyo fiscal es más profundo de lo que creía.
Y mientras eso ocurría, la oposición en el Senado afirmaba, sin inmutarse, que la ley que busca sacar al país de ese hoyo puede esperar al menos tres meses.
El nuevo campo de batalla: un Senado sin la mayoría cómoda de la Cámara
La Ley de Reconstrucción Nacional arrasó en la Cámara de Diputados con 90 votos a favor y 59 en contra. En el Senado, el panorama es radicalmente distinto. El paso del proyecto no será un mero trámite; se perfila como el filtro definitivo donde se librará una batalla voto a voto que podría alterar una parte de las reformas.
La razón es aritmética pura: el Ejecutivo enfrenta un escenario marcado por negociaciones intensas y al menos 12 artículos que podrían no alcanzar los votos necesarios para su aprobación definitiva. A diferencia de la Cámara, donde el Partido de la Gente aportó votos decisivos, en el Senado esa colectividad no tiene representación. El gobierno llega a la Cámara Alta con los números más ajustados y la oposición lo sabe.
El propio ministro Alvarado lo reconoció con honestidad en Canal 13: «Obviamente que me gustaría que el proyecto, tal como sucedió en la Cámara de Diputados, tenga un colchón de apoyo más amplio que uno o dos votos. Vamos a buscar esa opción. Pero si al final del día no se puede, bueno, nos apoyaremos en los votos que efectivamente tenemos.»
El bloque opositor: unidos para bloquear
Apenas la ley fue despachada desde la Cámara, la oposición en el Senado convocó un punto de prensa conjunto para dejar en claro su postura. Senadores de todo el arco opositor anunciaron formalmente que votarán en bloque en contra de la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea. Representantes del Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD y el Frente Amplio manifestaron severos reparos de fondo ante el diseño de la iniciativa, bautizándola como la «Ley de los Súper Ricos».
El senador socialista Juan Luis Castro fue el más explícito en trazar la estrategia de su sector. Afirmó que la oposición y el Gobierno están «cara a cara en igualdad de condiciones» y anticipó una tramitación de al menos tres meses, cuestionando además la actitud «avasalladora» del Ministerio de Hacienda durante el debate en la Cámara de Diputados.
Tres meses. Mientras Chile carga con un déficit fiscal heredado de 2,9% del PIB y una deuda que podría superar el límite prudente antes de que termine la década.
El manual del obstruccionismo: el mismo que usaron en la Cámara
La estrategia de la oposición en el Senado no es nueva. Es la misma que intentaron aplicar en la Cámara, con matices. Tras una sesión de 21 horas y más de 1.620 indicaciones revisadas en la Comisión de Hacienda, el proyecto superó su primer escollo legislativo en la Cámara. La oposición presentó indicaciones por miles, alargó los debates y buscó eliminar artículo por artículo del corazón económico de la ley.
En el Senado, el arsenal es más sofisticado. La oposición analiza un posible desafuero del senador Calisto, el envío al Tribunal Constitucional de las propuestas de invariabilidad tributaria por 25 años y Sala Cuna Universal, y una nueva batería de indicaciones. Cada uno de esos movimientos está diseñado para ralentizar, complicar y eventualmente diluir las medidas que el gobierno necesita para reactivar la economía.
El senador del PPD Celis fue directo al acusar al gobierno de no dialogar: «El Gobierno impone su megarreforma en el Senado y no está abriendo el diálogo.» La ironía es que fue la propia oposición la que llegó al Senado con el bloque ya formado y la postura ya definida, antes de que comenzara cualquier conversación.
El reloj corre: el gobierno necesita aprobación antes del 1 de junio
El gobierno no tiene el lujo de esperar tres meses. La Cuenta Pública del Presidente Kast está fijada para el domingo 1 de junio, y La Moneda quiere llegar a ese día con la ley aprobada o al menos con avances concretos en el Senado.
Alvarado abrió una ventana de negociación, pero con condiciones claras: el ministro llamó especialmente al Socialismo Democrático a presentar propuestas concretas en materias como el Sence y el empleo, sosteniendo que el Gobierno está abierto a revisar aspectos de la iniciativa, pero que de no haber disposición real al diálogo, seguirán avanzando de acuerdo a la planificación original.
El debate formal en el Senado comenzará el 2 de julio, lo que hace prácticamente imposible cumplir el plazo original del 1 de junio. Para el gobierno, eso implica llegar a la Cuenta Pública con la ley aún en tramitación, lo que la oposición leerá como un tropiezo político.
Lo que está en juego: no es solo política, es el bolsillo de los chilenos
Detrás del debate parlamentario hay medidas concretas que afectan directamente a millones de familias. La iniciativa reúne cerca de 40 medidas económicas, tributarias, laborales y de reconstrucción, incluyendo rebajas de impuestos, incentivos al empleo, beneficios para adultos mayores y normas para acelerar inversiones.
Cada semana de obstrucción es una semana menos de IVA 0% para comprar vivienda. Una semana menos de exención de contribuciones para los adultos mayores. Una semana menos de reactivación para las zonas arrasadas por los incendios. Una semana menos de empleos que podrían crearse si las inversiones se desbloquean.
La oposición llama a eso «debate responsable». El gobierno lo llama lo que es: obstruccionismo en momentos en que Chile no puede darse ese lujo.
La pregunta que Chile debe hacerse
El país acaba de conocer la magnitud real del hoyo fiscal que heredó. El gobierno tiene una ley que busca, entre otras cosas, tapar ese hoyo y reactivar una economía que lleva años estancada. La oposición, que gobernó durante cuatro años y dejó ese hoyo, ahora anuncia que hará lo posible para que la solución espere.
La pregunta es simple: ¿a quién le hace bien que esta ley se trabe durante meses?
