Un contrato diseñado para fallar. Precios que nadie cuestionó. Casi la mitad de las raciones que nunca llegaron a los niños. Y un gobierno anterior que, cuando le avisaron, salió a desmentir a quien hacía la denuncia. Esto es lo que encontró la auditoría del gobierno de Kast en la Junaeb.
Hay algo que hace que este escándalo golpee diferente a todos los demás destapados por la auditoría del gobierno de Kast. No son empresas. No son proyecciones de deuda. No son compras sin licitación entre adultos que conocen las reglas del juego. Son niños. Los más pobres de O’Higgins. Los que iban al colegio sabiendo que al menos tendrían su once garantizada. Y la once no llegó. La plata, sí.
Las «onces fantasma»: el fraude que nadie quiere ver
Una investigación interna de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) destapó un presunto fraude por más de $14 mil millones en la entrega de onces escolares destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins.
El año 2019 Junaeb licitó un contrato para la entrega de onces escolares en establecimientos educacionales de O’Higgins. El contrato se adjudicó. Los pagos comenzaron. Y las raciones, en una proporción escandalosa, simplemente nunca aparecieron.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la auditoría interna, en 2019 se proyectaron 1.017.404 raciones de once para distintos niveles educativos, pero solo se habrían entregado 579.329, lo que equivale a un déficit cercano al 43%.
Cuatro de cada diez onces escolares programadas no existieron. Eran fantasmas. Pero el dinero que debía pagarlas era muy real.
El sobreprecio que desafía cualquier lógica: $8.000 por una taza de leche con sándwich
La cantidad de raciones no entregadas es escandalosa. Pero cuando se conoce el precio al que se pagaron, el escándalo se convierte en indignación.
Según Junaeb, el valor pagado por cada once fue aumentando con los años hasta superar los $8.000 por ración en 2023, cifra que está muy por sobre los montos habituales que maneja el organismo para este tipo de servicios.
El director nacional de Junaeb Fernando Peña fue categórico al dimensionar la anomalía: «En el último pago del año 2023 un valor por once fue de más de $8.000 pesos. Esto está fuera de absolutamente todo rango de precio que pague Junaeb hoy día.»
Para entender la magnitud del sobreprecio: hoy Junaeb entrega onces similares a menos de $1.100 por ración. En este contrato se pagó más de siete veces ese valor. Y no por un servicio extraordinario. Por una taza de leche con sándwich que en muchos casos ni siquiera llegó al niño que la esperaba.
El contrato diseñado para fallar: sin bandas de precio y con pagos garantizados
La pregunta que todo chileno se hace es inevitable, ¿cómo es posible que esto ocurriera durante años sin que nadie lo detuviera? La respuesta está en el diseño del contrato, y es tan reveladora como la irregularidad misma.
El director Peña fue explícito al describir el mecanismo que permitió el fraude: «Hay un diseño defectuoso de las bases de licitación, toda vez que se eliminan las bandas de precio, lo que permite que la empresa presente una oferta excesivamente alta por el servicio de onces.»
Las «bandas de precio» son el mecanismo básico que en cualquier licitación pública establece un techo y un piso para las ofertas, impidiendo que un proveedor cobre lo que quiera. Sin ese límite, la empresa adjudicataria podía cobrar $8.000 por una once sin que ningún sistema de alerta se activara automáticamente.
La auditoría del gobierno detectó además mecanismos contractuales que permitían pagos garantizados independientemente de las raciones efectivamente entregadas, sobreprecios sistemáticos y conflictos de interés en el proceso de adjudicación.
No fue un error. Fue un diseño. Y ese diseño benefició durante años a la misma empresa.
Las alertas que el gobierno de Boric recibió y no siguió
Lo que hace este escándalo especialmente grave no es solo lo que ocurrió. Es lo que el gobierno anterior sabía, y lo que decidió hacer con esa información.
