US$10.500 millones de deuda que no estaban en los libros. Una acusación constitucional anunciada en tiempo récord. Y un exministro que salió a explicarse mientras sus exjefes cerraban filas a su alrededor. Chile vive el mayor conflicto político-fiscal desde el cambio de mando.
El martes 26 de mayo pasará a la historia como el día en que la batalla por las cifras fiscales heredadas del gobierno de Boric abandonó el terreno económico y entró de lleno al campo constitucional. En menos de 24 horas desde que el ministro Quiroz destapó la bomba de los US$10.500 millones, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano ya tenían listo el libelo. Y Nicolás Grau, el exministro de Hacienda más cuestionado de la semana, ya estaba al teléfono explicándose con parlamentarios de todos los sectores.
El anuncio: Kaiser y los Republicanos van por Grau
La ofensiva comenzó con una publicación de Johannes Kaiser en su cuenta de X. Sin mediar coordinación previa con el resto del oficialismo, el presidente del PNL anunció que su partido presentaría una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Pocas horas después, los Republicanos se sumaron.
El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, argumentó que «cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado.»
El diputado republicano Benjamín Moreno fue aún más directo: «Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden.»
Kaiser respondió al anuncio de Moreno con tres palabras: «Muy bien. Trabajaremos juntos.»
El fundamento legal: artículos 3 y 5 de la Ley de Administración Financiera
La acusación no es solo política. Tiene un sustento jurídico específico que sus impulsores ya identificaron.
El diputado Urruticoechea planteó que la acusación se basa en los artículos 3 y 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que contienen deberes de coordinación, unidad y consistencia entre los componentes del sistema financiero del Estado, señalando que ya hay una inconsistencia aritmética del orden de US$10.000 millones que viola esos principios.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el republicano Agustín Romero, aseguró que, tras un sondeo transversal, los votos para aprobar la acusación en la Sala ya estarían garantizados, exigiendo que se hagan valer las responsabilidades políticas.
Si los votos efectivamente están, Nicolás Grau podría convertirse en el primer exministro de Hacienda acusado constitucionalmente en la historia democrática reciente de Chile.
La respuesta de Grau
Antes incluso de que el anuncio del PNL fuera público, Grau ya estaba en redes sociales defendiendo su gestión. El exministro sostuvo que «el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo.»
Su argumento es preciso: la deuda pública no depende únicamente del déficit fiscal proyectado. También depende del tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos contables que ocurren bajo la línea presupuestaria.
Conocedores de la decisión del exministro dan cuenta de que no coordinó esta respuesta pública con otros exministros de Boric, sino con parte del equipo que lo acompañó en el Ministerio de Hacienda. Lo hizo solo. Y lo hizo rápido.
Marcel sale al rescate: «Ocurrió cuando yo no era ministro»
Pocas horas después, Grau recibió el apoyo de Mario Marcel, el exministro de Hacienda que precedió a Grau en el cargo y que hoy preside el Banco Central.
Marcel declaró que «las declaraciones del ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro.»
El movimiento de Marcel es hábil en términos políticos: respalda a Grau, pero al mismo tiempo deslinda su propia responsabilidad señalando que los cambios cuestionados ocurrieron cuando él ya no conducía Hacienda. Marcel instó además a revisar las explicaciones técnicas de Grau antes de «proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias.»
Lo que está en juego: responsabilidades vs. estabilidad legislativa
El debate de fondo no es solo sobre números. Es sobre qué tipo de responsabilidades exige una democracia cuando un gobierno entrega cifras que el siguiente considera incorrectas.
Mientras el bloque oficialista asegura tener los votos garantizados para destituir a Grau argumentando que se trata de graves hechos aritméticos que vulneran la ley, Grau desestima la embestida apuntando a diferencias metodológicas. En paralelo, la centroizquierda y el Frente Amplio cerraron filas en torno al exsecretario de Estado, acusando un desgaste institucional temerario.
La acusación constitucional, si prospera, tendría consecuencias concretas: Grau quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.
El reloj corre en múltiples frentes simultáneos: la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, la Cuenta Pública del 1 de junio, la investigación administrativa por los US$9.200 millones de la auditoría, y ahora una acusación constitucional.
Chile enfrenta la semana política más intensa desde el cambio de mando. Y el nombre de Nicolás Grau está en el centro de todo.
