500 organismos públicos. 913 millones de registros analizados. Un solo resultado: el gobierno anterior dejó un desastre fiscal sin precedentes en la historia reciente de Chile. Ahora hay cuatro investigaciones abiertas y la pregunta que nadie puede ignorar: ¿fue incompetencia o algo peor?
El lunes 25 de mayo, mientras Chile todavía procesaba la bomba de los US$10.500 millones de deuda oculta revelada por el ministro Quiroz en el Informe de Finanzas Públicas, el gobierno de Kast soltó otra granada. Esta vez no vino de Hacienda. Vino del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el equipo encargado de revisar con lupa todo lo que el gobierno anterior dejó en los archivos del Estado.
Lo que encontraron superó las peores proyecciones.
La «Inspección Total»: el mayor ejercicio de auditoría fiscal en la historia reciente de Chile
El proceso fue liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y contempló el análisis de más de 913 millones de datos provenientes de más de 500 organismos públicos entre los años 2022 y 2026. No es una auditoría convencional de algunos ministerios seleccionados. Es una radiografía completa de todo el aparato del Estado durante los cuatro años del gobierno de Boric.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, encabezó la presentación junto a los subsecretarios Máximo Pavez y Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos José Pablo Gómez, el auditor general de gobierno Cristián Muñoz y el asesor presidencial Francisco Riveros. Todos en la misma sala. Todos con el mismo diagnóstico.
El resultado de ese análisis masivo fue categórico: se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por más de US$9.200 millones.
Las cuatro alertas que sacuden al país
La subsecretaria Castillo fue precisa al detallar la naturaleza de los hallazgos. No es una sola irregularidad. Son al menos cuatro grandes categorías de problemas, cada una con cifras que dan vértigo.
1. Deudas escondidas hasta el último día: US$3.200 millones postergados
Uno de los puntos que más enfatizó el Ejecutivo fue la existencia de pagos postergados por cerca de US$3.200 millones, cifra equivalente aproximadamente al 1% del PIB. En lenguaje simple, el gobierno de Boric dejó de pagar cuentas en 2025 para que el déficit del año pareciera menor, traspasándolas al gobierno siguiente.
Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric.
Las víctimas directas de esas facturas sin pagar son concretas y tienen nombre. Entre los compromisos pendientes se contabilizaron US$268 millones adeudados a casi 10.000 pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado, además de recursos vinculados a gratuidad universitaria, pagos a la Junaeb y proveedores del sistema de salud.
2. Compras sin licitación: US$3.170 millones en trato directo que pudieron ahorrarse
Entre 2022 y 2026 se identificaron más de US$3.170 millones en adquisiciones realizadas mediante trato directo o compra ágil en contextos donde existían condiciones para efectuar licitaciones públicas u otros mecanismos competitivos.
Castillo fue directa: «Detectamos que se usó con normalidad y de forma recurrente la compra ágil o el trato directo, que son mecanismos pensados como excepcionales para la contratación pública.»
El costo para los chilenos es calculable. Si se aplica un análisis conservador considerando la media del estudio, se hubieran podido generar ahorros de US$760 millones de haberse usado vías competitivas y planificadas. Setecientos sesenta millones de dólares que podrían haber financiado hospitales, escuelas o pensiones.
3. Licencias médicas sin cobrar: US$150 millones que el Estado nunca recuperó
El Estado paga a sus funcionarios el 100% de los días con licencia médica, a diferencia del sector privado, debiendo luego recuperar parte de ese gasto a través del subsidio por incapacidad laboral. El problema es que hay US$150 millones que el gobierno anterior simplemente no cobró.
4. Posibles delitos penales: cuatro organismos bajo investigación
A raíz de los hallazgos, el Ejecutivo instruyó la apertura de investigaciones en cuatro organismos públicos: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
La subsecretaria Castillo no fue eufemística al describir la gravedad de algunos hallazgos. La revisión permitió detectar errores, inconsistencias, debilidades estructurales de control, mala gestión e ineficiencias en distintas instituciones públicas, advirtiendo que algunos antecedentes podrían eventualmente derivar en irregularidades administrativas o hechos de relevancia penal.
Hechos de relevancia penal. En el lenguaje de los abogados, eso significa que lo que encontraron podría terminar en los tribunales.
Para entender la magnitud: US$9.200 millones en perspectiva
El número es tan grande que cuesta dimensionarlo. Para tener una referencia concreta: US$9.200 millones equivalen a aproximadamente tres veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud. Es más del doble de lo que Chile gasta en un año en el sistema de pensiones solidarias. Es casi el equivalente al costo total de construir el Metro de Santiago desde cero.
Y todo eso está hoy en forma de alertas fiscales, deudas impagas, compras irregulares y subsidios sin cobrar, repartidos entre 500 organismos del Estado chileno.
El gobierno que recibió la herencia: «Lo que encontramos superó lo esperado»
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal fue constituido el 20 de marzo, apenas nueve días después de que el gobierno de Kast asumiera. No fue casualidad. Desde el primer día, La Moneda sospechó que las cifras oficiales no reflejaban la realidad de las arcas públicas.
La subsecretaria Castillo precisó que la situación afecta directamente a los ciudadanos. No es un número distante, sino que impacta a proveedores, beneficiarios de programas sociales y al funcionamiento cotidiano del Estado.
El diagnóstico del gobierno es claro: Chile recibió un Estado con las cuentas más desordenadas en décadas. La pregunta que ahora se instala en el debate público es si ese desorden fue el resultado de una gestión deficiente o de algo deliberado.
La oposición responde: «Es una persecución política»
Desde el mundo de la izquierda, los primeros en reaccionar calificaron la auditoría como una «persecución política» y un «voladero de luces» destinado a desviar la atención de los problemas del gobierno actual. El exministro Grau salió a defender las cuentas de su administración, argumentando que las cifras tienen explicaciones técnicas.
El gobierno respondió con los números sobre la mesa: 913 millones de registros analizados, cuatro investigaciones abiertas y US$9.200 millones en alertas. Si eso es un voladero de luces, es el más caro de la historia de Chile.
Lo que viene: más investigaciones y posibles querellas
El informe presentado el lunes es preliminar. El Comité de Auditoría continúa trabajando y se esperan nuevos hallazgos en las próximas semanas. Los antecedentes recopilados formarán parte de nuevas medidas de control y revisión del gasto público impulsadas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
En paralelo, los casos que presentan antecedentes de posible relevancia penal serán derivados al Ministerio Público. Las investigaciones en Junaeb, el Ministerio de la Mujer, Transportes y la ANID son solo el comienzo.
El gobierno de Kast heredó un Estado con las cuentas desalineadas, deudas ocultas, compras sin licitación y subsidios sin cobrar. Ahora tiene la evidencia documentada. Lo que haga con ella definirá si esta semana fue solo el inicio del mayor escándalo de gestión pública en la historia reciente de Chile.
