Hay una historia económica que Chile necesita contarse a sí mismo con honestidad. No es una historia de buenos y malos — porque las decisiones que llevaron al país a su situación actual fueron tomadas por distintos gobiernos a lo largo de más de una década. Es una historia de consecuencias: de cómo un conjunto de políticas económicas bien intencionadas terminó por erosionar la capacidad de Chile de crecer, crear empleo y reducir la pobreza.
La Ley de Reconstrucción Nacional que el gobierno de Kast acaba de hacer aprobar en el Congreso es, en su esencia, el intento más serio en años de revertir esa tendencia. Los datos técnicos disponibles señalan que el camino es el correcto.
El punto de partida: lo que Chile fue
En 1990, el PIB per cápita de Chile equivalía al 41% del de Portugal. En 2004 ya era un 57% y en 2013 esa brecha se había cerrado más de 40 puntos, llegando a un 80% del PIB per cápita del país europeo. Esos 23 años de convergencia acelerada con el mundo desarrollado no ocurrieron por accidente. Ocurrieron porque Chile tenía un conjunto de reglas claras para los inversores: impuesto corporativo estable entre 15% y 20%, un sistema de invariabilidad tributaria a través del Decreto Ley 600 que daba certeza a las inversiones de largo plazo, y un entorno regulatorio predecible. La inversión llegó, las empresas se formaron, los empleos aparecieron y los sueldos subieron.
El quiebre: cuando el impuesto subió 12 puntos en una década
El primer gran punto de inflexión llegó con la reforma tributaria de 2014. Con el argumento de financiar una reforma educacional, el gobierno de Bachelet II elevó el impuesto de primera categoría de manera gradual hasta llevarlo al 27% en 2017. Simultáneamente, eliminó el DL 600 — el mecanismo de invariabilidad tributaria que durante décadas había sido la señal más potente que Chile podía dar a los inversores de largo plazo.
La discusión sobre los efectos de un alza al impuesto corporativo sobre la inversión es amplia, pero en general hay consenso en que, si la legislación no ofrece los descuentos o incentivos suficientemente grandes como para compensar totalmente la caída en la rentabilidad esperada, la inversión caerá. Cerda y Llodrá (2014), utilizando datos de empresas chilenas entre 1983 y 2006, encuentran que por cada punto porcentual de aumento en el impuesto corporativo, la relación capital-producto disminuye entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, realizándose en el primer año entre el 28% y el 54% del ajuste necesario en la inversión.
Chile subió el impuesto corporativo 12 puntos porcentuales entre 2013 y 2017. Aplicando el rango conservador del estudio citado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, eso debería haber generado una caída en la relación capital-producto de entre 2,4 y 7,2 puntos porcentuales. Las cifras de inversión de los años siguientes son consistentes con ese pronóstico.
A eso se sumó la eliminación de la invariabilidad. Las inversiones mineras, energéticas y de infraestructura — que requieren horizontes de 20, 30 o 40 años para recuperar su capital — necesitan saber que las reglas del juego no van a cambiar drásticamente. Sin esa certeza, el capital global tiene decenas de otros destinos disponibles. Y elige los que ofrecen mayor predictibilidad.
La responsabilidad es transversal
Es importante ser honesto sobre algo: la responsabilidad por la situación actual no es de un solo gobierno ni de una sola orientación política. El gobierno de Sebastián Piñera —en su segundo mandato— tampoco revirtió el alza al 27%, aunque sí intentó alivios parciales para las pymes. Durante los años de Piñera II y Boric, el impuesto corporativo se mantuvo en el rango más alto de la historia económica moderna de Chile. Y en ese período, la economía fue perdiendo tracción.
Claramente, no estamos ante un simple ciclo negativo, que implicaría algunos años de crecimiento bajo tendencia sin alterarla significativamente, sino más bien ante un cambio estructural, en el que la capacidad de crecimiento de la economía se ha deteriorado de manera importante. Así lo diagnosticó el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su análisis de las metas del ministro Quiroz publicado en marzo de 2026.
