La Fiscalía puede hoy, en este mismo momento, pedir el levantamiento del secreto bancario ante un juez. Y los jueces lo aprueban. El ministro Arrau lo dijo sin filtros en el Senado. Lo que la oposición quiere no es combatir el crimen organizado con más eficacia. Es darle a un organismo administrativo el poder de revisar las cuentas bancarias de cualquier chileno sin pasar por un tribunal. Eso no es perseguir el dinero sucio. Es crear una herramienta de vigilancia sin control.
El debate sobre el secreto bancario explotó esta semana en el Senado con una precisión casi calculada. La Operación Tokio —el mayor golpe al brazo financiero del Tren de Aragua en la historia de Chile, con 19 detenidos y más de $78 mil millones en flujos ilícitos detectados— le dio a la oposición el argumento perfecto para presionar por una medida que lleva años intentando aprobar: el levantamiento administrativo del secreto bancario sin autorización judicial previa.
El argumento suena razonable en abstracto. Para combatir el crimen organizado hay que seguir el dinero. Y el dinero está en los bancos. Por lo tanto, el Estado necesita poder ver las cuentas bancarias de los sospechosos.
El tema es que ese argumento omite algo fundamental: el Estado ya puede hacerlo. Con autorización judicial. Y esa autorización, cuando se pide, casi siempre se concede.
Lo que ya existe: el secreto bancario con control judicial
Antes de entrar al debate de fondo, hay un hecho que la oposición sistemáticamente omite en su discurso.
El ministro de Seguridad Martín Arrau destacó que «cuando se solicita el alzamiento del secreto bancario, por lo general se aprueba y la Fiscalía tiene acceso a las cuentas de las personas que están siendo investigadas.»
El mecanismo existe. Funciona. La Fiscalía lo usa. Los jueces lo aprueban. La Operación Tokio es la prueba más contundente de que el sistema actual puede desmantelar redes de lavado de activos sofisticadas que operan dentro del sistema financiero formal.
Entonces, ¿por qué la oposición quiere cambiar algo que funciona? La respuesta está en el detalle que hace toda la diferencia: quieren eliminar la autorización judicial del proceso.
Lo que propone la oposición: la UAF sin control jurisdiccional
El proyecto que la oposición intentó aprobar esta semana en el Senado no es simplemente «levantar el secreto bancario.» Es algo más específico y más peligroso.
El Senado rechazó la disposición que permitía el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial cuando se investigue a asociaciones criminales y organizaciones delictuales. La norma que se debatía establecía que la Unidad de Análisis Financiero podría requerir información a los bancos sin autorización judicial.
La UAF es un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda. No es un tribunal. No tiene las garantías de imparcialidad que establece la Constitución para el control de los actos que afectan los derechos fundamentales de las personas. No está sometida al mismo escrutinio que el Poder Judicial.
El ministro Quiroz fue explícito sobre la postura del gobierno: «Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no de una decisión administrativa.»
La diferencia entre ambas posiciones no es técnica. Es constitucional. Cuando un juez autoriza el levantamiento del secreto bancario, existe un control externo, imparcial y sometido a recursos. Cuando lo hace un organismo administrativo, ese control desaparece.
El debido proceso: por qué importa y por qué la izquierda quiere saltárselo
El debido proceso no es un tecnicismo jurídico. Es la garantía más básica que cualquier Estado de derecho le ofrece a sus ciudadanos. Antes de que el Estado pueda intervenir en tu vida privada, alguien imparcial tiene que evaluar si esa intervención está justificada.
En el caso de las cuentas bancarias, esa garantía se materializa en la autorización judicial. Un fiscal investiga, reúne antecedentes, le presenta esos antecedentes a un juez, y el juez evalúa si hay mérito suficiente para levantar el secreto. Si lo hay, lo levanta. Si no, no.
