El domingo 12 de julio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, viajó a Chillán Viejo con un objetivo concreto: destrabar el proyecto habitacional «San Bartolomé II», detenido desde hace más de tres años por hallazgos arqueológicos en el terreno destinado a su construcción. Lo que el ministro encontró — y lo que anunció — describe con precisión el tipo de burocracia que el gobierno de Kast se propuso desmantelar desde el primer día.
Tres años, siete postergaciones, 234 familias esperando
El proyecto San Bartolomé II fue adjudicado a 234 familias de Chillán Viejo cuyos subsidios habitacionales fueron otorgados en noviembre de 2022. Desde entonces, el inicio de las obras fue postergado en siete oportunidades. La razón fue siempre la misma: hallazgos arqueológicos en el terreno que el Consejo de Monumentos Nacionales exigía rescatar y documentar antes de autorizar cualquier construcción.
El resultado práctico para esas 234 familias fue devastador en términos económicos y emocionales: tres años y medio pagando arriendo por una vivienda que debería estar lista, viendo cómo el costo de los materiales de construcción subía mes a mes y el valor de sus subsidios quedaba desactualizado respecto a la realidad del mercado. El proyecto contempla 84 casas y 150 departamentos. Ninguno se ha comenzado a construir.
El diagnóstico de Poduje
Poduje no llegó a Chillán Viejo a suavizar el diagnóstico. Sus palabras en el encuentro con las familias fueron directas y con una autocrítica institucional que pocas veces se escucha desde un ministro: «Como Estado fallamos cuando le damos más importancia a rocas o cerámicas. No puede ser que procesos administrativos terminen retrasando durante años proyectos que responden a una necesidad tan urgente como la vivienda. Esto no puede seguir pasando y nosotros lo vamos a cambiar».
La frase apunta directamente al Consejo de Monumentos Nacionales, el organismo cuya intervención obligatoria ante cualquier hallazgo arqueológico en obras de construcción —sin plazos acotados ni obligación de priorizar los derechos de los afectados— se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del sistema habitacional chileno. No es la primera vez que Poduje apunta al CMN: en junio planteó públicamente la necesidad de reformar su funcionamiento, citando también los casos del Parque Barón de Valparaíso y el fallido Centro Interdisciplinario de Neurociencia, que estuvo más de una década en tramitación antes de ser descartado.
La solución: asignación directa de $300 millones
El anuncio del ministro fue concreto: el Minvu aprobará una asignación directa de recursos para financiar las medidas que el Consejo de Monumentos exige como condición para autorizar la construcción. El acuerdo con la empresa constructora para el rescate arqueológico ronda los $300 millones. Junto con eso, el ministerio actualizará el presupuesto original del proyecto para compensar el alza de costos acumulada en tres años de espera.
«Este proyecto se ha atrasado más de tres años y eso nos implicó el aumento en los costos de los materiales. Las familias se vieron perjudicadas pagando arriendos cuando la solución ya debería haber estado. Por eso tomamos la decisión de aprobar una asignación directa de recursos», detalló Poduje.
Con ese financiamiento asegurado, la construcción del conjunto habitacional podrá iniciarse durante agosto de 2026. Las 84 casas y los 150 departamentos comenzarán a levantarse en Chillán Viejo después de tres años y medio de espera.
El delegado presidencial y la señal política del gobierno de Kast
El delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, fue el encargado de enmarcar el destrabe en el mandato que el gobierno recibió del Presidente Kast: «Desde que asumimos nos comprometimos a destrabarlo. Hemos ordenado las coordinaciones, revisado sus implicancias técnicas y presupuestarias y establecido una ruta concreta para que estas 234 familias puedan avanzar. Como nos ha mandatado el Presidente José Antonio Kast, estamos aquí para resolver problemas, ordenar la gestión y poner a las personas en el centro de las decisiones».
El trabajo técnico previo fue encabezado por la seremi de Vivienda de Ñuble, Carolina Navarrete Rubio, y la directora subrogante del Serviu, Aracelly Godoy, quienes coordinaron la negociación entre la entidad patrocinante, la empresa constructora y el comité habitacional para resolver las observaciones jurídicas, presupuestarias y arqueológicas que mantenían paralizado el proyecto. Los procesos administrativos finales serán ahora conducidos directamente por la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del Minvu.
El patrón que Poduje está desarmando
El caso del San Bartolomé II no es una anécdota regional. Es la expresión local de un problema sistémico que el gobierno de Kast identificó desde el inicio como uno de los principales frenos a la política habitacional del país: la burocracia patrimonial que, en nombre de la protección del patrimonio arqueológico, paraliza proyectos de vivienda sin plazos claros ni mecanismos de compensación para las familias afectadas.
En los primeros meses de gestión, Poduje reasignó $118.000 millones en proyectos habitacionales que estaban mal ejecutados. En El Olivar detuvo y comenzó a demoler 170 viviendas con fallas estructurales graves que el gobierno anterior había dado por buenas. Y ahora en Chillán Viejo desbloquea con recursos directos lo que la burocracia arqueológica había paralizado durante siete postergaciones consecutivas. El mensaje es consistente: el gobierno de Kast pone a las personas en el centro, y cuando el Estado falló antes de que él llegara, lo dice con esa misma claridad.