Las cifras confirman ese deterioro estructural: el IPoM de junio del Banco Central recortó el crecimiento de Chile para 2026 a un rango de 1,0%-1,75%, advirtiendo deterioro en empleo, consumo privado e inversión. En paralelo, la tasa de desempleo ha aumentado en un contexto de débil creación de puestos de trabajo y de recomposición desde empleo formal hacia empleo informal.
Los números de la solución: qué proyectan las instituciones más serias
La pregunta crucial es: ¿bajar el impuesto al 23% y restablecer la invariabilidad realmente cambiará esta trayectoria? Las instituciones técnicas más respetadas del país y del mundo responden con datos.
El CEP Chile calculó que una reducción de la tasa desde 27% a 23% podría elevar el nivel del PIB en torno a 2,6% en un horizonte de diez años, lo que se puede aproximar de forma gruesa a un crecimiento anual de 0,26 puntos porcentuales en ese período. En un país que hoy crece al 1,4%, agregar 0,26 puntos anuales de manera sostenida es una diferencia que en diez años equivale a miles de millones de dólares en PIB adicional, empleos creados y recaudación fiscal generada.
Hacienda y la Dirección de Presupuestos van más lejos: con la megarreforma se estima que el PIB se expanda 3,7% en 2027, impulsado por una mayor inversión, acumulación de capital y productividad. Ese mayor dinamismo elevaría el crecimiento potencial de la economía durante los próximos años, manteniendo tasas de crecimiento cercanas al 3,5%.
Bank of America, desde Wall Street, proyecta que la economía chilena crecerá 3,0% en 2027 gracias a la aprobación de la megarreforma, señalando que «los datos ya muestran que los planes de inversión y los permisos se han acelerado durante esta administración». El banco también atribuye explícitamente los problemas laborales actuales a las reformas del gobierno anterior.
El círculo virtuoso del crecimiento y el empleo
El argumento técnico central de la megarreforma no es ideológico — es causal. Más inversión genera más actividad productiva. Más actividad productiva genera más puestos de trabajo formales. Más empleo formal genera más cotizantes en el sistema previsional, más recaudación en el impuesto a la renta personal, más consumo y mayor actividad económica general. Y más actividad económica genera más recursos para el Estado que, bien administrados, pueden destinarse a salud, educación e infraestructura.
La informalidad laboral — que hoy crece en Chile porque los empleos formales escasean — es exactamente el fenómeno contrario. Un trabajador informal no cotiza en pensiones, no tiene seguro de cesantía, no puede acceder a crédito formal y no contribuye plenamente a la recaudación fiscal. La mejor política social para reducir la informalidad no es regular más el mercado laboral — es crecer más para que el empleo formal sea la opción natural para las empresas que contratan.
El objetivo declarado de la rebaja al 23% es impulsar la inversión privada y dinamizar sectores intensivos en empleo, como la construcción. Eso es exactamente lo que Chile necesita para revertir los 41 meses consecutivos de desempleo sobre el 8% que el economista David Bravo describió como «emergencia laboral» — la más grave en décadas.
El camino es largo — pero es el correcto
Nadie está prometiendo que bajar el impuesto al 23% solucionará el problema en un año. El CEP habla de un horizonte de diez años para ver el efecto completo sobre el PIB. Los efectos de la invariabilidad sobre la inversión de largo plazo se acumulan gradualmente. Y los 41 meses de desempleo elevado tienen raíces en problemas estructurales del mercado laboral que también requieren otras reformas — como la flexibilización de las 40 horas que el gobierno acaba de ingresar al Congreso, o la Sala Cuna Universal que agrega mujeres al mercado.
Pero el diagnóstico es claro, está respaldado por instituciones técnicas de primera línea y no distingue entre izquierda y derecha: Chile dejó de crecer a las tasas que necesita cuando encareció la inversión y eliminó la certeza tributaria. Volver a crecer requiere hacer exactamente lo contrario. La Ley de Reconstrucción Nacional, aprobada esta semana, es el primer paso concreto en esa dirección.