Lo que propone la izquierda es eliminar al juez de esa ecuación. Que sea la UAF, dependiente del Ejecutivo, quien decida unilateralmente cuándo y a quién revisar las cuentas. Sin control jurisdiccional. Sin recurso inmediato para el afectado. Sin la imparcialidad que solo puede garantizar un tribunal.
El alzamiento del secreto bancario fue tema de debate durante la administración anterior. Mientras el entonces oficialismo de Boric abogaba por la aplicación de esta medida, sin que organismos como la UAF requiriese una orden judicial ante la sospecha de delitos económicos, la oposición defendía que este proceso podía activarse mediante la vía judicial y alertaba sobre eventuales riesgos a la privacidad de las personas.
El riesgo real: una herramienta de persecución política
La pregunta que nadie de la oposición quiere responder es simple: ¿qué pasa cuando el poder de revisar cuentas bancarias sin orden judicial queda en manos de un gobierno que lo usa mal?
No es una hipótesis abstracta. América Latina tiene decenas de ejemplos de países donde los organismos de inteligencia financiera han sido usados como herramientas de persecución política. Venezuela tiene una Unidad de Inteligencia Financiera que se usa para acosar opositores. Argentina ha visto cómo organismos similares se convierten en brazos políticos del gobierno de turno.
En Chile, la UAF ya tiene acceso a información financiera sensible. Ampliar sus facultades para que pueda revisar cuentas bancarias sin control judicial no solo expande su poder. Crea un mecanismo que puede usarse contra cualquier chileno que el gobierno de turno quiera investigar, sin necesidad de probar nada ante un juez.
Una vez que se establece el principio de que un organismo administrativo puede revisar cuentas bancarias sin autorización judicial «en casos específicos», la puerta queda abierta para expandir esas excepciones. La historia del derecho comparado lo demuestra una y otra vez.
El resultado del Senado: el gobierno frenó el avance sin control
El miércoles 3 de junio, el Senado votó la norma que habilitaba a la UAF a levantar el secreto bancario sin autorización judicial.
La Sala registró dos votaciones consecutivas de 23 votos a favor y 23 en contra, dejando pendiente la norma clave del proyecto. Por reglamento, el doble empate deja el asunto suspendido hasta la primera hora de la sesión ordinaria siguiente.
El Senado rechazó el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial y envió la propuesta a comisión mixta. El oficialismo y el Gobierno se oponían a esta idea, impulsada por la oposición.
El gobierno frenó la norma más peligrosa. Pero el debate no terminó ahí. La oposición ya anunció que volverá a votarla la próxima semana, presionando con el caso del Tren de Aragua como argumento.
La propuesta del gobierno: el mismo objetivo, con garantías reales
Ante la presión, el gobierno de Kast no se cruzó de brazos. Preparó su propia propuesta.
El ministro Quiroz anunció que su cartera inició la elaboración de una propuesta en materia de secreto bancario, enfatizando que «nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre dependa del Poder Judicial y no de una decisión administrativa.»
La diferencia entre ambas propuestas es la que define la calidad del Estado de derecho. El gobierno quiere los mismos resultados —seguir el dinero del crimen organizado— pero con las garantías constitucionales intactas. La oposición quiere los resultados sin las garantías.
Arrau lo explicó con precisión en el Senado: «Siempre se ha dicho que para seguir estos delitos hay que seguir el dinero, hoy día es seguir los datos, porque también ha entrado fuertemente el uso de criptomonedas, ya no todo es el secreto bancario. Se mueven de manera muy ágil, saltan de un país a otro de manera muy dinámica, por lo tanto, yo les diría que ya estamos llegando tarde y por lo tanto tenemos que avanzar en algunos proyectos de ley que hay, y estamos estructurando nuevas iniciativas.»
El ministro reconoce la urgencia. Pero la urgencia no justifica saltarse la Constitución. Hay una forma de combatir el crimen organizado que respeta los derechos de todos los chilenos. Y hay una forma que crea herramientas que pueden usarse para perseguir a cualquiera.