El caso no es nuevo. En julio de 2023, en plena sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo aseguró ante el Congreso que en 2022 la institución había pagado $3.500 millones por apenas 30 colaciones en la región de O’Higgins a la empresa Soser.
La reacción del gobierno de Boric fue rápida. Y fue en la dirección equivocada.
Tras ello, la propia Junaeb salió a desmentir las acusaciones públicamente. La empresa anunció acciones legales en contra de quien los pusiera en la palestra. Además, Soser se autodenunció ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, cuya causa fue sobreseída definitivamente en mayo de 2024.
El denunciante fue silenciado. La empresa se defendió con acciones legales. La causa fue sobreseída. El contrato siguió vigente. Y los pagos continuaron.
Contraloría sí instruyó un sumario administrativo tras constatar las irregularidades y derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, acreditando el pago de $3.554 millones por apenas 284 raciones a la empresa Soser S.A., estableciendo además que Junaeb deberá pedir la devolución de $6.134 millones pagados en exceso a 27 empresas durante la pandemia.
Las alertas existían. Los informes existían. El Consejo de Defensa del Estado tenía los antecedentes. Pero el fraude continuó acumulándose hasta superar los $14 mil millones.
La exdirectora de Boric sale a defenderse: «Todo estaba subsanado»
Ante la magnitud del escándalo, la exdirectora de Junaeb durante el gobierno de Boric, Camila Rubio, salió a defenderse públicamente. Su argumento es preciso en lo formal, pero insuficiente frente a los números.
Rubio defendió su gestión y aseguró que durante su administración se corrigieron observaciones realizadas por Contraloría, entre ellas la eliminación de bandas de precios. Indicó que existe un informe de 2025 que señala que no existieron irregularidades, y que en abril de 2026 el informe de seguimiento de Contraloría señaló que las observaciones del informe fueron totalmente subsanadas.
El problema con esa defensa es que las «subsanaciones» llegaron tarde y no recuperaron lo que ya se había perdido. El contrato defectuoso operó durante años. Los pagos sin ración real se realizaron durante años. Los $14 mil millones ya estaban fuera del Estado cuando se empezaron a «subsanar» las observaciones. Y el gobierno anterior, en lugar de profundizar la investigación cuando el exdirector hizo la denuncia en 2023, salió a desmentirlo públicamente.
La respuesta del gobierno de Kast: Fiscalía, Contraloría y Consejo de Defensa del Estado
A diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno anterior, la reacción del gobierno de Kast fue en la dirección opuesta: investigar, transparentar y denunciar.
Junaeb será la primera institución que el gobierno denunciará formalmente en la Fiscalía tras la auditoría total. El caso ya está bajo revisión simultánea de la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, investigándose posibles responsabilidades administrativas y penales.
La subsecretaria Constanza Castillo fue directa al anunciar las consecuencias: «Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público.»
En lenguaje simple: si los antecedentes confirman lo que la auditoría interna ya detectó, habrá querellas penales. Y los responsables enfrentarán la justicia.
Lo que este caso le dice a Chile
El escándalo de las «onces fantasma» de Junaeb no es solo una noticia de corrupción administrativa. Es un símbolo de lo que ocurre cuando el Estado pierde el control de sus propios recursos y cuando quienes deben fiscalizar deciden no ver.
Un contrato diseñado sin las protecciones básicas que cualquier auditor exigiría. Un proveedor cobrando siete veces el valor de mercado. Casi la mitad de las raciones que nunca llegaron a los niños que más las necesitaban. Alertas que existían desde 2023. Un denunciante silenciado con acciones legales. Y un gobierno que recibió los informes, dijo que todo estaba subsanado y siguió pagando.
Ahora hay un nuevo gobierno. Y por primera vez en años, alguien está leyendo los informes completos, haciendo las preguntas incómodas y derivando los antecedentes a quienes deben procesarlos.
Para los niños de O’Higgins que se quedaron sin su once, ya es tarde. Pero para los chilenos que financian con sus impuestos el Estado, todavía es tiempo de exigir responsabilidades.
